Justicia Desde Arequipa, presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, dispara a discreción.

Cónclave en la Ciudad Blanca

El edificio de la Corte Superior de Arequipa tiembla a cada rato. No es una metáfora ni una exageración. La estructura vibra como si fuera de cartón. “Es porque llegó el presidente del Poder Judicial”, bromea Javier Villa Stein a punto de comenzar el segundo encuentro con los presidentes de las cortes superiores de todo el país.

Villa llegó a la telúrica Ciudad Blanca cuando los medios volvían a poner la institución que dirige en el candelero. La supuesta “liberación” de terroristas que ya cumplieron sus condenas fue aprovechada por Keiko Fujimori, que atribuyó el hecho a la “flexibilización” de las leyes antiterroristas.

“Está fatigada”, responde Villa Stein, “y creo que los problemas familiares la están afectando. Tenemos que ser tolerantes y comprensivos con esas reacciones”.

Una prueba ácida es la del nivel de reincidencia de los sentenciados por terrorismo. “Los datos que manejamos es que es mucho menor del que la gente cree. Lo que pasa es que si un ex sentenciado se reincorpora a sus filas terroristas definitivamente es escandaloso, pero ese escándalo es lo que nos hace creer que todos están en esa situación. Eso no es cierto. Es un número diminuto. Estadísticamente no significativo”.

El magistrado considera que “no podemos anclarnos en el pasado, erráticamente, de modo tieso. No podemos manejar un sistema penal pétreo porque va contra las normas históricas elementales. En una sociedad moderna, democrática y de derecho no podemos vivir con estigmas. Eso de terroristas liberados es un etiquetamiento del que nosotros tenemos que distanciarnos”.

También cuestiona otro lugar común: el de la gran mayoría de presos sin sentencia que atiborran las cárceles del país. Las cifras publicitadas en los últimos años dan por sentado que dos terceras partes se encuentran en esa condición. Villa Stein explica que en muchos casos los procesados tienen dos o tres juicios, pero ya fueron sentenciados al menos por uno. Según él, se estarían metiendo todos esos casos en el mismo saco.

“Podríamos decir que una cuarta parte está en esa situación, y que a final de año la cosa va a mejorar enormemente porque hemos hecho un plan de ataque sobre la materia. Vamos a llegar a final de año, en Lima y Callao, con ese tema controlado”.

La diferencia es exponencial y se origina, siguiendo ese orden de ideas, “en la línea de base equivocada. Las estadísticas del INPE están completamente nubladas y las nuestras son mucho más elaboradas. Hay un temporal interno en el INPE y nosotros terminamos sufriendo las consecuencias”.

LA PRESENCIA del anfitrión del encuentro, el presidente de la Corte Superior de Arequipa, Isaac Rubio, tuvo especial significación. Hace poco su jurisdicción condenó por primera vez con un año de prisión efectiva a un padre de familia que se negaba a pasar pensión de alimentos. Es un ejemplo de la severidad del nuevo Código Procesal Penal y también representa una seria advertencia para un grupo emblemático de querellados.

“Las causas de alimentos en las zonas altoandinas son mucho más numerosas que en Lima, o la misma Arequipa”, responde Villa Stein al ser interrogado sobre los “rubros” que originan el embalse de casos en el Poder Judicial. “La pobreza también produce un determinado tipo de expedientes”. Para enfrentar el problema “estamos diseñando un modelo de respuesta con sistemas procesales más rápidos, empleos de formularios y simplificación de procedimientos”.

La sentencia emitida en Arequipa es “una primera respuesta de la sentencia para que el sistema de justicia no termine siendo un placebo incapaz de resolver conflictos, sino que tenga un carácter disuasivo y preventivo”.

Villa Stein reconoce que la proliferación de jueces provisionales sigue siendo un gran lastre para el PJ. “Tenemos un sistema judicial configurado para ocho millones de habitantes, cuando el país tiene 30 millones”. Calcula que la provisionalidad se encuentra alrededor del 20%. “Un juez provisional es un magistrado en actividad sin escuela. No concatena la unidad de criterio que debemos tener en una pluralidad de campos”.

Actualmente con un presupuesto de S/. 1,100 millones para el PJ, Villa Stein viene solicitando al Ejecutivo S/. 1,600 millones para el próximo año.

Igualmente llamativa fue la ausencia en Arequipa de César Vega Vega, presidente de la Corte Superior de Lima y número dos del sector. A estas alturas, sus delicados problemas de salud, relacionados con dolencias neoplásicas, son inocultables. Villa Stein no se refiere directamente a él pero contesta que en esos casos, “si la enfermedad es duradera, se convoca a elecciones pasados dos meses de licencia, para que asuma otro presidente. Tenemos un PJ totalmente estructural y con capacidad de respuesta”.

LA VISITA A AREQUIPA también incluyó la juramentación de los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entre ellos está el vocal superior Darío Palacios que, insólitamente, es el primer juez titular de Lima que accede por votación de los jueces a esta suerte de Consejo de Ministros del sector. Esto reitera el peso provinciano del sector.

Y, de hecho, Palacios, originario de Recuay, Áncash, comenzó su carrera en 1983 cosiendo expedientes. Pasó por varias de las instancias judiciales y recientemente dirigió en Huaura la implementación piloto del nuevo Código Procesal Penal. “El resultado procesal es rápido y los juicios demoran un día. En caso de los juzgados unipersonales, con delitos de entre uno y seis años, se hace solo una audiencia. La experiencia también ha dado resultado en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y próximamente en Puno, Cusco y Madre de Dios”.

El desafío todavía es tremendo. “Hay juzgados con más de dos mil expedientes, sobre todo en los conos de Lima, pues la capital concentra el 60% de la carga procesal total, y en provincias los juzgados mixtos. Lo que queremos es equiparar la carga. Por ejemplo, un distrito con dos mil causas tiene un vecino a cinco minutos con 300”.

Para Palacios una modificación determinante del nuevo Código es que “el juez se convierte en sentenciador. Antes también hacía la labor investigativa del Ministerio Público. Ahora el rol se diferencia y se divide”. Admite que, si se llegaba a aplicar en un caso controversial como el de los “petroaudios”, donde el Poder Judicial decidió relevar a la Fiscalía en su papel, “hubiera sido el Ministerio Público el que se quedaba con toda la investigación”. Pero la fecha marcada en el calendario para que el nuevo Código comience a regir en Lima es recién octubre del 2010. (Enrique Chávez)