Opinión Por URIEL GARCIA CACERES
Los Medicamentos Genéricos en el Perú Actual
Costó mucho, muchísimo, demostrar que los medicamentos elaborados con el nombre de uso común, cuya patente de marca registrada estuviese vencida, eran eficaces y útiles. Fue en 1980, precipitó la caída de un ministro que se atrevió a importarlos para demostrar su bondad, pero la idea allí quedó.
Esos productos pueden ser elaborados sin los costos adicionales, aquellos derivados de los trabajos de investigación científica y tecnológica que fueron necesarios inicialmente, para demostrar sus beneficios. Hay que reconocer que esos costos son legítimos para cubrir las ganancias de los capitales invertidos en la prospección de nuevas moléculas, hasta que el plazo establecido para la exclusividad haya vencido. Pero es igualmente legítimo elaborar esos mismos medicamentos con el nombre de uso común, de la molécula activa junto con los vehículos necesarios (jarabes, grageas, almidones, etc.).
Ya es un lugar común decir que los medicamentos genéricos son eficaces y que existe la obligación de los profesionales de la salud autorizados para recetar con el nombre genérico.
Existe la obligación de las farmacias de tener suficiente cantidad de esos medicamentos. Lo que falta es aplicar conocidas normas éticas y deontológicas, que deben regir en todas las profesiones y en la industria.
Hablar de esto resulta casi como denunciar la infidelidad matrimonial o empresarial. Todo el mundo sabe que existen, pero casi nadie tiene las pruebas, ni las propias víctimas.
Las comisiones de Ética y Deontología de los colegios profesionales deben formarse, por mandato legal, con personas libres de caer en conflictos de intereses. No deben tener vínculos de ningún orden con las partes que conforman el mercado de medicamentos. Deben estar impedidos de pertenecer a los recetadores, asesores de instituciones públicas o privadas, en las que expendan o vendan medicamentos. El tiempo de duración del mandato de dichas comisiones debe ser mucho mayor que el de las juntas directivas de los colegios profesionales.
No puede permitirse, a vista y paciencia de todos, los costosos obsequios que salen del bolsillo de los consumidores de medicamentos. Las alas peruanas resultarían las de un gorrión al lado de las de los cóndores que se ven a diario. Hay viajes al otro lado del orbe, en primera, en hoteles de lujo, con señora y secretaria incluidas. Todo esto aparentemente costeado por los laboratorios fabricantes. Es un secreto a voces.
Las grandes cadenas de farmacias tienen un magnífico sistema informático, para uso de una comercialización sofisticada de los fabricantes y distribuidores de medicamentos. Con esto estarían compartiendo las ganancias por cada receta y por médico. Pero todo esto es difícil de comprobar, a menos que haya un sistema de vigilancia idóneo y libre de conflictos de intereses.
Debería existir una institución libre y autónoma de todo poder del Estado, que como la Defensoría del Pueblo, erigida por ternas presentadas por colegios profesionales, entre profesionales que llenen los indispensables requisitos señalados por una ley orgánica, sean elegidos por el Congreso, por mayoría calificada, que se encargue de regular las políticas de suministro de medicamentos, su comercialización y el cumplimiento de las normas. Sería algo parecido a lo que se propuso, por unanimidad, en el Acuerdo Nacional. Pero hasta ahora no logra allí consenso. (Por: Uriel García Cáceres*)
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*Médico patólogo, ex ministro de Salud y precursor hasta las últimas consecuencias.
