Actualidad Los magistrados Vergara, Eto y Cruz son los puntales del controvertido abogado en el TC.
La Tremenda Corte de Ríos Castillo
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Javier Ríos Castillo, el controvertido abogado que pretende ingresar por la puerta falsa al Tribunal Constitucional. Fue opacado por el escándalo propiciado por tremendo juez pistolero Raúl Rosales. |
Apenas una semana tardó el juez Raúl Rosales Mora en declarar írrita la medida cautelar emitida por él mismo, que ordenaba la reposición del controvertido abogado Javier Ríos Castillo al Tribunal Constitucional.
Ahora dijo que suspendía la medida cautelar porque generaba “un posible conflicto de intereses”.
La sorpresiva decisión libró al Poder Judicial de curso de colisión con el Congreso. El miércoles 17 de febrero, el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, había salido en defensa de la cautelar de Rosales porque “hay que acatar los fallos judiciales, nos guste o no”. Pero la foto de Rosales apuntando con una pistola Beretta 9mm al fotógrafo Carlos Saavedra, carátula de la última edición de CARETAS, cambió el curso de los eventos. Rosales perdió todo apoyo institucional y solo contra los leones reculó a la velocidad de un rayo. Después se la pasó corriendo de estación de radio en estación, perseguido por una ráfaga de preguntas y por Saavedra indignado con justa razón. La revista CARETAS exigió el jueves 18 que Rosales sea destituido y sometido a examen psiquiátrico (ver más en esta edición).
Por lo pronto, la Oficina de Control de la Magistratura ya inició la correspondiente investigación (Ver Mar de Fondo). Lamentablemente ahí no acaba la cosa.
La conexión de Javier Ríos Castillo, beneficiado por la cautelar de Rosales, con ciertos magistrados del Tribunal Constitucional también debe ser materia de una severa investigación. CARETAS 2117 reveló la semana pasada las frecuentes visitas de Ríos Castillo al TC para entrevistarse con el presidente Juan Vergara, el vicepresidente Carlos Masías, y los vocales Ernesto Álvarez y Gerardo Eto en los últimos meses. La relación de visitas puso al descubierto la insólita permisividad de los magistrados citados hacia el demandante. El motivo de sus múltiples visitas: dinero.
El año pasado, Ríos Castillo interpuso ante el TC una secuencia de amparos exigiendo el pago de un total de US$ 700,000 a la Universidad Ricardo Palma, entre principal y devengados, por asesorías legales que nunca realizó ni le fueron solicitadas en fechas en las que estaba prófugo de la justicia peruana en EE.UU., a finales de la década de los 90’s.
Los magistrados visitados fallaron todos a favor de Ríos Castillo en diferentes etapas del proceso.
El 8 de junio del 2009, el TC ordenó a la Universidad Ricardo Palma cancelar a Ríos Castillo tanto el principal como los devengados por honorarios profesionales. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia, contra quien Ríos Castillo interpuso el amparo, había reconocido un saldo menor. Votaron en ese sentido los magistrados Vergara, Mesía, Calle, Eto y Álvarez.
Pero en octubre, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema falló en contra de dicha sentencia, fallando a favor del recurso de nulidad presentado por la U. Ríos Castillo, a punto de perder la soga y la cabra, interpuso un amparo de agravio ante el TC en contra de la Sala Constitucional.
El curso del proceso se torna a partir de entonces raro y contradictorio. En el caso El Frontón o Teodorico Bernabé, los magistrados Vergara, Calle y Álvarez se ampararon en el Código Procesal Constitucional para desestimar la queja. Solo pueden ser vistos por el TC los recursos de amparo presentados por demandantes que pierden un juicio. El suboficial de la Armada Teodorico Bernabé había ganado el suyo. Y la U. Ricardo Palma el propio. Pero el TC aceptó el amparo de Ríos Castillo.
El proceso marchó a ritmo de tondero. El 8 de enero, el TC declaró nula la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y ordenó tajantemente “que el Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima y la Tercera Sala Civil de Lima, ejecuten inmediatamente la sentencia casatoria (…) y que, por ende, se satisfagan todas las pretensiones demandadas en el proceso de cobro de honorarios profesionales”. En la resolución se encargaron de fustigar al Poder Judicial.
Cuando la U. Ricardo Palma interpuso un recurso de nulidad saltó la liebre. El ente constitucional no había cumplido con notificar a las partes ni realizado la Audiencia Pública. A pesar de ello, el TC lo declaró improcedente. “La Universidad no tenía por qué ser notificada de la existencia del presente expediente para que ejerza su derecho de defensa”, admitió, “pues este ya fue ejercido de manera plena en el expediente 04197-2008 . PA/TC”. Y punto.
Apenas dos magistrados suscribieron esta última resolución, el 19 de enero: Eto y Álvarez.
El caso Ríos Castillo está plagado de serios vicios procesales. Primero admitió un amparo que no le correspondía. Segundo, no notificó ni celebró Audiencia Pública. Tercero, dio por sentada una resolución suscrita apenas por dos magistrados, lo cual escapa del reglamento. Por último, Ríos Castillo ingresaba al TC como Pedro por su casa.
Los vicios procesales convirtieron al caso en una papa caliente. Los magistrados se fueron inhibiendo uno a uno. Así, la legitimidad del amparo cayó en cascada. La primera sentencia la firmaron cinco magistrados. La segunda, cuatro. La tercera, tres. La última, dos.
El primero en tirar la toalla fue Mesía. El inhibirse no lo libró de sospecha. El vicepresidente del TC había sido contratado por la U. Ricardo Palma. El último en inhibirse fue Vergara, de manera destemplada. “Ante las antojadizas versiones de la universidad emplazada, que dicen de las inaceptables –por mentirosas– relaciones de amistad entre el suscrito y el demandante, doctor Ríos Castillo, considero de mi deber abstenerme por decoro”. Pero si eran mentira, ¿por qué se inhibió?
Ya para entonces Vergara había estampado su firma en la controvertida resolución del 8 de enero.
Se desconoce cuál es la fuente del poder de Ríos Castillo para forzar la puerta del Tribunal Constitucional contra viento y marea.
No debe perderse de vista que fue el propio TC la instancia que anuló los fallos previos del Poder Judicial y puso el caso de Ríos Castillo en manos del juez Rosales. Al hacerlo contravinieron su propia jurisprudencia, por ejemplo, el caso de la ex Contralora Luz Áurea Sáenz.
“EL TC no puede actuar al ´caballazo´”, declaró a CARETAS el Presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein.
Su enérgica defensa a la cautelar de Rosales ordenando la reposición de Ríos Castillo al TC lo dejó tirando cintura. Al día siguiente, tras el recule de Rosales, el presidente del PJ intentó poner paños fríos: “Usos de la guerra son vencer y ser vencidos”. Claro, siempre y cuando se usen las armas adecuadas.
Conflicto de Intereses En el CNM
Abogado Mario Amoretti y Fiscal Avelino Guillén sí habían litigado en un proceso anticorrupción. Con esto el concurso quedaría deslegitimado. |
Estas proporciones ha adquirido la crisis al interior del Consejo Nacional de la Magistratura cuando la gota rebasó el vaso, debido al cuestionado concurso de selección de magistrados supremos.
El punto de partida lo dio el caso del Fiscal Avelino Guillén, ya que el abogado Mario Amoretti Pachas, uno de los elegidos por la Comisión de Selección y Nombramiento del CNM para elaborar y corregir el examen de los postulantes a la rama del derecho penal, a pesar de haberlo negado, en realidad sí ha litigado contra Guillén en el caso Mobetek, donde el ex presidente Alberto Fujimori, su ex ministro de Economía, Jorge Camet Dickmann, y el entonces Contralor Víctor Caso Lay, fueron acusados de la irregular compra de repuestos de helicópteros y camiones Mercedes Benz para el Ejército por un monto de US$ 250 mil entre 1994 y 1995.
Aparte de esta controversia y del escándalo de corrupción de que se acusa al consejero Efraín Anaya por cobrar ‘cupos’, lo cierto es que la forma en la que llevaron a cabo los exámenes de ascenso viola el propio Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura.
El nuevo reglamento de concurso aprobado mediante resolución 616-2009 del 27 de octubre del 2009, que se aplicó para el actual proceso de nombramientos, señala en su artículo 26° exactamente lo mismo que el anterior: “corresponde a la Comisión (de selección y nombramiento) conducir todo el proceso del examen escrito, desde su diseño y elaboración hasta su calificación, con la asistencia técnica de personal especializado”.
Resulta entonces que de acuerdo a la propia norma interna era deber de la Comisión de Selección y Nombramiento integrada por Francisco Delgado de la Flor, Luis Edmundo Peláez Bardales y Efraín Anaya Cárdenas, elaborar el examen con la “asistencia técnica de personal especializado” mas no delegar en personas completamente ajenas al CNM.
Al caso Guillén se suma el de Teófilo Idrogo Delgado, quien entre otros cargos fue integrante del Ceriajus (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia), presidente del propio Consejo Nacional de la Magistratura, catedrático universitario de larga data y autor de varios textos de derecho.
“En mi vida profesional es la primera vez que sufro un revés en un examen de este tipo. He participado en concursos desde el año 1975, en 1982 obtuve el primer puesto a nivel nacional y eso me indujo a prepararme desde el 2006 para concursar después de hacer mi curso de ascenso en la Academia de la Magistratura y después ¿ser desaprobado en una prueba subjetiva que no evalúa el nivel?”, sostuvo Idrogo a CARETAS. (Patricia Caycho).