Entrevistas Hay que renegociar el contrato Camisea, pero no por las razones equivocadas, dice Jaime Quijandría.
Quijandría Corta el Jamón
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Quijandría en Las Malvinas, agosto del 2004. El día que se abrieron las válvulas del gasoducto. |
Jaime Quijandría era ministro de Energía y Minas cuando el consorcio Camisea abrió las válvulas del gasoducto de la selva a la costa, en agosto del 2004. Desde entonces la tensión entre el abastecimiento del mercado interno y el proyecto de exportación ha ido en aumento. Ahora, el presidente Alan García en su discurso del 28 de julio, exigió se investigue por qué se modificó el contrato Camisea durante el gobierno de Alejandro Toledo, que abrió la cancha a la exportación. Mientras tanto, el actual ministro de Energía Pedro Sánchez, habla de renegociar el contrato. Quijandría actualmente se desempeña como consultor de Laub & Quijandría, entre cuyos clientes figura el proyecto de petroquímica del Grupo Brescia en Pisco. El presidente Alan García en el Mensaje a la Nación del 28 de julio señaló que se investigue por qué “sacrificando y entregando el mercado nacional” se cambiaron las leyes durante el gobierno de Toledo. ¿Cuál es su opinión?
–La Ley de Promoción de la Industria de Gas Natural se modificó mediante la Ley 28176 del 29 de enero del 2004 aprobada por el Congreso, con 67 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones. Se trató de un acuerdo multipartidario, y entre quienes brindaron su apoyo está buena parte del actual gobierno: Del Castillo, Alva Castro, Valdivia, Rey Rey, Carrasco Távara, Flores Aráoz y otros.
–El gobierno quiere renegociar el contrato de Camisea. ¿Está de acuerdo?
–Hay una confusión. Carlos Herrera Descalzi y Aurelio Ochoa han repetido tantas veces lo mismo que ellos mismos se han enredado. La Ley de Hidrocarburos promulgada por Fujimori y que está plenamente vigente, establece que el concesionario tiene el derecho a exportar, siempre y cuando esté garantizado el abastecimiento del mercado interno. Por tanto, hablar de renegociar el contrato de Camisea no tiene sentido, salvo el político. El contrato de Camisea está subordinado a la ley: El gobierno es quien decidirá si se exporta.
–El consorcio Perú LNG ha invertido US$ 4, 000 millones.
–Los inversionistas saben que la exportación está condicionada al mercado interno. Esas son las reglas de juego; el dinero felizmente es de los privados. Pero no hay urgencia: la exportación está programada para el 2011. Por el momento, el tema del desabastecimiento se debe a que no hay facilidades de transporte, pero se está anchando el ducto e inyectando mayor compresión.
–¿Cómo se demuestra que el mercado interno está o no abastecido?
–Al inicio, se estableció un horizonte de 20 años permanente, lo que implicaba que para autorizar la exportación se debía tener 20 años además de los siguientes 20 garantizados, en total 40 años. En el 2005, ese decreto se modifica limitando el horizonte a solo 20 años, porque en el camino se espera encontrar más gas.
–¿Y si no hay más gas?
–Si el gobierno considera que no hay gas suficiente para atender el mercado doméstico, simplemente no autoriza la exportación. La ley está de su lado.
–Entonces, ¿no hay nada que negociar?
–Sí, el precio Henry Hub del gas ha caído. Cuando se firmó el contrato de Camisea estaba en alrededor de US$ 6 el millón de BTU, ahora está en 3,5 el MBTU. El precio del crudo y el del LNG (gas licuado) se ha desacoplado: uno esta subiendo y el otro no. Hay abundancia en el mundo de LNG. Eso sí vale la pena sentarse y negociar, decirle al consorcio: “yo no voy a permitir que vendas el gas licuado a un precio inferior al del mercado doméstico”. De aquí al 2011, el Estado debe obtener del Lote 56 una regalía igual o mayor que el Lote 88 destinado al mercado interno. En caso contrario, esa es una segunda razón por la que el Estado podría no autorizar la exportación.
¿Y el préstamo de gas del lote 88 al 56?
–Era una exigencia de los bancos al proyecto de Perú LNG. “Necesitas 4 trillones de BTU, y tienes solo 2 trillones; ¿cómo te voy a financiar?”. Pero el gobierno pudo cambiar ese DL, más todavía si el proyecto ya está financiado, al día siguiente.
–¿Y la estabilidad jurídica?
–El compromiso es no cambiar el contrato, pero la legislación específica no es una cosa contractual. Lo que hay que negociar son los cálculos, la rentabilidad y la normatividad vigente.
–Camisea asegura que a fin de mes reanudará la venta de gas.
–Metieron la pata, ellos mismos se armaron un bolondrón en la puerta de la casa: ¡Qué mejor prueba de que no hay gas!
–El consorcio alega que las prioridades de abastecimiento de gas son defectuosas: la petroquímica por ejemplo está en la cola.
–No entiendo por qué el ex ministro de Energía, Juan Valdivia, otorgó a Pluspetrol la subasta de gas, cuando se trata de funciones del Estado. Hubo falta de pupila. ¿Quién es el señor Benito o quién sea en Pluspetrol para decidir a quién le da gas?
–¿También se afirma que Camisea cerró el caño a nivel doméstico para preservar gas para exportar a falta de reservas?
–Es una tontería, el privado aguanta la venta a la espera que mejore el precio. El Banco Mundial le ha dicho al gobierno diez veces que el precio de boca de pozo para las eléctricas a US$ 1,50 es demasiado bajo, un desincentivo, que debería estar el US$ 3,50 o US$ 4 el millón de BTU. (Marco Zileri)