Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra sus primeras sesiones en el país.

La Audiencia de Lima

Diego García Sayán, primer presidente peruano de la CIDH. “La Corte les pertenece a los países”.

Diego García Sayán comenta entre sonrisas que lo que vivirá la próxima semana será “como la primera comunión”. Efectivamente, los siete miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrarán en Palacio de Justicia, entre el 12 y el 15 de abril, sus primeras audiencias en el Perú. Y es el ex ministro el primer peruano que preside el tribunal internacional.

Ya se han inscrito más de dos mil asistentes en la página web y el Poder Judicial transmitirá las audiencias en todas sus sedes. Durante estas audiencias no se ven casos del país anfitrión porque “la idea es que el público no tenga que involucrarse”. El colectivo, por cierto, llega en un momento de fuego cruzado entre Corte Suprema, Ministerio Público y Tribunal Constitucional.

–¿Por qué hacer audiencias en los distintos países?
–Porque la Corte les pertenece finalmente a los países. No es un grupo de burócratas que se mueve en la estratosfera. Sus decisiones regresan a los estados. Es muy importante que haya no solo legitimidad formal, con los tratados vigentes, sino sustantiva. Tener la percepción de un tribunal serio, que escucha a las partes, a los peritos y testigos. Segundo, dejar en claro que la Corte no está para reemplazar a los tribunales nacionales sino que es subsidiaria y complementaria cuando estos no funcionan. La Corte ha cumplido 30 años y esta experiencia tiene cuatro. Al comienzo había escepticismo. En la Corte Europea no entendían: ¿para qué se van a mover si tienen su sede? Pero nuestra sociedad tiene mucha curiosidad e interés. En los meses siguientes a estas audiencias hemos visto que los países empiezan a utilizar más la jurisprudencia y los criterios de la Corte en su dinámica judicial.

–¿Cuántos casos se van a ver?
–Tres. Uno es una desaparición de dos personas en la dictadura de (Hugo) Banzer, donde están de por medio la investigación de los hechos, las reparaciones y el tema de la impunidad. Hay un caso bien interesante de Paraguay; tiene que ver en esencia con el problema de la tierra y es un trámite de reivindicación donde el propio Estado reconoce que hay una deuda con las comunidades indígenas.

–Muy pertinente para el Perú.
–Así es. Hay varios casos que la Corte ha visto sobre consulta previa a las comunidades. Y otro caso más truculento es el de una señora indígena que fue víctima de violación en México. Es un caso análogo al de Ciudad Juárez, con la victimización de las mujeres en el centro del debate.

–¿Qué tiene que pasar para que los casos lleguen a este punto?
–La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta el caso a la Corte, que transfiere el caso al Estado para que conteste. En paralelo se recibe el escrito de las presuntas víctimas. Terminada esa fase escrita, donde se reúne el 80% o 90% de las declaraciones, se llega a la audiencia oral.

–El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acaba de decidir la creación de un Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales. ¿Será útil?
–No hemos sido informados pero me parece bien. Muchas veces las decisiones de la Corte no necesariamente tienen que ver con decisiones judiciales, pueden tener que ver con decisiones presupuestales, por ejemplo, el pliego de un ministerio que tiene que sufragar una reparación. No necesariamente es un juez el que tramita eso. Pero cualquier esfuerzo para formalizar estos procesos es positivo. Se va viendo que los estados en su gran mayoría empiezan a tomar en serio el sistema, que una defensa mal hecha tiene un costo económico y político y que más vale tener buenos abogados que presenten las pruebas y los alegatos oportunamente. A veces hay quejas porque las reparaciones impuestas son muy altas, pero si se fijó un monto de esa naturaleza es porque la víctima lo pide desde el origen y no hubo un alegato en contra de eso. Cuando llega la sentencia, tarde piace.

Serán en Salón Vidaurre de Palacio de Justicia.

–El Tribunal Constitucional le pidió al Ministerio de Salud que pida opinión a la Corte Interamericana sobre la píldora del día siguiente, pero el ministro Óscar Ugarte decidió ir de frente a la opinión de la Organización Mundial de la Salud para reiniciar su repartición. ¿Qué opinión tiene del debate?
–Me es difícil hablar sobre el tema. Una de las opciones era que el Estado le pidiera una opinión consultiva a la Corte. Eso no se concretó pero tampoco podría descartarse en un futuro. En casos como ese lo que hace un tribunal serio es referirse a los peritajes que hay en ese momento.

–¿El ministro pecó de practicidad?
–No, diría que está en su derecho de resolver el tema de la manera más directa a través de una interpretación de la sentencia del TC. Como ha dicho el ministro, han aplicado la sentencia que remitía a una entidad técnica, porque el TC tal vez hubiera pecado de exceso si opinaban sobre las características de la píldora, del día siguiente siendo un tribunal de abogados. Tal vez alguien de su familia usa la píldora, pero no tienen cómo saber cuáles son sus defectos y cualidades.

–El TC, que de cierto modo es la instancia previa a la Corte Interamericana, ha tenido varias decisiones muy cuestionables. ¿Qué está pasando?
–No puedo meterme a evaluar eso. Sí espero que la justicia constitucional se siga consolidando. Que un tribunal pueda dictar decisiones discutidas por un sector de la sociedad es totalmente razonable y democrático. Que un tribunal pueda cometer errores también es humano, pero no perdamos de vista que nuestra justicia constitucional en manos de un tribunal es relativamente joven. Si bien aparece en la Constituición de 1993 sabemos las condiciones en las que operó. No puede ser que cada vez que se piense que el TC se ha excedido se piense en quitarle atribuciones o incluso disolverlo.

–Javier Villa Stein dice que debe pasar a ser una sala de la Corte Suprema y que el modelo actual está basado en los países de la ex cortina de hierro, que es una experiencia muy distante. ¿Qué piensa?
–No hay un modelo. Costa Rica tuvo una sala constitucional poderosa (pero supeditada a la Suprema) por muchos años. Sin embargo, la experiencia en América Latina está más vinculada a la España pos franquista o Alemania. Ninguno de los dos países estuvo detrás de la cortina de hierro. La más saltante experiencia ha sido la de Colombia. Nadie podría discutir que la Corte Constitucional ha desempeñado un papel muy importante en el equilibrio de poderes en medio de situaciones de violencia política, con partidarios del presidente en la cárcel acusados por paramilitarismo, y la Corte ha sido el camino para resolver el tema de la reelección. Después de que le negaron a Uribe la posibilidad de una tercera candidatura a nadie se le ha ocurrido recortar sus atribuciones.

–¿Lo que debe corregirse entonces es el proceso de selección?
–La selección de jueces en todo el sistema es un tema no resuelto en el Perú. Antes los jueces e incluso los vocales supremos los designaba el Presidente. Hoy hemos avanzado, no para tener un sistema ajeno a las influencias como ha pasado con el Consejo Nacional de la Magistratura, pero creo que de todos modos más transparente. Hay perversiones en el sistema democrático, y ni los países desarrollados pueden superar todavía las cuotas políticas, pero ya estamos hablando del carril correcto. (Enrique Chávez)