Narcotráfico Voluminoso atestado de la megainvestigación a la familia Sánchez Paredes llega al despacho del fiscal Jorge Chávez.

Un Millón de Folios

Fiscal Jorge Chávez Cotrina estudiará expediente de más de un millón de folios.

Al cierre de esta edición, los miembros del Equipo Especial de Investigación (EEI) continuaban “foliando” el informe final, de más de un millón de documentos, de la megainvestigación a la familia Sánchez Paredes por lavado de dinero que culminó el viernes 26, tras dos años de complejas pesquisas (CARETAS 2118).

El atestado será entregado esta semana al fiscal Jorge Chávez Cotrina, quien ha acondicionado, en el sótano del Ministerio Público (MP), un ambiente especial para analizar el voluminoso expediente que contiene peritajes contables y los expedientes ‘Rancho Luna’ (México) y ‘Tijero’ (Miami), que comprometen principalmente a Orlando y Manuel Sánchez Paredes, así como a Fidel Sánchez Alayo, en narcotráfico.

Según fuentes del MP, Chávez resolverá en menos de dos semanas. El trámite regular es que el dictamen fiscal, en caso sea acusatorio, ingrese por mesa de partes al Poder Judicial y de allí a un juez penal de turno que tiene menos de 24 horas para denunciar. Sin embargo, trascendió que el director de la Policía, general Miguel Hidalgo, solicitó al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, que nombre un juez ad hoc para este caso. Villa Stein manifestó que esa decisión la tomará el polémico presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega.

El ‘búnker’ en el que trabajará Chávez cuenta con estrictas medidas de seguridad, tales como cámaras de vigilancia y un sistema electrónico con claves de acceso al lugar para evitar “robos” o cualquier otro incidente extraño.

Ocurre que la megainvestigación ha estado plagada de misteriosos sucesos.

Manuel Sánchez interpuso un nuevo hábeas corpus para quedar fuera del caso.

Un ‘informe confidencial’, titulado “Funcionarios Públicos que han intentado interceder a favor del clan familiar Sánchez Paredes”, resume estos incidentes y señala a los personajes involucrados. El documento fue elaborado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

La ‘mega’ arrancó el 14 de enero del 2008, impulsada por el propio Presidente de la República, y le fue encargada al titular de la Segunda Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Eduardo Castañeda Garay. Sin embargo, un año después, el 27 de marzo del 2009, éste fue removido del caso y reemplazado por el fiscal Jorge Chávez Cotrina. Las razones de lo ocurrido permanecieron en secreto hasta hoy.

Según el informe de la Digimin, la Fiscal de la Nación removió a Castañeda “al encontrarle presunta complicidad con los investigados al concederles todos los pedidos que solicitaban; revelar a los investigados el nombre de los testigos y entregarles copias de sus solicitudes de colaboración; paralizar en dos oportunidades el desarrollo de la investigación por esperar que se resuelvan las acciones de hábeas corpus planteadas; dilatar innecesariamente la remisión de las cartas rogatorias al extranjero y tergiversar el pedido formal del equipo de investigación”. Todo esto, por supuesto, retrasó la pesquisa y permitió, a la larga, que algunos investigados, como es el caso de los hermanos Sánchez Miranda, sean excluidos del proceso por una supuesta “ampliación innecesaria del plazo de la investigación”. (CARETAS 2115).

Otros casos registrados en el informe secreto de la Digimin son los siguientes:

- “El coronel PNP Alejandro Rodríguez Flores y el comandante PNP Óscar Campos Atoche (este último labora en la Dirección de Investigación Criminal), entre los meses de febrero y marzo del 2009, llamaron en cinco oportunidades al jefe de la Unidad Técnico Contable del EEI para averiguar sobre el estado en que se encontraba la elaboración de los peritajes contables del caso. El primero de los nombrados le solicitó que ‘apoye’ a los principales investigados, que después habría ‘algo’”.

- “El ex ministro del Interior, general PNP (r) Remigio Hernani Meloni y su hermano, el general PNP (r) Aurelio Hernani, según refiere el testigo Jorge Chávez Montoya, ‘Polaco’, después que este declaró y confirmó las actividades de financista del narcotráfico que desempeñó Fidel Sánchez Alayo en un embarque de droga a Miami en la década del ’90, lo llamaron al penal de Iquitos en varias oportunidades –entre los meses de abril y mayo del 2009– y lo presionaron para que no siga colaborando con la Policía, prometiéndole entregarle una suma de dinero que nunca se concretó”.

Hernani fue titular del Interior desde octubre del 2008 hasta febrero del 2009.

- “El suboficial PNP Martín Fonseca Herrera, de la Dirandro, en agosto del 2009 se contactó con un efectivo del EEI y le propuso que consiga un ‘apoyo’ para que ‘no la taquen’ a la empresa Comarsa de Orlando Sánchez. A cambio le informó que un abogado vinculado al estudio Nakazaki pagaría, por ese ‘apoyo’, 300,000 dólares”.

- “El ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre, en el mes de octubre del 2009, sirvió como intermediario para que el director general de la Policía, Miguel Hidalgo, reciba en su despacho a un comandante del Ejército, quien indicó que venía en representación de Manuel Sánchez Paredes para buscar ‘apoyo’, pues su familia se encontraba muy preocupada”. El incidente fue consignado en CARETAS 2106.

- “El 6 de noviembre del 2009, la procuradora Sonia Medina se entrevistó con el jefe del EEI y le informó que un congresista de UPP la había llamado por teléfono para avisarle que un mayor ‘Dávila Llanos’ estaba filtrando información a Fidel Sánchez Alayo sobre los avances de la investigación. El jefe del EEI, como medida preventiva y a fin de neutralizar y reducir los riesgos que se podrían presentar, retiró inmediatamente del equipo al mayor PNP Eduardo Dávila Llanos, y dispuso que se le realice una investigación reservada interna, así como la revisión de su computadora, el análisis de sus llamadas telefónicas y un examen de polígrafo”. (AZ, RM)