Actualidad A Javier Velásquez no le ha tocado ser bombero, pero necesitará herramienta pesada para destrabar la inversión pública.

Premier Plomero

Velásquez Quesquén en Huánuco verificó el avance de obras de saneamiento y buscó sortear los enormes baches de la administración pública.

Javier Velásquez Quesquén no es, como sus predecesores, un primer ministro bombero. Hasta ahora se ha salvado de la andanada de conflictos sociales que jaquearon a Jorge del Castillo y que, eventualmente, le mostraron la puerta de salida a Yehude Simon.

El signo del chiclayano en su paso por la Presidencia del Consejo de Ministros no es el extinguidor, sino la llave inglesa. Velásquez busca ser el premier plomero para destrabar la inversión pública cuando, como nunca antes, hay plata en las cuentas.

A decir verdad, sus viajes por el interior y las gestiones que ya realiza en la sala de juntas al lado de su despacho en Miraflores son mucho más divertidos que el discurso que pronunció el pasado lunes 10 para obtener el voto de confianza en el Congreso.

CARETAS estuvo en Huánuco el viernes 7 y se sopló toda su reunión con el presidente regional, Jorge Espinoza, y las autoridades distritales. La palabrería limeña sobre la incapacidad del Estado para gastar se estrella con una cola de más de cuarenta alcaldes que esperan su turno para explicar, uno por uno, por qué no pueden sacar adelante sus proyectos de inversión.

Las barras, cuadros estadísticos y gráficas de los comentaristas colisionan con el embalse de necesidades del Perú.

Velásquez repite a cada rato que no le pidan plata, que él es provinciano y odiaría tomarles el pelo. Quiere saber por qué las autoridades no son capaces de ejecutar un poco más de la mitad de su presupuesto para inversiones. En otros casos como Puno, visitado también recientemente por el primer ministro, solo el 25% del presupuesto de inversiones había sido ejecutado a mitad de año.

El salto del perfil al expediente técnico parece ser el escollo más frecuente.

Los estudios de preinversión incluyen el perfil, la prefactibilidad y, finalmente, la factibilidad. Luego el Sistema Nacional de Inversión Pública debe aprobar el expediente técnico, que no es más que los estudios definitivos del proyecto a realizar.

La mayoría del dinero disponible, como por ejemplo los S/.120 millones que le asignaron a la región por la emisión de los bonos soberanos, no puede destinarse a la elaboración de los famosos expedientes, que son considerados gasto corriente.

También ocurre que solo la instancia que figura como unidad ejecutora del proyecto puede aportar los fondos. En el caso del proyectado hospital de Ambo, por ejemplo, Espinoza le reiteró al alcalde que el gobierno regional estaba impedido por ley de facilitarle los recursos.

Otros obstáculos son aparentemente ridículos. Un gobierno regional no puede invertir en la jurisdicción de otros, en obras que beneficien a ambos. Es lo que sucede con Áncash, que rebosa en plata por efecto del canon y no puede planear proyectos conjuntos con Huánuco, pobre región vecina que no recibe el cheque millonario.

Velásquez prometió impulsar en el Congreso el proyecto de ley que permitirá revertir esa situación y que ya rebotó con anterioridad.

La categorización de las vías es otro dolor de cabeza. Saltó el caso de la carretera que va de Chaclla a Codo del Pozuzo, cuya categorización de “nacional” le impide mejorarla al gobierno regional. Algo similar sucede con pedazos de vías que no pueden ser reparadas por los gobiernos locales.

“Creo que el problema fundamental es el de las capacidades”, responde Velásquez de vuelta en Lima. “Al principio del gobierno pusimos el pie en el freno con la austeridad. Simultáneamente entregamos recursos y competencias a los gobiernos regionales y municipales. El mejoramiento de las capacidades debió ir de la mano. Ahora estamos salvando la coyuntura con el envío de técnicos”.

De hecho, los muchachos del MEF dirigidos por el ministro Luis Carranza y otros técnicos contratados recientemente por la PCM con un crédito del BID (CARETAS 2089) acompañaron a Velásquez y advirtieron a los alcaldes sobre los imposibles de algunos proyectos. En otros casos, al mejor estilo del colombiano Álvaro Uribe, el primer ministro telefoneó a otros ministros en el acto para averiguar sobre los retrasos de las obras que esperaban aprobación de sus sectores. Lo mismo hizo el siguiente martes 11, cuando recibió en la sede de la PCM a los alcaldes del VRAE, que trajeron similar lista de lavandería.

A su modo, las palabras de Velásquez reconocen que uno de los principales yerros del gobierno fue la tan cacareada austeridad. Alan García pretetendió contrarrestar la percepción de frivolidad que cundió durante la administración de Alejandro Toledo. Pero contra la real profundización del proceso de regionalización conspiró la rebaja de los sueldos en el sector público. Con un volteretazo en el reparto del presupuesto de inversiones, el Estado debió estimular a los profesionales no solamente para que ingresen al sector público sino, a mudarse a provincias. Los actuales obstáculos son también una cruda demostración del centralismo en el Perú.

Y el déficit de personal se expresa claramente en el salto del perfil al expediente técnico. Los gobiernos regionales y municipales demandan más dinero para los expedientes –es decir, para contratar al personal que los elabora– pero no pueden

“Si el expediente no está bien hecho te encuentras con problemas de presupuesto. La Contraloría solo autoriza un 10% de gastos adicionales a los aprobados, debidamente sustentado. Caso contrario la obra se queda parada dos años”.

Velásquez sacará de la manga dos propuestas que considera urgentes. Una es que los licitadores que se presenten a los concursos de municipios y regiones se comprometan a hacer tanto el estudio de ingeniería como la obra. Así, el que confecciona el expediente técnico será también el constructor. “Habrá quienes dicen que no pueden ser juez y parte. Pero si postulan cuatro o cinco es de esperar que presenten costos razonables”, reflexiona.

La segunda propuesta es evitar que las grandes obras sean por la modalidad de contrata y no por administración directa, que es lo que suele ocurrir. En el segundo caso, los presupuestos comprenden, además de mano de obra, los materiales y las herramientas. “Si es así, tienes que hacer un concurso por fierro y cemento y el municipio se vuelve un comité de adquisiciones. Es una fiesta. Si las obras son grandes, de S/.10 o S/.15 millones, tiene que ser por contrata para que la empresa licitadora se encargue también de esa parte”.

Del micro escenario al gran esquema: el Ejecutivo presentó al Congreso los proyectos de ley para renovar el Congreso por mitades y establecer la segunda vuelta en las elecciones regionales.

El primero parece condenado al fracaso (ver Mar de Fondo). El proyecto de ley carece de enfoque y le encarga a los órganos electorales encontrar la fórmula de la renovación. Las propuestas lanzadas al aire no guardan lógica. ¿Se definirá por sorteo el nombre de los que salen? ¿O los que obtuvieron las menores votaciones? Para el caso del Congreso, ninguna de las dos opciones suena coherente. Sobre todo si lo que se busca es mejorar el nivel del Parlamento y “castigar” a quienes no hacen un buen trabajo. Ese sistema es utilizado en otros países como Estados Unidos, pero para cambiar el balance de poderes a mitad del gobierno.

El segundo proyecto de ley, el de la segunda vuelta para las regionales si es que ningún candidato alcanza al menos el 33% de la votación, merece mayor discusión.

El último balance de gestión local y regional realizado por Idice registra que los presidentes con las peores cifras de popularidad son Hernán Fuentes de Puno (16%), Jaime Rodríguez de Moquegua (16%), César Álvarez de Áncash (19%) y Hugo Ordóñez de Tacna (14%). Al menos en el caso de Fuentes, Alvarez y Ordóñez, son los autodenominados representantes del antisistema que despotrican contra los políticos tradicionales pero también muestran los peores desempeños en ejecución de inversión.

Son también las mismas autoridades que en las elecciones del 2006 fueron elegidas con reducidos porcentajes. Fuentes ganó con 18,8%, Rodríguez alcanzó 26,9%, Álvarez 28,3% y Ordóñez 32,7%.

Muy distinto opina el director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, Fernando Tuesta Soldevilla, quien declaró la semana pasada: “no existe ninguna relación entre el alto porcentaje alcanzado por algún postulante y un posible buen gobierno, o que el bajo porcentaje obtenido por algún candidato signifique que vaya a gobernar mal”.

Consultado al respecto, Tuesta respondió que “Idice no es una encuestadora confiable. Es conocida como farsante, aprista y al gusto del cliente. Ahí se cocinan los números, pues en el Perú nadie tiene un presupuesto exorbitante para realizar este sondeo en los 25 departamentos solo para saber el grado de popularidad”. Añadió que, aun si se tuviera que tomar como referencia esas cifras, no probarían nada. “En la segunda vuelta del 2006, Alan García ganó por mayoría. Ahora su aprobación es baja”.

Pero en contra de sus argumentos no están solo las vapuleadas cifras. Países como Brasil, Francia, Argentina y México tienen diversos modelos de ballotage regional y local. Y la nueva cara de las regiones incluye presupuestos que no admiten remedos de caudillos.