Derechos Humanos Contratar a César Nakazaki para defender a militares acusados de violaciones de DDHH lo demuestra.
Le Quedó Grande
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Tenía una oportunidad espléndida para desmarcarse de su récord en la materia, pero todo indica que no tuvo ninguna intención de aprovecharla. |
Lamentablemente, a estas alturas queda claro que al ministro de Defensa Rafael Rey le quedó grande el cargo. O el uniforme.
Rey reconoció que se encuentra en las tratativas finales para contratar al estudio de César Nakazaki, que se encargaría de defender a aproximadamente 200 militares investigados en la justicia civil por violaciones a los derechos humanos. Aunque los casos no han sido revelados, un grueso estarían en el VRAE (ver recuadro).
El ministro tenía una oportunidad espléndida para desmarcarse de su récord en la materia, pero todo indica que no tuvo ninguna intención de aprovecharla. Colegas suyos en el gabinete consultados por CARETAS se toman la frente en señal de incredulidad.
La noticia se supo el pasado sábado 5. El sector Defensa se encontraba a punto de contratar a un abogado de notorios personajes sentenciados por corrupción, violación a los derechos humanos y narcotráfico.
Al diario La República le reconoció que “es una decisión mía”, aunque “no es una propuesta mía. Es una solicitud de los interesados. Algunos militares procesados han pedido que se contrate al doctor Nakazaki, dentro de las posibilidades, y eso es lo que voy a estudiar. En las próximas semanas se decidirá”.
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Esta semana se decidirá si asume la defensa de militares acusados por crímenes en el VRAE. |
El lunes 7 el ministro de Justicia Aurelio Pastor reconoció que esta decisión despertaría polémica, mientras que el vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, Luis Lamas Puccio, señaló que la designación de un abogado para estos casos debería ser por concurso público.
Avelino Guillén, actual Fiscal Supremo de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público y ex fiscal del megajuicio contra el ex presidente Alberto Fujimori señaló que esta era “una noticia preocupante”.
Nakazaki ha defendido a la crema y nata de la corrupción del régimen fujimorista. Y lo peor es que lo hizo con muy mala suerte. Sus defendidos Fujimori y el general Julio Salazar Monroe fueron sentenciados a 25 y 35 años de prisión, respectivamente, por violación a los derechos humanos. El ex comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza, también fue condenado por enriquecimiento ilícito al igual que los ex ministros Víctor Joy Way y José Villanueva Ruesta.
Durante el proceso seguido al ex presidente Alberto Fujimori, Nakazaki sostuvo que durante el gobierno de su defendido “no hubo política de guerra sucia sino una política de pacificación que derrotó al terrorismo”. La sentencia de la Sala Penal Especial difirió diametralmente con él al sostener en abril del 2009 que las violaciones a los derechos humanos fueron una práctica sistemática.
Rey tiene lo suyo. El 28 de setiembre declaró en RPP a propósito del informe final de la Comisión de la Verdad que “si ustedes suman todos esos excesos que han habido: La Cantuta, Barrios Altos, Accomarca, incluso Putis u otros más, no llegan a mil (...) no es justo atribuirle 21 mil muertes a las Fuerzas Armadas”.
Sobre el caso Putis, donde un número indeterminado de campesinos fueron asesinados a manos de una patrulla militar, Rey zanjó: “no hay información oficial. Quizá nos preocupan mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado”. En 1995 votó a favor de la amnistía de miembros del Destacamento Colina, entre ellos Santiago Martin Rivas, que ya habían sido condenados por el fuero militar por el crimen de La Cantuta.
En estos casos, qué duda cabe, los militares acusados tienen legítimo derecho a la defensa. Pero con el doctor Nakazaki se arriesgan a embarcarse en los forzados sofismas que terminaron de hundir a Alberto Fujimori. (P.C)
Tensión en el VRAE
- La 1a Fiscalía Provincial Penal de Huamanga investigó en un primer momento a 160 militares, siendo denunciados 25 efectivos destacados en el VRAE.
- En setiembre de este año se formuló denuncia contra 160 militares de ocho patrullas, cada una conformada por 20 efectivos.
- Actualmente la denuncia fiscal solo comprende a 25 de ellos.