Justicia Las sesiones limeñas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tribunal en Acción

Magistrados Alberto Pérez (Uruguay), Margarette May Macaulay (Jamaica), Leonardo Franco (vicepresidente, Argentina), Diego García Sayán (presidente, Perú), Eduardo Vio (Chile), Rhadys Abreu (República Dominicana) y Manuel Ventura (Costa Rica).

Por primera vez en sus 30 años de creada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó al Perú para celebrar su XLI periodo ordinario de sesiones. Si bien ningún caso peruano será tratado en los cinco días de audiencias, esta visita tiene la particularidad que la Corte es presidida por un peruano, el jurista y ex ministro de Justicia Diego García Sayán.

El martes a las 9:16 a.m., en el Salón Vidaurre de Palacio de Justicia, los magistrados Leonardo Franco, de Argentina, Manuel Ventura Robles, de Costa Rica, la jamaiquina Margarette May Macaulay, la dominicana Rhadys Abreu Blondet, el uruguayo Alberto Pérez y Eduardo Vio de Chile llegaron al estrado preparado para la ocasión.

Sin duda el leit motiv de este periodo de sesiones es la transparencia. Como señaló el juez Ventura Robles a CARETAS, “es muy importante que se vea sesionar al Tribunal, que observen cómo se desarrolla una audiencia”.

El Salón Vidaurre estaba abarrotado. Abogados, magistrados, estudiantes e incluso los familiares de los estudiantes asesinados de La Cantuta (caso en que la Corte sentenció en contra del Estado peruano) estaban presentes.

La página web del Poder Judicial había colgado el link http://poderjudicialperu.tv/ para ver en vivo las sesiones en todas las cortes superiores del país.

La sesión del martes fue una clase maestra sobre cómo llevar una audiencia, con interrogatorios y alegatos sin caer en las soporíferas formas en que los tribunales peruanos, salvando el caso del megajuicio a Alberto Fujimori, suelen caer al priorizar la lectura de interminables documentos en vez de la ágil oralidad.

El caso inaugural fue el de la desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas en 1971 y su padre José Luis Ibsen Peña, en 1973, durante la cruenta dictadura militar boliviana del general Hugo Banzer Suárez.

Antes del inerrogatorio del hermano e hijo de las víctimas, Tito Ibsen, el presidente García Sayán le cedió la palabra a Samuel Tola, viceministro de Justicia, quien en breves cinco minutos pidió perdón público “a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia” a la familia Ibsen y manifestó la voluntad política por llegar a una solución.

A las 10 am fue el turno de Tito Ibsen, que contestó durante 40 minutos las preguntas de la abogada de la Comisión Interamericana, Silvia Serrano, su abogado Jaime Enríquez, la representante del Estado boliviano, Patricia Mendoza y los jueces Vio Grossi, Macaulay y Ventura Robles.

Tito Ibsen contó cómo su hermano, estudiante universitario, desapareció una noche y cómo tiempo después un comunicado oficial anunció su muerte, pero no entregaron el cuerpo. Narró, además, que a los 9 años su padre fue detenido luego de haber bregado un año por saber el paradero del cuerpo de su hijo mayor.

Contó, además, que recién en el 2008 pudieron ser identificados los restos de su hermano.

Una hora y once minutos después de iniciada la audiencia, tocó a Delia Cortez, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, contestar las preguntas. Narró en qué circunstancias dieron con los restos de Reiner. Su declaración demoró tan solo 30 minutos.

El perito Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo de Bolivia recalcó los pocos esfuerzos del Estado boliviano para llegar al fondo de este crimen. Hubo un momento tenso, cuando la representante de Bolivia cuestionó por qué Tito Ibsen pedía US$ 5 millones de reparación. Albarracín dijo: “La madre que busca a su hijo, el hijo que busca a su padre, no buscan plata, sino justicia”.

Por su parte, la psicóloga clínica Claribel Ramírez fue enfática en señalar que la familia Ibsen había sufrido daños psicológicos irreversibles. Duelo no resuelto, depresión crónica, estrés post traumático prolongado, alteración estructural de la personalidad son algunas de las trágicas secuelas a raíz de la desaparición de sus familiares.

Dijo: “obtener justicia sin duda ayudará a esta familia a aliviar su duelo”. Mientras decía esto, Raida Cóndor, madre del estudiante de La Cantuta, Armando Amaro, asentía suavemente con la cabeza.

A la 1 en punto, luego de cuatro horas, la tanda de interrogatorios culminó sin más sobresaltos que la tenue bulla que llegaba de los exteriores de Palacio, donde un grupo de manifestantes lanzaba pullas contra el Poder Judicial.

Un par de horas después llegaría el turno de los alegatos finales. Así de rápido. Para las 6:40 el Salón ya se encontraba vacío.

El magistrado de la Corte, Eduardo Vio, dijo a CARETAS que la importancia de este tipo de audiencias descentralizadas “coloca a los derechos humanos en la agenda del país. Eso ya es un aporte importante. Hay que acostumbrarse a que los estándares en materia de derechos humanos aumenten”.

El presidente del Tribunal, García Sayán, señaló también que la presencia de la Corte en el Perú fue un “acto de enorme importancia porque no se había producido nada parecido antes, que los tres poderes del Estado, más allá de la reiteración de los compromisos formales por los principios de los derechos humanos, han expresado su compromiso con las instituciones que se encargan de la supervisión y de dictar decisiones que son obligatorias y a veces antipáticas para los Estados”. (Patricia Caycho)