Actualidad “Chuponeadores” son los principales beneficiados con escándalo de documentos perdidos. Solución está en “archivo espejo” con todo el material original en manos del Poder Judicial.

De Oreja a Oreja

Marinos retirados Carlos Tomasio y Manuel Ponce con la sonrisa a flor de piel por los pasillos del Poder Judicial.

El último escándalo de archivos perdidos –o hasta cambiazo– en los USB incautados a Giselle Giannotti amenaza con tumbarse el proceso contra los presuntos “chuponeadores” de la empresa Business Track (CARETAS 2122).

Al cierre de esta edición, el martes 30, la jueza María Elena Martínez debía emitir un dictamen sobre las tachas presentadas por Giannotti a dos de sus cuatro USB, decomisados por la Policía en su casa de Las Casuarinas el mediodía del pasado 8 de enero del 2009.

Martínez aguardaba el informe de la ingeniera electrónica Judith Rosa Cazasola Bonifaz, veedora del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) que, se supone, validaría el peritaje del ingeniero de sistemas Rubén Busta Arroyo, según el cual dos USB marca Boston de Giannotti habrían sido cambiados en la etapa investigatoria. Busta es el perito contratado por el propio Poder Judicial, en abril del año pasado.

Si Martínez admite las tachas de Giannotti, los USB en cuestión no podrán ser tomados como pruebas válidas en el juicio. Alentados por la situación, otros procesados como los marinos Carlos Tomasio y Manuel Ponce, las cabezas de Business Track, ahora alegan que sus USB también fueron “alterados” por los investigadores y amenazan con tirarse abajo el proceso. Están chinos de la risa. Es la estrategia que vienen afinando desde hace meses (CARETAS 2076).

La historia ha tomado varios derroteros en los últimos días. El jueves 25 el diario La República denunció que “un intruso ingresó al despacho de la jueza Martínez y borró 592 archivos”. En el transcurso de los días, la figura del robo fue reemplazada por la de “eliminación” de audios y correos electrónicos.

Acta de visualización de uno de los cuatro USB incautados por la Policía a Giselle Giannotti en su casa de Las Casuarinas.

Pero en el peritaje presentado el 22 de marzo ante la jueza Martínez, Busta asegura que estos dos USB son “diferentes en el chasís y en el contenido” con los que decomisó la Policía y remitió al Ministerio Público. Por lo tanto, concluye Busta, “existe la posibilidad de que la muestra que vio la Policía no ha llegado al juzgado”.

Establece que, producto del cambiazo, desaparecieron 592 de los 1,024 archivos que existían en los dos USB’s que la Policía incautó a Giannotti.

Las conclusiones del peritaje motivaron que el fiscal Walter Milla denunciara el hecho ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) y desatara el escándalo.

Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, negó la acusación y, por el contrario, le pasó la pelota al Ministerio Público y a la Policía (ver entrevista).

Antes ya hubo cuestionamientos porque en las actas firmadas por la jueza Martínez sobre los discos duros de Ponce no se incluyó material previamente filtrado a la prensa (CARETAS 2109). El propio presidente del Congreso, Luis Alva Castro, llamó la atención sobre las aparentes omisiones.

Aquí también hay gato –o archivo– encerrado. Pero quien hubiera organizado el supuesto complot del borrador olvidó, o no sabía, que el propio Poder Judicial tiene una copia fiel de todo lo incautado. Es el llamado “Archivo Espejo”.

Dicho ‘back up’ o copia de seguridad fue hecha por el Equipo Especial de Investigación (EEI), que dirige el coronel PNP Carlos Morán Soto, al momento de visualizar la información contenida en los dispositivos requisados a Giannotti.

La visualización de los archivos fue el 12 y 13 de enero del 2009, en presencia de Giannotti, dos de sus abogados y un representante del Ministerio Público.

El EEI usó el software Encase que permite “aspirar” el contenido de un USB y crear una copia del mismo sin alterar el contenido. El programa fue utilizado exitosamente durante el análisis de los discos duros de Fernando Zevallos y de otros narcos.

Ese 12 de enero del 2009, a las 11 y 30 de la mañana, se procedió a analizar la información contenida en el USB marca Boston 2GB, color amarillo. Se verificó que la fecha de último acceso fue el 17 de octubre del 2008. La fecha de última creación de archivo fue el 27 de agosto del mismo año y la fecha de última escritura un día previo. Contenía 475 archivos, de los cuales se visualizaron 436.

Aparecen correos electrónicos de Rómulo León (roleon@terra.com.pe), así como e-mails de las siguientes cuentas francisco.garza@cemexusa.com; juancarlos.cardenas@excemex.com (se trata de los correos de la vertiente cementera de la historia. Como se recuerda, varios de ellos fueron supuestamente alterados para armar la historia). También audios de conversaciones entre Paola (Copara) y Rómulo León, Abel Salinas y León, León y Jéssica (secretaria de Luis Nava), León y Rosa Gadea (de la empresa Petro-Tech), así como documentos relacionados a Petroperú.

Otra carpeta titulada “música con fechas” contenía archivos subtitulados como “Rey”. De allí se exhumó en la prensa la historia de los correos entre Rafael Rey y León, cuando la historia ya había sido ventilada con anterioridad y tratada en la Comisión parlamentaria que investigó el “chuponeo”.

Al final de la diligencia, la policía rectifica a pedido de Giannotti que el USB analizado tiene una capacidad de 1 y no 2 GB.

El mismo día, a las 19:00 horas, se analizó el contenido de otro USB marca Boston, de 2GB, color amarillo. Contenía 549 archivos, de los cuales se revisaron 460. Uno de estos archivos es el e-mail enviado por Rómulo León al entonces ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, en el que le pide recibir a empresarios de Israel. Todos son casos atractivos pero poco concluyentes que ya fueron ventilados en la prensa.

La Policía no analizó otros dos dispositivos de Giannotti porque no “pudieron ser reconocidos ni leídos (not supported)”. En todo caso, ni ella ni sus abogados detectaron anomalías en la visualización y firmaron las actas policiales sin trabas.

Son estos dos USB, marca Boston, los que ahora se alegan “cambiados”.

La cronología en el traslado de las evidencias no arroja sospechas. El 22 de enero del 2009, el EEI remitió el atestado con las especies incautadas, originales y copias, a la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, que despacha Walter Milla. Una fuente policial de alto nivel aclaró que “si por algún motivo la evidencia original fue destruida o alterada, se puede acudir a la imagen obtenida a nivel de investigación preliminar, al ‘archivo espejo’, toda vez que es un fiel reflejo de la original y que le fue entregada al doctor Milla”.

Por su parte, Milla recordó que, una vez recibido el atestado policial y todo el material de Business Track, solicitó al Poder Judicial, a través de la propia Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, que se ampliara el periodo de la investigación por 90 días, argumentando que faltaba investigar el 92% de los archivos incautados.

La propia jueza Martínez aceptó, pero una semana después solicitó que todo lo actuado regrese al Poder Judicial para evitar “dañar el debido proceso” (CARETAS 2066).

El traslado de las pruebas se realizó, un mes después, el 24 de febrero y el destino inicial fue el 34o Juzgado de la Corte de Lima, en la avenida Abancay. Posteriormente, el 3 de abril, Villa Stein pidió traer el material a un ambiente especial de Palacio de Justicia. Se supone que desde esa fecha originales y copias permanecen en el Poder Judicial. Bastaría ahora con rescatar el ‘Archivo Espejo’ de los dos USB incautados en Las Casuarinas y comparar su contenido con los que tiene la jueza Martínez para resolver la confusión. Ese es el primer paso que las autoridades deberían dar antes de proseguir con codazos y puyas que solo benefician a los procesados.