Justicia Tribunal Constitucional ratifica decisión de excluir de investigación a Walter Chacón.

El General Dejó el Laberinto

Luego de nueve años y una inexplicable acumulación de 35 procesados, el caso de Chacón quedó solamente con él y su esposa Aurora, sus hijos Cecilia y Juan Carlos y Luis Portal como coprocesados.

No hubo marcha atrás. El lunes 7, el Tribunal Constitucional (TC) anunció que se ratificaba en su fallo del hábeas corpus presentado por la defensa del general EP (r) Walter Chacón y declaró improcedentes las solicitudes de nulidad y aclaración formuladas por el Poder Judicial.

El TC había ordenado que Chacón, quien pidió el archivamiento de su juicio por enriquecimiento ilícito, fuera excluido de la investigación luego de casi nueve años y nada menos que 290 sesiones.

La sentencia fue duramente criticada tanto por el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, como la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz.

Carlos Mesía, uno de los magistrados firmantes, declaró a CARETAS que “lo que ellos están diciendo en el fondo es que continúe la violación de los derechos fundamentales del general Chacón. El TC no está para apoyar la violación de los derechos fundamentales, así se trate del general Chacón o de un preso de Lurigancho que no tiene dinero para defenderse”.

El fallo toma en cuenta tres grandes ejes: la conducta del procesado, el proceder de las autoridades judiciales y el grado de complejidad del proceso. Los magistrados del TC recurrieron a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer tales parámetros.

Con respecto a Chacón, se encontró que nunca desplegó estrategias dilatorias. Mesía considera que “la conducta del procesado había sido de colaboración con la justicia. El Estado no tiene derecho a prolongar indefinidamente un juicio”.

El debate estaba entonces en las otras dos variables. La sentencia resalta que la propia jueza Inés Villa Bonilla, presidenta de la primera sala anticorrupción, reconoció que se trataba de un proceso complejo, que en un momento tuvo 35 procesados. Lo que llama la atención es que apenas en el 2007, luego de seis años de juicio, éste comenzó a ser desacumulado para facilitar su desarrollo. Luego de una segunda desacumulación de setiembre del 2008, el caso de Walter Chacón quedó solamente con él y su esposa Aurora, sus hijos Cecilia y Juan Carlos y Luis Portal como coprocesados.

“Dicha desacumulación pone de manifiesto que por la naturaleza de las imputaciones ventiladas en el proceso seguido contra el recurrente era posible seguir varios procesos distintos con menos imputados, lo que en definitiva haría menos complejo el proceso penal”. Para los magistrados, este retraso es “imputable al propio órgano jurisdiccional”, que mostró una “tramitación negligente”.

Otra fuente del TC explica que la acumulación de procesos fue una estrategia recurrente del sistema anticorrupción, que así pretendía remarcar el mecanismo de red bajo el que actuó la corrupción durante el gobierno fujimorista. “Teóricamente interesante, pero operativamente imposible”, resume la fuente.

El fallo del TC le hinca el diente solamente a la controversia sobre el plazo. No se detiene a evaluar si Chacón es o no culpable de enriquecimiento ilícito.

Aunque los magistrados no lo reconozcan, todo indica que el debate al interior del TC consiste en los términos de la resolución. El fallo dispone simplemente que Chacón sea excluido de la investigación. Hay voces dentro del tribunal del jirón Ancash que se inclinan porque se le diera a Villa Bonilla un plazo corto para resolver –72 horas, una semana– y si eso no sucedía ordenar la exclusión. El ex presidente del TC, Víctor García Toma, el ex procurador José Ugaz y el Instituto de Defensa Legal (IDL) han opinado en ese mismo sentido.

La jueza Villa Bonilla declinó hacer declaraciones a CARETAS. Sus argumentos fueron expuestos en radio San Borja e Ideeleradio. Sostiene que el juicio se alargó porque se respetó el derecho a la defensa de los acusados y porque el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, no le concedió permiso para dedicarse en exclusividad a estos casos.

Mesía no se guarda munición. “Me parece que sus declaraciones son patéticas porque le echa la culpa al presidente de la Corte Superior de Lima, cuando no puede escapar de su responsabilidad, porque el juez es autónomo e independiente. Ella es la que decide cuáles son los procesos que deben tener urgencia. Decir que la culpa la tiene Vega Vega es incalificable. Ella es la responsable”.

Según perfil elaborado en la revista del IDL, Villa Bonilla (56) es una jueza conocida por su “verticalidad” y “terquedad”. Se fogueó como jueza en casos de terrorismo y preside la sala “A” anticorrupción, de donde han salido sentencias importantes como la de la masacre de La Cantuta, los diarios chicha y el tráfico de armas a las FARC. No se le podría, sin duda, tachar de deshonesta.

Pero hay otras formas de excesos. Así como CARETAS alentó la formación del sistema anticorrupción y alertó de algunos intentos del poder por recortarle atribuciones, también subrayó los excesos que le restan legitimidad. El caso de Chacón es un perfecto ejemplo.

Se trata de un general de la promoción de Vladimiro Montesinos que se desempeñó como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante los últimos meses del gobierno fujimorista. Lo extraordinario es que, desde su posición, facilitó en el 2000 la transición hacia el gobierno de Valentín Paniagua. Chacón fue, en cierto modo, un hombre bisagra.

Al año siguiente fue apresado por presunto enriquecimiento ilícito y pasó cuatro años en prisión. Salió por exceso de carcelería.

La acusación contra Chacón ha consistido en intentar establecer que ostenta un desbalance patrimonial de alrededor de un millón de soles. A lo largo de los años no ha sido posible comprobarlo e incluso se han presentado documentos claves como el informe jurídico elaborado en junio último por Marcial Rubio, actual rector de la Universidad Católica, que concluyó que los peritos no habían considerado pagos regulares efectuados por el Ejército como los conceptos de mayordomo, chofer, combustible, escolaridad, aguinaldos y cambios de colocación.

A excesos como el de Chacón se suman otros vistos por Villa Bonilla como el de Jacqueline Beltrán, encarcelada esencialmente por haber sido la pareja de Vladimiro Montesinos, y José Dellepiane, ex secretario ejecutivo de la reforma del Poder Judicial que pasó largas temporadas en el penal San Jorge y murió hace dos años por cáncer de páncreas sin haber recibido sentencia. Uno de los “vladivideos” reveló que Montesinos lo consideraba su enemigo.

El papel de Villa Bonilla en el caso fue lamentable. Dellepiane trabajó con ella y en 1997 la jueza lo culpó en la prensa por el cierre del Tribunal Antidrogas que dirigía. A pesar de ese evidente conflicto de intereses, Villa Bonilla se negó a inhibirse.

La lista sigue. En el 2007 llamó como testigo en el juicio contra el Grupo Colina al actual vicepresidente Luis Giampietri. Éste se resistió a acudir a prestar su declaración, lo cual no era justificable, pero los argumentos de Villa Bonilla para poner en el banquillo al contralmirante retirado tampoco tenían pies ni cabeza. Respondió al pedido de un miembro del grupo Colina, José Tena, quien consideraba que como Giampietri tenía conocimiento de las estructuras militares podía explicar por qué no era posible la existencia de un escuadrón de la muerte.

Antes, Villa Bonilla ya había tenido sus encontrones con el Tribunal Constitucional. En julio del 2000 ordenó la detención de Lucio Villafuerte, un miembro del público que esperaba la siguiente audiencia, porque sus rasgos físicos correspondían a los que describió de un ladrón una agraviada de robo. Lo mandó a la reja 24 horas y el TC respondió al Hábeas Corpus señalándola por la “arbitrariedad de la detención”.

Ahora Mesía cree que como el caso de Chacón “era impopular, tuvieron miedo de juzgar. No saben qué hacer, si absolverlo o culparlo. Entonces un juez que no decide es un mal juez”. (E.CH./P.C.)