Economía Renta minera, efervescencia social y campaña electoral. El conflicto desde la óptima minera.

La Mira Minera

Huestes triunfantes durante el “moqueguazo” del 2008.

El power-point en forma de bull, con varias marcas de impacto, resumió la compleja situación de armonizar los grandes intereses mineros con aquellos del Estado y las comunas vecinas a los yacimientos, en la presentación del Ing. Abraham Chahuán, gerente general de Minera Milpo, en PERUMIN último.

Milpo es la cuarta productora mundial de zinc del mundo, y la quinta en plomo. Tiene cuatro operaciones en marcha desde Cerro de Pasco, con Milpo y Atacocha, hasta Chile, en Antofagasta, con Iván. Es la minera con más denuncios mineros en el país en este momento: 80. Cada denuncio minero esconde una promesa, y una caja de Pandora.

“El factor inhibidor principal para el desarrollo de la minería hoy no es tributario o presupuestal, es la conflictividad social”, definió Pablo de la Flor, en las palabras inaugurales del PERUMIN. La inversión minera y la efervescencia social fueron las dos vetas centrales del cónclave.

Al cabo de cuatro intensas jornadas bajo el cielo azul de Arequipa, se dibujó una conclusión: los proyectos mineros están activos, titilantes, confiados en la recuperación de la economía mundial; pero los conflictos sociales van in crescendo y la campaña electoral puede patear el avispero.

La Defensoría del Pueblo reportó en septiembre la preeminencia de 272 conflictos sociales palpitantes y latentes en el país, de los cuales 38% están asociados a la minería. Se trata de un pico en los 66 meses desde que la DP se dedica a su monitoreo.

Inquietantemente, la curva de conflictos en los últimos años creció a pesar de la bonanza económica. Y nadie afirma que esta sea la cresta de la ola.

Esta semana, en la provincia de Carabaya, Puno, se registraron 3 muertos en el choque entre las comunidades de Ayapata e Ituata, y, al cierre de la presente edición, se alertó del ataque a los campamentos mineros informales.

Mapa de riesgos del sector minero.

Dos semanas atrás, en Bambamarca, Cajamarca, otros 2 comuneros murieron en una trifulca entre las comunidades de Vista Alegre Alto y Vista Alegre Bajo, a favor y en contra de los trabajos de prospección aurífera de la Minera Gold Fields.

Previamente, en la propia Antamina, emblemática operación en Ancash, dos protestantes resultaron heridos de bala al intentar sobrepasar el perímetro de la operación.

Para Javier Arellano, consultor español, expositor en PERUMIN, se debe prever una intensificación de los conflictos en el país en los próximos meses por dos razones: la desigualdad social “flagrantemente asimétrica”, y el ciclo electoral.

Rolando Luque, representante en Arequipa de la Defensoría del Pueblo, invocó no perder la perspectiva. “Al 31 de agosto del 2009 son 92 conflictos mineros, de los cuales 70 estaban activos, en un escenario en el cual tenemos 3,636 empresas inscritas, 176 proyectos de exploración y 589 unidades mineras en explotación solo de la gran y mediana minería. Como se ve el asunto tampoco es para alarmarse”, opinó.

En la tarima son muchos los actores, no solamente mineros de cascos duros y estrictos protocolos. Arellano identificó cinco tendencias marcadas en el picante escenario, desde el clásico comunidades versus compañía minera, hasta la disputa entre instancias del gobierno por la renta minera o el control del territorio (agua, energía, suelo).

El jaleo entre Moquegua y Puno por el control del proyecto de irrigación Pasto Grande es el último ejemplo de este tipo de problemas. Por cierto, Moquegua campeona en la materia: 24 denuncias contra Puno, Arequipa y Tacna.

“El conflicto se define como fuerzas en curso de colisión”, explicó Luque. “Sus expresiones iniciales son el pliego de reclamos, el memorial, el lavado de banderas, hasta la simbólica crucifixión, todas las formas que encuentra el pueblo para expresar su malestar”, sostuvo. “El peligro es cuando desembocan en violencia”.

Parte de la explicación de la mayor efervescencia social es que en tiempos de bonanza económica, crecen también las expectativas.

“En los últimos años la transferencia del canon a los gobiernos regionales y locales suma S/. 15,000 millones”, dijo De la Flor, “lo que ubica al país en un escenario de crecimiento sostenible”.

Sugirió que estamos frente a un cambio de paradigma del desarrollo. “Ahora ya no se trata de administrar miserias y decepciones”, dijo. “Ahora quizás sea más complejo: construir capacidades de robustecimiento institucional en un contexto de políticas públicas acertadas”.

Las justas electorales del 2010 -2011 renovarán los cuadros públicos y representarán un avance o un retroceso sobre las capacidades del Estado en profundizar la senda del desarrollo. Ésta exige una estrategia múltiple y compleja, acaso de filigrana, para consensuar los muchos intereses, como lo demostró el mapa de riesgos del Ing. Chahuán.

Motivos para poner piedras en el camino hay muchos, desde el déficit de programas sociales e infraestructura hasta la ominosa amenaza del cambio climático. Si bien la responsabilidad social de la minería es grande, la suya no abarca todos los aspectos de la tarea nacional.

Muchos pueden ser los caminos de salida del subdesarrollo, pero Jaime Saavedra, peruano, gerente sectorial del Grupo de Pobreza y Género del Banco Mundial, no anduvo con rodeos: “En el Perú tenemos 10 millones de pobres, de los cuales 1 millón son niños que pasan hambre: estamos hablando simplemente de comer”, remarcó. La masa paupérrima de peruanos está en el corazón del bull. (Marco Zileri)