Actualidad TC versus Poder Ejecutivo: Un cargado segundo round.

Tentempié Constitucional

Vergara del TC y Velásquez Quesquén coincidieron en cena para presidenta argentina. Premier anunció proyecto de ley para ajustar al tribunal.

La sentencia del Tribunal Constitucional que le dio la razón a Cementos Lima y restableció el arancel del 12% a ese producto importado redujo casi a escombros la relación entre ese organismo y el Ejecutivo. Como lo advirtió la ministra Mercedes Aráoz (CARETAS 2121), la verdadera amenaza para el gobierno no estriba en el significado de la importación del cemento, que representa una fracción mínima de la torta en esa actividad, sino en la probable cola de demandantes que podrían poner en serio riesgo la política de TLC impulsada con tanto ahínco por la propia “Meche” durante su paso por el sector de Comercio Exterior y por Luis Carranza, su predecesor en el MEF. Fue éste quien, en lo que fue una insólita coincidencia con el ex ministro Hernán Garrido Lecca, accedió a desmontar los aranceles en medio de la emergencia que se vivía en Ica en el 2007. Y una difundida versión sostiene que ahí empezó el espionaje que desembocó en la historia de los “petroaudios”.

Ya se espera, por ejemplo, que Conveagro presente una demanda similar. Lo mismo que Samuel Gleiser, mandamás de la Corporación que fabrica los cierres Rey.

El presidente Alan García salió al frente el domingo 21 para calificar la sentencia como “extraña”. García añadió que “no me animo ni lo diría nunca, porque no me gusta lanzar acusaciones, pero hay mucho dinero de por medio, miles de millones de por medio y se hace extraño que se tome una decisión que invade los fueros del Presidente”. No lo diría pero lo sugirió muy claramente.

García le pidió al Congreso que defina las atribuciones del TC. “Entonces por qué no dan decretos o presiden ceremonias públicas”, ironizó. “Y no es la primera vez”. La seguidilla de sentencias controversiales y auténticos escándalos como la influencia de un personaje como Javier Ríos Castillo (CARETAS 2117) parecía colmar el vaso.

A la mañana siguiente el presidente del TC, Juan Vergara, respondió en conferencia de prensa que “el TC es el contralor frente a los excesos del poder... No hay ningún sector ajeno a nuestro control. Nos ha extrañado, y estamos un tanto confundidos por las versiones de las palabras del Presidente, que habla de invasión de facultades y corrupción”.

Terció en el debate el magistrado Carlos Mesía y el choque llamó la atención más todavía por su conocido pasado aprista. “¿Esto es acaso una insinuación de defenestrar a los miembros del Tribunal como en la época de Fujimori, o simplemente se trata de una reforma de la Constitución que permita mejorar la institución?”, preguntó. “Que el Congreso pueda limitar al Tribunal lo veo difícil, porque dicho organismo justamente ha sido puesto allí para controlar al Congreso y no al revés”.

El presidente del TC, Juan Vergara, asistió la noche del lunes a la cena ofrecida en honor de la presidenta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo que fue interpretado como una señal de distensión. Pero Mesía volvió a la carga al día siguiente para responder al anuncio del nuevo ministro de Justicia, Víctor García Toma, del proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso para delimitar las funciones del tribunal. Mesía lamentó que “a un ex presidente del TC se le encargue que vaya en contra de todo lo que pensó y dijo”.

No era el caso. Menos de dos días antes de juramentar como ministro, García Toma declaró a CARETAS que “yo he sido parte del TC, pero en los últimos tiempos vienen metiendo la pata... Su creciente desinstitucionalización está produciendo pavor, inhibición, rechazo” (CARETAS 2121). Apenas designado refrendó que “esa sentencia era errática y ha significado una invasión a los fueros y competencias del Poder Ejecutivo y del Parlamento, porque quien establece la política arancelaria en el Perú es el Poder Ejecutivo y el control de esa política corresponde al Parlamento”. También hizo alusión a los “conflictos internos” que vienen deteriorando el trabajo del TC.

Lo más probable es que el anunciado proyecto de ley se quede en el camino. Emprender una reforma constitucional para poner en cintura al tribunal tendría un costo político demasiado alto.

Es muy probable que antes, y mientras se aquietan los ánimos en la tribuna, ocurran dos hechos importantes. Lo primero es que el Ejecutivo reduzca considerablemente los aranceles del cemento, a lo que de hecho está facultado por la sentencia. Lo segundo, la elección de sus dos nuevos miembros en el Congreso. Según lo trascendido, la votación será postergada en al menos dos semanas y el objetivo es asegurar consenso. Paradójicamente, serán reemplazados Vergara y César Landa, los dos magistrados que emitieron votos singulares en contra de la sentencia cementera.

La controversia en torno al Tribunal Constitucional podría continuar en los próximos días. Está por darse a conocer la sentencia que zanjará el conflicto entre la Universidad Católica y el Arzobispado de Lima. ¿Qué pasará si el fallo favorece al cardenal Juan Luis Cipriani?

El del TC no fue el único conflicto que inauguró la agenda del ministro García Toma. El martes presentó a los nuevos miembros de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias. Fueron retirados el cuestionado Miguel Facundo Chinguel, que la presidía, y otros tres miembros. Ahora la encabeza Luis Armando Marill del Águila, catedrático y ex asesor del TC. De allí también se “jaló” a Daniel Figallo, que hasta la semana pasada era jefe del gabinete de asesores.

Figallo integra la Comisión pero además ya tiene entre manos una específica papa caliente. Se encargará de defender la legalidad de la anulación del indulto concedido a José Enrique Crousillat. El ministro adelantó que perdió peso el concepto de que en este caso “la cosa juzgada es absoluta e inatacable”. Y Figallo también deberá lidiar con el cobro de la reparación civil de S/.80 millones que le impuso como reparación civil el Poder Judicial (ha pagado solo un poco más de S/.10 mil). A ello se suman los casi S/.70 millones que recibió de Vladimiro Montesinos y que Crousillat también le adeuda al Estado. Pero el prófugo parecía buscar otro norte. Como si los conflictos del gobierno se concentrasen en unas pocas localidades, el ex broadcaster fue buscado el fin de semana por la Policía en centros poblados de Olmos y Motupe.