Opinión Por URIEL GARCIA CACERES

Hazañas de la Sabiduría Y de la Mala Práctica

Las disciplinas destinadas a prevenir, curar y preservar la salud de los humanos en el Perú han estado en constante progreso, desde el momento que se instaló la ciencia llamada biomedicina. Esta es una rama de la biología que está destinada a explicar con exactitud los fenómenos que ocurren en los organismos vivientes con evidencias verificables y reproducibles. En el ámbito nacional, al igual que en el mundial, los profesionales de la salud nacionales demuestran un excelente estado de progreso y de eficacia. Baste con recordar que sin las contribuciones de la biomedicina de altura realizada por científicos médicos peruanos, hubiese sido imposible para los científicos de países como Estados Unidos de América o Rusia, poner hombres en las alturas siderales. Así mismo que los aviones modernos, los de pasajeros o los de guerra, deban tener cabinas con aire interno a presiones atmosféricas que hagan posible la vida de pilotos y pasajeros. Después de la II Guerra Mundial, en la inauguración del gran Armed Forces Institue of Pathology, en Washington, Alberto Hurtado, médico investigador de la biología de la altura fue invitado para dictar una conferencia magistral, con asistencia del presidente Eisenhower. Esta es solo una de las tantas muestras de los numerosos aportes con que los médicos peruanos han contribuido al bienestar de la humanidad.

Por otro lado, es innegable que, como producto secundario del deterioro económico de los recursos para la salud, hay un creciente y peligroso aumento de una práctica médica carente del respeto por los derechos humanos, tanto contra los trabajadores de la salud como, especialmente, contra los usuarios de sus servicios. Esto ocurre a todo nivel, desde la formulación de las leyes y del concepto que los políticos, los partidos y gobernantes deberían tener sobre la estructura del Estado para atender la salud integral de la población. Hay que recordar, por ejemplo, que los pacientes de los servicios de salud del MINSA y de EsSalud, que pagan tarifas por los servicios que otorga cualquier hospital, no están protegidos por Indecopi. No pueden quejarse o ser resarcidos como ocurre con cualquier consumidor de un servicio contratado. Las leyes de defensa del consumidor no distinguen la calidad de los servicios. Sin embargo el paciente sin dos piernas, una amputada por error, no puede acudir a los servicios de defensa del consumidor para exigir que, por el resto de su vida tenga una enfermera las 24 horas del día, y un estipendio que le permita vivir con decencia. Eso y mucho más está establecido como mandato constitucional peruano, desde que nuestro Estado ha incorporado la Carta de los Derechos Humanos en nuestra Carta Magna.

No puede ser que por capricho de un gobierno, ya pasado, que mezclando la politiquería sucia y barata, haya producido la muerte de cinco criaturas deshidratadas (esto es lo que se pudo certificar, ya que es posible que en otros centros de salud hayan fallecido muchos otros) por usar sales de rehidratación envenenadas por la negligencia de un fabricante extranjero. Todo por no usar las Bolsitas Salvadoras, certificadas por Unicef, que en la mente distorsionada por el sectarismo, no eran políticamente convenientes. Esto fue ocultado bajo tierra junto con los cuerpos de las inocentes víctimas.

Resulta incomprensible que una paciente que acudió a Indecopi para defender su derecho por haber sido maltratada por un conocido profesional que atropelló a la paciente al negar su responsabilidad por haberle, accidentalmente, perforado el intestino grueso, durante una operación laparoscópica para extraerle una trompa uterina. Le sobrevino una peritonitis gravísima por materias fecales. Ese prestigioso médico concluyó que la causa estuvo en una “pancreatitis edematosa” (una enfermedad que no produce peritonitis) y que las materias vegetales (fragmentos de alimentos ingeridos por la paciente) eran, en realidad hilos de sutura. Toda esta patraña fue certificada por peritos otorongos.

Hay mucho más que hablar y comentar. Hay algunos casos que lindan con tragicomedias si no fuera porque se trata de atentados contra la vida y la salud. El maestro y mentor mío, el gran Pedro Weiss, decía, en la década de 1950: el torero como el médico-cirujano, cuanto más ignorante es más atrevido. Era la época en que no existía el Colegio Médico, ni la Organización Mundial de la Salud estaba en el actual nivel de su desarrollo. Weiss hizo este sarcástico comentario porque cuando trabajaba como asistente de ese maestro fui a recoger del balde donde se depositaban los órganos extraídos, en cada sala de operaciones, encontré (procedente de una misma operación) una vesícula biliar, un apéndice cecal y un riñón. Dos días después estuvieron listos los diagnósticos anatomopatológicos. Se trataba de vesícula con inflamación y piedras, el apéndice había sido extraído por profilaxis (en esa primitiva era no se pedía permiso a nadie) y el riñón fue diagnosticado como normal. Cuando se aclaró el asunto de ese órgano normal se supo que durante esa operación, la que fue realizada por un eminente cirujano (ya fallecido, hace tiempo) como parte de un programa de demostración práctica ante otros bisoños cirujanos; el maestro, después de extraer por profilaxis el apéndice, se lució ante sus alumnos extrayendo “un bulto o tumor” que no estaba registrado en la historia clínica y que resultó ser un riñón. Como un maestro de la muleta no se dio el trabajo de examinar el recorrido de su afilado instrumento. Arrancó aplausos por sacar un riñón, junto con una vesícula biliar. Hazañas de la docta ignorancia, como sentenció el gran Juan del Valle y Caviedes.

Hoy día ya existe una conciencia de defensa de los derechos humanos. Por ello sería muy comprensible que los colegios profesionales –que son entidades estatales creadas para que la sociedad esté debidamente resguardada de desviaciones en la deontología y ética de los profesionales– deban tener comités de Ética y Deontología compuestos por personas que no estén en el vaivén de las elecciones de las juntas directivas. Que además, su mandato dure por lo menos dos periodos, renovados por tercios y que probadamente no tengan conflictos de intereses, de todo orden (incluyendo gobierno, sector privado, compañías de seguros o de industrias conexas a la salud). Pero un cambio importante, en la composición de esos organismos, debe ser la incorporación de representantes de la sociedad organizada, como Indecopi y la Defensoría del Pueblo. Los representantes de dichas entidades deben llenar los mismos requisitos que los otros miembros de las comisiones de Ética y Deontología de los colegios profesionales.

Esta debería ser una de las necesarias modificaciones para enderezar los múltiples y muy graves problemas que actualmente existen en los procedimientos de atención a los pacientes. El de mayor importancia es la financiación. La ignorancia no debe ser más una disculpa para el maltrato al público consumidor de los servicios de salud.