Política Pesquisas de Inspectoría de la Policía revelan la cadena de errores que llevó a la tragedia de Bagua.

Investigación De los Demonios

“Curva del Diablo”, 9:30 am del 5 de junio. Generales PNP Luis Muguruza y Javier Uribe, en reunión de emergencia ante el trágico desenlace.

El “Baguazo”, que costó la vida de 23 policías y 10 civiles, así como la desaparición de un oficial el 5 de junio pasado, se investiga desde varias trincheras.

Pero mientras recién se conformaron comisiones en el Congreso y el Ministerio de Agricultura, y el Primer Juzgado de Utcubamba comenzó apenas sus pesquisas el viernes 3 con una inspección ocular en la “Curva del Diablo”, la investigación de la Inspectoría General de la Policía está a punto de salir del horno. Y sus resultados traerán cola.

Los documentos que van saliendo a la luz permiten establecer que el plan de operaciones de la Policía, elaborado dos días antes de la tragedia, no tomaba las previsiones para proteger las vidas del comandante PNP Miguel Montenegro Castillo y los 13 policías que fueron masacrados por los indígenas a media tarde del 5 de junio último en la Estación 6 de Petroperú.

El propio plan para recuperar la cima de la Curva del Diablo empezó, además, con dos horas de retraso. Esa inicial desorganización terminó con el envío de la patrulla de diez policías masacrados, cuando las instrucciones del plan estipulaban que fueran 60 los efectivos en esa tarea.

Primer Informe

El encargado de elaborar el informe final para que la Primera Sala del Tribunal Disciplinario emita sentencia final es el director de investigaciones administrativas, general PN Mauro Medina Guimaraes.

Según el Memorándun Múltiple N° 711, la ex ministra Mercedes Cabanillas estuvo permanentemente informada.

El abogado Miro Toledo, defensor del Jefe de la Región Policial de Amazonas, coronel PN Francisco Giraldo Hernández, ha solicitado se tome manifestaciones a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y al ex director de la Policía José Sánchez Farfán, para que expliquen el contexto y los alcances del Memorándum Múltiple N° 711-2009, mediante el cual se dispuso que el general Luis Muguruza Delgado asuma el Comando Operativo del desalojo de los kilómetros 200 y 202 de la carretera Fernando Belaunde (CARETAS 2094). El documento es incómodo, porque establece que la ministra también fue permanentemente informada de los hechos, lo que Cabanillas ha negado.

El abogado también ha requerido la declaración testimonial del ex ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz y la del jefe de la Sexta Brigada de Selva “El Milagro”, general Raúl Silva Alván.

El primer informe disciplinario N° 77-2009-DEPID del 13 de agosto último y suscrito por el coronel PN Germán Campero Chunga, acusó a los generales Muguruza y Uribe, así como al coronel Francisco Giraldo Hernández, de “presunta responsabilidad por las comisiones de faltas graves y muy graves” en el desalojo de la carretera Fernando Belaunde Terry.

Sin embargo, ha sido observado por la Primera Sala del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, que preside el general PNP José Villar Amiel, que le pidió a Campero Chunga recabar el descargo de los acusados en un “tiempo estrictamente prudencial”.

La orden de operaciones.

El coronel Giraldo Hernández presentó dos documentos considerados “secretos”. Se trata de la Orden de Operaciones N°25-2009-IV-Dirtepol-T y su Hoja Complementaria, suscrita por el general Javier Uribe. En ella describe el plan policial elaborado dos días antes de la intervención.

El Comando General fue encargado a Muguruza y el Comando Operativo a Uribe. Como Jefes Operativos, dos coroneles, tres comandantes, cuatro mayores y dos capitanes. Como Sub Jefes Operativos cinco comisarios de la zona.

La vía, según reportes de inteligencia policial, estaba ocupada por 1,500 nativos armados con lanzas, tramperas, escopetas y explosivos. Se organizaron cuatro grupos de intervención con el apoyo de un helicóptero policial y la misión fue fijada para empezar a las 5 de la madrugada del 5 de junio.

La operación principal de desbloqueo de la carretera la dirigió Muguruza. Contó con tres escuadrones: intervención, remoción de escombros y de contención, según la Orden de Operaciones. El número total de efectivos policiales contemplado por el plan era de 1,296.

La toma de la cima del lado derecho del peaje ubicado en la Curva del Diablo en el kilómetro 202, y obligar al repliegue de los nativos que la ocupaban, estuvo a cargo del comandante PNP Luis del Carpio Sánchez, con un contingente de 60 efectivos de la Diroes. “El Primer Escuadrón –reza el documento– debe partir de la Base (Puente Corral Quemado) a horas 5:05, con la finalidad de avanzar con su personal hasta la zona de ingreso Caserío Siempre Viva, con el objetivo de lograr su progresión hacia las laderas del cerro de la ‘Curva del Diablo’, lugar en el cual deben apostarse esperando el inicio de la progresión del escuadrón de incursión, con el cual se alineará para el desplazamiento simultáneo con la fuerza principal y el apoyo correspondiente”.

El “ablandamiento” con empleo de gases desde un helicóptero de la policía nacional, para replegar a los nativos ubicados en la zona de operaciones, estuvo a cargo del general PNP Javier Uribe.

Así se planeó el desalojo, ¿pero qué pasó?

Según el abogado Miro Toledo, en el desalojo de la “Curva del Diablo” participaron solo unos 700 policías, inadecuadamente enlazados por radio, y sin información sobre los manifestantes armados. El resto estuvo acuartelado como reserva en el cuartel militar “El Milagro” y el Puente Corral Quemado.

Felipe Bazán, ex policía y padre del oficial desaparecido, que tenía el mismo nombre, contó que su hijo y los 9 policías a su mando fueron emboscados por los indígenas ni bien tomaron la cima de la “Curva del Diablo”, hacia donde se desplazaron por orden del comandante Luis del Carpio Sánchez. “Esto alteró tremendamente –aseguró Bazán– las operaciones de desalojo, porque la orden era hacerlo en grupo”.

La Estación 6

En la página 4 de la Orden de Operaciones se advierte de la inminente toma de la Estación 6 de Petroperú por 1,500 nativos que se encontraban concentrados en el vecino Centro Poblado Menor de Kuzu Grande. “No se descarta –dice el documento– la toma de rehenes de personal PNP y trabajadores de Petroperú en represalia del desalojo”.

Sin embargo, sorprende que en este mismo documento no exista un plan de contingencia para preservar la vida de los 14 policías que fueron masacrados por los indígenas a media tarde del 5 de junio último. Estos ya habían sido retenidos por la población y estaban a merced de las represalias por lo que ocurría en la Curva del Diablo.

¿Quién es responsable por ese capítulo de la tragedia?

Según los testimonios de los oficiales, el alto mando asignó 60 efectivos para ir a cada una de las estaciones 5 y 6.

“Sin embargo”, declaró Muguruza ante Inspectoría, “los apoyos para las instalaciones estratégicas acordados en la reunión del Alto Mando, arribaron a los indicados puntos de forma extemporánea”. Cuando llegaron, la tragedia estaba consumada. (Abilio Arroyo)