Actualidad Ministro de Vivienda Francis Allison sale a responder sobre su vinculación con Business Track, pero quedan cuestiones de fondo sin resolver.

Una Necesaria Explicación

Allison le contó al presidente Alan García del vínculo laboral que tuvo con Business Track recién el miércoles 16, un día antes que CARETAS publicara la información.

Corren las apuestas por el damero de Pizarro. Algunos colaboradores del gobierno ven difícil que Francis Allison pueda retener la cartera del Ministerio de Vivienda. Otros consideran que, pasado un tiempo prudencial, podría salir con otros cuantos miembros del gabinete para aprovechar el recambio. Rafael Rey de Defensa y Pedro Sánchez de Energía y Minas dan vueltas en el bolo.

Tarde en la noche del martes 22 trascendió que el ex alcalde de Magdalena visitó Palacio de Gobierno para saber si el Presidente pensaba ratificarlo. Hasta entonces Alan García había guardado silencio público sobre el tema, a pesar de que esa misma mañana declaró sobre otras cuestiones durante un viaje al VRAE. Allison obtuvo una respuesta positiva, aunque García le pidió adelantar su exposición ante el Congreso, esperada para el viernes, un día antes.

El premier Javier Velásquez Quesquén sí admitió que “hechos de esta naturaleza perturban la línea clara que estamos impulsando desde la política general del gobierno, pero se tienen que superar de alguna u otra manera. Hay que esperar que el ministro explique al país en su presentación (en el Congreso) y pueda establecerse su responsabilidad”.

Todo indicaba que García iba midiendo el impacto de la ola periodística para jugar sus cartas.

La historia había comenzado una semana antes, el martes 15. El periodista Roberto More de CARETAS buscó insistentemente a Allison para preguntarle por qué aparecieron recibos girados a su favor entre la documentación incautada a Business Track (edición 2096). Allison no respondió a pesar de que fue entablado contacto con dos de sus asesores.

Después Allison reconoció que en su momento no había informado de su trabajo con BTR al Presidente de la República porque no lo consideró “relevante”. Aclaró que “el Presidente lo sabe y no hay problema. No ahora, por la prensa, obviamente se lo manifesté en algún momento. Le demostré con documentos la transparencia de esto”.

Pero Allison le avisó a García el miércoles 23, un día antes de la salida de la revista a la calle.

Reconoció que entre setiembre del 2007 y setiembre del 2008 emitió 12 recibos por honorarios a BTR por una asesoría externa, cada uno por S/. 9,500. Señaló que “hacía consultoría jurídica externa, informes tributarios, laborales, administrativos, según lo que se vaya presentando.

Fue una relación de 12 meses que acabó en ese tiempo, según lo establecido en un pacto previo y acabó antes de conocerse algún hecho extraño”, dijo en rueda de prensa el viernes 18.

Habría que añadir que terminó “justo” antes de algún hecho extraño. Sus servicios cubrieron hasta setiembre del 2008 y el 5 de octubre reventó el escándalo de los “petroaudios”.

El martes 22, en RPP, el ministro nuevamente fue interrogado por su labor en BTR. “Un abogado, cuando es contratado de manera permanente para una empresa, es para su correcto funcionamiento jurídico. Si sale el día de hoy una norma, cualquier norma en El Peruano, laboral, tributaria; adicionalmente contesta consultas determinadas pero no olvidemos que era una empresa legal”. Como lo hizo notar Carlos Basombrío en el diario Perú.21, es curioso que describa esas funciones cuando Allison es penalista. Además de alcalde de un distrito limeño importante.

En Radio Capital se refirió esa misma mañana a una asesoría en temas personales a Carlos Tomasio. El proceso de divorcio por el que pasa el marino con su todavía esposa, Viviana Guarderas Radzinski, era supuestamente uno de los temas que Allison trataba con él. Lo que no encaja es que empezó en el 2006 y aún no concluye. Los servicios de Allison, por su parte, se dieron entre septiembre del 2007 y septiembre del año siguiente.

Personas que tuvieron contacto con Tomasio en los meses previos al escándalo mediático confirmaron que su separación hizo fuerte mella en su estado de ánimo.

Fuentes cercanas a los marinos, que están impedidos por la jueza María Elena Martínez de dar entrevistas a la prensa, señalan que lo único que hizo Allison fue asesorar a Tomasio en su divorcio. Elías Ponce Feijoo habría dicho que él no conoció personalmente al actual ministro y que si los recibos eran girados a BTR, era porque Tomasio utilizó las utilidades que le correspondían.

Las piezas no parecen encajar del todo.

¿Allison recibió S/.120 mil por una asesoría de divorcio que no ha terminado?

¿Por qué las fuentes cercanas a Business Track señalan que no hizo nada más?

Si cumplió con otras labores para BTR, ¿cuáles fueron realmente?

El silencio previo de Allison sobre el tema les supo a algunos miembros del gobierno como aceite de ricino. El gabinete de Jorge del Castillo cayó por el escándalo de espionaje presuntamente originado en BTR, una empresa de no más de 15 personas, y a los críticos apristas del ministro se les hace muy difícil creer que él no estuviera al tanto de lo que se cocinaba entre los “chuponeadores”.

Se esperaba que el miércoles 23 Allison explique la situación en detalle al Consejo de Ministros. Luego, se presentará ante la Comisión que investiga las interceptaciones telefónicas y que preside Oswaldo Luizar. El ministro ha pedido que la sesión sea pública y con la presencia de la prensa “porque el que no la debe no la teme”. La comisión Luizar ha tenido hasta ahora un desempeño discreto, por decir lo menos.

Allison venía cumpliendo una gestión de alto perfil en una cartera políticamente interesante. Había quienes ya lo ubicaban en el circuito de precandidaturas oficialistas a la Municipalidad de Lima, donde la ministra Mercedes Aráoz parecía correr sola hasta hace poco.

Lejanos quedaron los días en los que Allison se dio a conocer. En febrero del 2000, un conflicto inmobiliario entre los vecinos de La Molina y la empresa Los Portales por un terreno en litigio dejó varios destrozos en las casas que se encontraban en la ruta de la avenida Alameda del Corregidor y Pampa el Arenal. Un video de una reunión entre los vecinos y Los Portales mostró al montesinista Óscar López Meneses tras los invasores y en representación de la inmobiliaria, aun cuando negó sus vínculos. El defensor oficial de la empresa era un joven abogado entonces desconocido, Francis Allison Oyague.

Luego, ya como alcalde de Magdalena, enfrentó un incidente con el serenazgo de San Isidro. Entonces un video lo mostró en estado etílico agrediendo a policías y serenos. Allison acusó al entonces alcalde de San Isidro, Jorge Salmón, de editar las imágenes.

Su estilo ejecutivo le ganó popularidad en su distrito. El serenazgo de Magdalena es reconocido como uno de los más eficientes. Allison se embarcó en campañas de gran impacto, como la que reprimió la venta de productos robados.

El proyecto urbanístico de la Costa Verde también tomó vuelo en Magdalena. Fue en ese contexto, donde supo enfrentarse al alcalde Luis Castañeda, que se reunió varias veces con el Presidente de la República. Cuando el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, se diluyó como opción para reemplazar a Enrique Cornejo en Vivienda debido a una catarata de denuncias, el nombre de Allison saltó a la palestra. Aceptó juramentar en el cargo a última hora.

Volvió a comenzar con el pie izquierdo cuando se filtró que durante un Consejo de Ministros Allison reveló que un abogado le había ofrecido una coima de US$ 1 millón para anular la concesión de la planta de tratamiento de Taboada en el Callao. En CARETAS 2087 declaró sobre el confuso incidente, que negó, y luego la revista Poder añadió que el supuesto abogado habría sido Domingo Orezzoli, que también descartó alguna intervención semejante. Al final, y a pesar de la oposición inicial de Allison, la firma española ACS que ganó la concesión en febrero se hizo del proyecto.

El punche deportivo que le metió a Forsur lo encarriló de nuevo. Ahora es el último conejo salido de la inagotable chistera de los “petroaudios”.