Actualidad El gobierno endurece postura contra las protestas, pero relevo de viceministro complica negociaciones futuras.

Paucartambo: Última Advertencia

Director General de la PNP, Miguel Hidalgo, y renunciado viceministro Wilson Hernández durante las negociaciones del sábado 15. Señalados están Werlin Vallejos y Teodoro Capcha Vargas, denunciados posteriormente por el gobierno por secuestro, violencia y resistencia a la autoridad.

Los hechos de Yuncán representan la primera prueba de fuego para el nuevo estilo que el premier Javier Velásquez Quesquén pretende imponer en torno a las protestas sociales.

El lunes 17, Velásquez anunció el retiro del viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, el general PNP (r) Wilson Hernández. Lo responsibilizó por haber suscrito una acta en la que se comprometía a no denunciar penalmente a los responsables por la última toma de la hidroeléctrica de Yuncán II y el secuestro de 13 policías, en la provincia pasqueña de Paucartambo.

“Un funcionario del Estado no puede firmar un acta comprometiéndose a algo que es ilegal”, expuso mortificado el titular de la PCM. Luego informó que el procurador del Ministerio del Interior, José Vega Herrero, formuló denuncia penal contra los dirigentes José Gamarra Toledo, Werlin Vallejo, Víctor Janampa Domínguez y Teodoro Capcha Vargas, por los delitos de secuestro, violencia y resistencia a la autoridad.

La mano de Velásquez también se sintió en el anuncio de un nuevo proyecto de ley que despenalizará el uso legal de las armas policiales para controlar a las turbas.

Tal proyecto de ley es consecuencia de la escalada en la protesta social, que ha visto humillado en más de una ocasión al cuerpo policial, con la expresión más dramática en el caso de Bagua.

¿Pero penalizar la negociación constituye una salida racional?

El viceministro Hernández acudió a Paucartambo el sábado 15 luego que la tarde anterior dos mil comuneros violentaron las instalaciones de la represa de Huallamayo y tomaron de rehenes a cuatro agentes de seguridad y a trece policías a los cuales despojaron de sus armas. Luego destruyeron los tableros de mando y obligaron a abrir las compuertas de la represa, logrando bajar casi el 75% de la producción de energía de la central hidroeléctrica de Yuncán que alimenta 110 megavatios al sistema interconectado.

Tras ver frustrado su propósito de tomar la vecina central hidroeléctrica de Santa Isabel, liberaron a los guardias de seguridad de la represa y encerraron a los policías en la Iglesia del pueblo.

Los agricultores exigen desde hace año y medio que los S/.12 millones que la empresa Enersur entrega como fideicomiso por el uso de las aguas del río Paucartambo sean utilizados para comprar fertilizantes para luego ser distribuidos gratuitamente a 19 mil comuneros de los distritos de Huachón y Paucartambo y el Centro Poblado de Chiparacra.

Pero el Decreto Legislativo 996 prohíbe esa posibilidad. “Estos fondos –aseguró Klever Melendez, alcalde de Paucartambo– deben de ser invertidos en un 60% en proyectos de inversión social y los otros 40% en proyectos productivos”.

A la zona viajaron el viceministro Hernández, el director general de la Policía, Miguel Hidalgo, y el director ejecutivo de operaciones policiales, general Luis Muguruza.

Desde un estrado acondicionado en la avenida principal, el general Hidalgo solicitó la liberación inmediata de los 13 policías, lo cual fue rechazado. Luego los alcaldes de Huachón y Paucartambo expresaron que la demanda de los fertilizantes había sido atendida por los directivos de Enersur.

La noticia calmó los ánimos y Hernández se comprometió a que los dirigentes que lideraron la protesta no serían denunciados. La masa presionó para que el compromiso fuera refrendado en el acta de la asamblea, que también fue firmada a las 4 y 37 de la tarde por Hidalgo y Muguruza.

Cuando los dirigentes comunales acudieron a la Iglesia a liberar a los policías secuestrados, se dieron con la sorpresa que estos ya habían sido rescatados por un contingente policial.

Resulta obvio que la intención del viceministro, y por extensión la de los otros dos generales, era sortear la emergencia sin muertos ni heridos. Fuentes con experiencia en estas materias sostienen que una promesa de este tipo por parte del Ejecutivo no le cierra las puertas al Ministerio Público para actuar de oficio y denunciar a los responsables por delitos evidentes. Además, cabe preguntarse si el problema no radicó realmente en una coordinación más adecuada en la negociación, con objetivos claros y teléfonos abiertos con el ministro e, incluso, el propio Velásquez Quesquén. Cuando las papas queman en verdad, los emisarios harán todo lo que está en sus manos, en ese mismo momento, para evitar un derramamiento de sangre. Y recortar las posibilidades de negociación en un bosque siempre inflamable es un lujo que el gobierno no puede permitirse.