Seguridad La reconstrucción del crimen del mayor PN Felipe Bazán y el Informe de la Comisión precisan causas y responsables.

Bagua: Barbarie Revivida

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Pujupat y otros nativos condujeron a martirizado Bazán desde la Curva del Diablo hasta el borde del río donde le habrían dado muerte.

La Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua emitió su informe final el 22 de diciembre último, aunque dos de sus miembros, su presidente Jesús Manacés Valverde y la religiosa Carmen Gómez Calleja, se negaron a firmarlo.

Pese a ello y de modo sorpresivo, Jesús Manacés acudió a la reunión de comienzos de la semana en el Ministerio de Agricultura, cabeza política de la búsqueda de soluciones, en una suerte de espaldarazo.

El informe maneja sus averiguaciones y extrae sus conclusiones y recomendaciones con un encomiable sentido común que al parecer ha empezado a calar en varios niveles.

Los comisionados fueron la ex ministra de Salud e Interior, Pilar Mazzetti Soler, la ex ministra de la Mujer, Susana Pinilla Cisneros, el sacerdote Ricardo Álvarez Lobo, el líder indígena Jesús Manacés Valverde, el sociólogo Manuel Bernales Alvarado, la monja Carmen Gómez Calleja y Walter Gutiérrez Camacho, representante del Ejecutivo.

En el origen de los problemas que motivaron la investigación y su informe resultante, está el hecho de que desde los años 60’s grupos de colonos emigran hacia el departamento de Amazonas, alrededor del curso del río Marañón y empiezan a ocupar territorios que habían sido tradicionalmente de dominio aguajún-wampis.

Después de ellos se presentaron las compañías dedicadas a la extracción de petróleo y mineras, y empiezan a generarse los conflictos. Con esta realidad como substrato se produce el problema que desencadenó la tragedia de la Curva del Diablo y de la estación 6, que motiva el informe de la Comisión Especial.

Este toma como base del conflicto “los factores de exclusión económica, social y étnico-cultural de la población”. Esa situación de marginalidad crea una profunda desconfianza de las etnias hacia la inversión privada y hacia el Estado. “Frente a ello el descubrimiento de yacimientos de gas, petróleo y utilización hidroenergética que”, según el propio informe, “han dado un enorme protagonismo a la Amazonía, pero se ha ignorado a quienes la habitan”.

Después de estas consideraciones, se analizan las causas inmediatas del problema, atribuidas a los decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo sin consulta previa, la ausencia de diálogo, la dilación del Congreso en cumplir con la entrega del informe sobre los decretos ley impugnados y la falta de consulta en cumplimiento del convenio 169.

El detonante se produce “por las reivindicaciones exigidas por los indígenas, la presencia de los congresistas Janet Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez”, según acota el Informe. Además, a la difusión de “información desproporcionada e incluso falsa” que exacerbó a la población.

La toma de la Curva del Diablo merece especial mención y es consecuencia de “una imprevista y sorpresiva reacción de la población indígena en la etapa inicial (…) en cantidades bastante superiores al número de efectivos policiales”.

Un esquema similar se plantea en la masacre de la Estación 6 de Petroperú en donde se asesinó a 11 policías. En ambos casos, el informe recalca y puntualiza errores como “quienes..., propiciaron las movilizaciones y actos violentos urbanos: Partido Nacionalista, Ronderos, Sutep, Reservistas, Frentes de Defensa (...), instituciones del Estado (...) que generaron dispositivos legales sin cumplir el derecho de consulta (...), las ONG, que desarrollan una importante cultura de derechos (...) que no subraya el compromiso de deberes, (...) la falta de estrategia de las empresas que incursionan en la zona (…) y de un diálogo intercultural con los nativos”.

Finalmente el informe plantea sus recomendaciones en el sentido de que para resolver esos problemas se debe actuar desde su origen de manera directa y dialogante y crear o potenciar instituciones coherentes que traten de la relación con la Amazonía y sus habitantes.

Según César Villanueva, presidente del gobierno de la región San Martín, sería interesante que el Estado encuentre los modos para que el tema del manejo de las tierras y su propiedad esté debidamente avalado y aceptado, mediante procedimientos que en su criterio son sencillos y nada caros que, entre otras cosas, pongan coto a la deforestación generalizada que solo en la región Amazonas acaba con un promedio de 35,500 hectáreas por año, siendo el mayor porcentaje del país.