Corrupción Acta judicial de “chuponeo” no registra el material filtrado por la prensa en los últimos meses.

Audios Que Faltan

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Martínez aceptó dictamen ampliatorio de fiscal Walter Milla. Mucho material no fue registrado.

Entonces Alva Castro presionaba al Poder Judicial para que el Parlamento pudiera acceder a la totalidad de discos duros y USB incautados a los presuntos “chuponeadores”. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, defendió los fueros de la jueza María Martínez y sostuvo que, mientras el proceso fuera reservado, ella podría determinar cuál era el material enviado al Congreso.

Resulta que las graves palabras de Alva Castro podrían resultar proféticas.

Después de tener por más de un mes el expediente judicial, el Ministerio Público (MP) remitió a la jueza María Elena Martínez sus conclusiones luego de determinar la comisión de nuevos delitos y ampliar la relación de los perjudicados por interceptación de comunicaciones. La jueza Martínez refrendó este documento y firmó el acta judicial donde quedan registradas todas las conversaciones escuchadas y correos leídos durante las audiencias.

El problema es que la noticia no es lo que está, sino lo que falta.

Hasta el momento se ha revisado todo el material incautado a los marinos Martín Fernández Vírhuez, Jesús Ojeda Angles, Jesús Tirado Seguín y Manuel Ponce Feijoo. Queda pendiente el material de Carlos Tomasio de Lambarri, Giselle Giannotti Grados y BTR.

Resolución de la jueza María Martínez solo considera a 10 nuevos agraviados por el chuponeo realizado a Quimper Herrera de sus conversaciones telefónicas. No se incluye a ningún magistrado.

¿Cuáles son los grandes ausentes, al menos de lo sabido hasta ahora, del informe judicial?

Los recibos del ex ministro Francis Allison. Cuando CARETAS publicó la información en su edición 2096, fue consignado que los recibos de las sospechosas “asesorías jurídicas” fueron visualizados por la jueza Martínez en la audiencia del 9 de septiembre. Luego se supo que el Congreso también contaba con la información contable de BTR, pero la comisión dirigida por Oswaldo Luízar la había recibido de manos de instituciones bancarias, no de la Fiscalía ni el Poder Judicial.

Los audios de los jueces y Alberto Quimper. CARETAS 2098 publicó el 1 de octubre parte de esta información, mencionada también ese mismo día por el diario La República. La audiencia dirigida por la jueza Martínez fue la del día 17 de septiembre. Villa Stein negó tajantemente la existencia de esos audios y el episodio provocó el aludido enfrentamiento con el Congreso. Días después, el 20 de octubre, La República y Perú.21 dieron a conocer un insistente rumor que circulaba por las redacciones: una reunión en Palacio de Gobierno realizada el martes 13 de octubre, según La República “con agenda reservada”. Además del presidente Alan García, asistieron Villa Stein, el premier Javier Velásquez Quesquén, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara, y la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. En la nota se lee: “El presidente García les habló de su preocupación por los enfrentamientos públicos entre el Congreso, el PJ, el TC y la Fiscalía por el tema de los audios y la necesidad para el país de terminar con esa situación. Por este motivo les pidió ponerse de acuerdo y encontrar una solución a sus diferencias”. Por el contrario, Alva Castro hizo la grave advertencia descrita al principio de este artículo.

El caso del juez Ferreira: En ese contexto, el diario Correo publicó el 18 de octubre un extracto de un audio entre Roger Ferreira Vildózola, entonces vocal supremo provisional, y Quimper Herrera. “Tu casito está positivo, ¿cómo es?”, le habría dicho el abogado al supremo. Ferreyra negó la existencia de una conversación así, aunque admitió una llamada telefónica. A los tres días renunció a la judicatura. El Poder Judicial emitió un extraño comunicado en que le aceptaba la renuncia pero negando que durante las audiencias se hubiera escuchado un audio semejante.

Chuponeo político: CARETAS 2101 dio cuenta que, en las audiencias de la segunda semana de octubre, emergió un importante paquete que comprometía las comunicaciones –audios y correos– de Ollanta Humala y su cúpula de colaboradores durante la campaña del 2006. La noticia llegó de una fuente judicial del más alto nivel y fue corroborada por otras personas ligadas al proceso. Al día siguiente el diario La República añadió que los correos de Martín Belaunde y Nadine Heredia habían sido intervenidos por BTR. Un mes antes, el periodista Gustavo Gorriti publicó el primer volumen de “Petroaudios” y allí informó por primera vez del tema.

os audios Quimper-Miró Quesada: Como muestra un botón. Esta revista tiene copias de tres audios encontrados en el disco duro de Ponce. Corresponden a dos conversaciones entre Alberto Quimper y Beatriz Miró Quesada (hija de Aurelio Miró Quesada), ambas registradas el 24 de junio del 2008, y otra conversación entre Quimper y José Antonio Miró Quesada, presidente del directorio del grupo El Comercio, producida el 8 de mayo de ese mismo año. Es conocido que Quimper prestaba asesoría legal a parte de la familia. ¿Por qué entonces esos audios no aparecen en el informe de la jueza Martínez ni los Miró Quesada son incluidos como agraviados por BTR?

Todos los intentos para obtener una versión del Poder Judicial no recibieron respuesta. En otras ocasiones, la jueza Martínez ha respondido a los cuestionamientos de la prensa pero aquí subsisten las preguntas. No se sabe, por ejemplo, si esta es el acta definitiva o si la jueza podría incluir en una posterior los casos anteriormente citados. Tampoco se entiende bien cuál podría ser la motivación para dejarlos por fuera.

Por el Ministerio Público respondió el fiscal Mateo Castañeda Segovia, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. “Hay algunos elementos que no se tomaron en cuenta porque una cosa es la trascendencia periodística y otra la cuestión de elemento de prueba. Eso lo deciden entre el juez y el fiscal, qué casos se agregan a la cuestión probatoria. Si por ejemplo hay un audio que dice ‘cómo es’, sugiere una cuestión de corrupción pero no es un elemento con el que se pueda denunciar a nadie. Si no están allí es porque el fiscal y el juez consideraron que no hay elementos probatorios”, declaró a CARETAS. Manifestó desconocer el tema del chuponeo electoral a Ollanta Humala.

El dictamen 145-2009, firmado por el fiscal Walter Milla López el 30 de noviembre último y refrendado por la jueza Martínez, determina que son 10 los nuevos agraviados por interceptaciones telefónicas y 80 las personas y entidades a las que se les ‘hackeó’ el correo electrónico, siendo casi 40 mil los e-mails que las visualizaciones en el Poder Judicial han podido identificar. Ante ello, la jueza Martínez amplió la acusación contra los procesados de BTR, esta vez por el delito de violación de la correspondencia

Los nuevos “chuponeados” son: la diplomática venezolana Virly Torres Curvelo, el ex presidente de la región Callao Rogelio Canchez Guzmán, la militante humalista Isabel Paiva Zárate, el broadcaster Genaro Delgado Parker, la ONG Grufides del padre Marco Arana de Cajamarca, la empresa AMBEV Perú, Agroindustria Laredo, el Estudio Quimper & Vélez abogados Asociados, el Estudio Bardales, Croci & Silva y el Estudio Linares Abogados. Estos nuevos nombres se agregaron a la lista encabezada por Rómulo León, Alberto Quimper, Cementos Otorongo y el Estudio García Sayán.