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Actualidad José Enrique Crousillat se debate entre el pinchazo y la cana.

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En cuestión de pocas horas, el oficialismo pareció disparar en varias direcciones con respecto al indulto otorgado en diciembre pasado a José Enrique Crousillat. La historia había vuelto a comenzar el lunes 8, cuando el abogado defensor de Crousillat, Jorge Castro, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra todos los involucrados en el rescate del Canal 4 vía procedimiento concursal ante Indecopi y actuales directivos de ese canal.

En días anteriores habían aparecido fotos de Crousillat veraneando en las playas de Asia y almorzando en el exclusivo restaurante Costanera 700. El relax parecía contradecir la condición cardíaca que lo sacó de San Jorge.
Era una bola de nieve que se veía venir. En las últimas semanas, el grupo El Comercio había presentado hasta cuatro acciones de amparo ante el Poder Judicial para neutralizar una eventual movida de Crousillat (CARETAS 2117).

La noticia coincidió con la primera sesión de la nueva dirección política aprista (ver nota aparte). Jorge del Castillo recordó durante el encuentro el acoso que sufrió el actual partido gobernante por parte del Canal 4 vendido a Vladimiro Montesinos. Esto incluyó “chuponeo”, cuyos resultados eran presentados por los programas periodísticos de América, e incluso cámaras enviadas a París para seguir a Pilar Nores.

En la mañana siguiente, tanto Del Castillo como Omar Quezada se pronunciaron en contra del indulto y un comunicado aprista refrendó la posición minutos antes de la una de la tarde. Alan García recogió el guante y dijo que “una persona que está mal de salud no está en Asia ni en Costanera 700. Lo primero que voy a pedir es que se estudie nuevamente (el caso) y que se le solicite a la persona (Crousillat) que se someta nuevamente a exámenes... Lamentablemente comienza uno a sentir que ha sido burlado (…) Está bien tener buena voluntad y ser humanitario, pero hay que demostrar que uno no ha sido sorprendido”.

Pero el médico de cabecera más improbable llegó en la forma del ministro de Justicia Aurelio Pastor, que acudió al Congreso esa misma tarde para responder por la naturaleza del indulto. “Más allá de la indignación del Presidente, hay algo que está por encima de todos: la ley”, concluyó.

Pastor sostuvo que, de acuerdo a los informes médicos y la edad de Crousillat, correspondía el beneficio. Advirtió además que renunciaría al cargo si éste era anulado. El artículo 139, inciso 13 de la Constitución es concluyente y sanciona que los indultos, derechos de gracia y amnistías, producen el efecto “de la cosa juzgada”. Es decir, son irrevisables. Ya hay quienes hablan de nulidad si es que se demuestra que la salud del beneficiado no era tan endeble. Pastor calificó la posibilidad de ese debate constitucional como una mera exquisitez.

El ministro asistió al Congreso acompañado por el funcionario Miguel Facundo Chinguel, que encabeza la Secretaría Especializada de Gracias Presidenciales. Chinguel tiene un pintoresco historial. Durante el fujimorismo fue asesor del muy cuestionado congresista fujimorista Alejandro Abanto Pongo, recordado por una acusación de tráfico de influencias en la que fueron estafados humildes campesinos y un frustrado proyecto de ley para prohibir la minifalda. Abanto fue compañero de promoción de Absalón Vásquez y alumno de Alberto Fujimori en la Universidad Agraria.

A diferencia de lo que ocurre con el indulto, el celo constitucional de Facundo no es tan pronunciado en otros casos. Hace pocos días se lanzó sin ninguna esperanza a la secretaría general del partido y propuso la constitucionalmente imposible reelección inmediata de Alan García. Su otra propuesta fue la reincorporación de Agustín Mantilla al partido (CARETAS 2118).

Entre las redacciones se especula que la decisión de indultar a Crousillat pudo tener como móvil, para Palacio, la muy crítica posición del Canal 4 frente al gobierno. Y en verdad, la línea editorial de América no parece reconocerle al régimen ni una virtud.

Pero la estrategia judicial de Crousillat no tiene asidero. El abogado Castro hizo público un audio del interrogatorio hecho por él a Eugenio Bertini, gerente general del Banco Wiese Sudameris hasta setiembre del 2002, poco antes de llevarse a cabo la intervención del Canal 4 por la junta de acreedores. El banco poseía el 18 % de las deudas que tenía el canal. Castro señala que de lo dicho por Bertini quedan claras las presiones del ex presidente Alejandro Toledo para darle el canal al consorcio de los grupos El Comercio, La República y, en un principio, los colombianos de Bavaria. La especie fue rebotada con entusiasmo por periodistas como “Chema” Salcedo.

Si bien es cierto que Toledo parecía inclinarse en un momento por licitar directamente los canales que vendieron su línea a Montesinos, también trascendió que puso trabas al triunvirato que finalmente se hizo del canal (CARETAS 1761). Consorcio que, por cierto, cumple con sus obligaciones tributarias, muy a diferencia de Crousillat, que dejó quebrada la empresa, declarada en insolvencia a pesar de las montañas de dinero pagado por Montesinos. El ex mandamás del 4, con su hijo todavía en la cárcel y una larga historia de fugas, expresó como pocos el estilo gansteril del fujimorato para copar los medios. Además resulta paradójico que la yunta y asalariado del Doc recurra ahora al Poder Judicial para buscar recuperar el canal. Él mismo que en un vladivideo fanfarroneaba con sobornar a un juez con una dama de compañía argentina. “Un monstruo”, decía.


 


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