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Justicia Tribunal Constitucional dirimió temporalmente el litigio Arzobispado-PUCP a favor del primero. Universidad acudirá a instancias internacionales.

Campus de Batalla

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La PUCP reúne a más de 22 mil alumnos (entre pregrado y posgrado) cuya reacción aún está por dejarse saber.

Un mes antes del fallo del Tribunal Constitucional (TC) la mano del arzobispo se sintió nuevamente en la PUCP cuando César de los Heros, su capellán y nuevo director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria (CAPU), impidió que los sacerdotes jesuitas Jeffrey Klaiber, Luis Fernando Crespo y Rómulo Franco oficiaran la misa semanal.

La queja pública de los académicos se publicó en el número 172 de Punto Edu, en su edición del 5 de abril del 2010. Crespo preside el Departamento de Teología, acaso el área de mayor resistencia a las presiones del Gran Canciller de la universidad, Juan Luis Cipriani. Klaiber, por su lado, criticó duramente el rol de la Iglesia Católica (sobre todo en Argentina) en su libro Iglesia, dictaduras, y democracia en América Latina (PUCP, 1997). En la otra orilla ideológica, César de los Heros forma parte de Avanzada Católica (AC), una institución que recluta jóvenes como el Sodalicio y el Opus Dei, y que recibió una denuncia en el 2008 por acosar a un estudiante de la Universidad San Ignacio de Loyola según una nota de Perú21.

Con esa ‘guerra santa’ como marco contextual, cuatro votos a favor y uno en contra le bastaron al TC para desestimar un recurso de amparo del 24 de marzo del 2009 y, de paso, dirimir –al menos temporalmente– el largo proceso entre la Pontificia Universidad Católica de Lima y el Arzobispado. El TC declaró infundado el recurso contra la participación en la administración de los bienes de la PUCP de Walter Muñoz Cho, representante del arzobispo Juan Luis Cipriani.

La sentencia del TC fue firmada por los magistrados Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda y Fernando Calle Hayen. Los votos discrepantes fueron de Ricardo Beaumont Callirgos y Gerardo Eto Cruz.

La PUCP fue en busca de una protección constitucional (violación al derecho de propiedad y a la autonomía universitaria) y salió convertida en victimaria. Lo curioso es que los magistrados del TC al creer descubrir la verdadera voluntad de José de la Riva Agüero, han apelado a impresionantes consideraciones eclesiales y teológicas en una sección de la sentencia denominada La fe religiosa eclesiástica del causante y su vinculación con la universidad. Dos muestras interesantes: La intencionalidad sobre el acercamiento entre su heredera y la Iglesia Católica, no es algo que el testador escondió o minimizó… No debe sorprender, por tanto, que Riva Agüero haya dispuesto un nexo indisoluble entre la heredera de sus bienes con la jerarquía eclesiástica… A la luz de estas circunstancias, resultaría un despropósito pensar que, justamente, el elemento más fuerte que conecta a la PUCP con la jerarquía eclesiástica (a través del representante que designa el Arzobispo) pueda quedar fracturado o prácticamente eliminado. (…) A este prominente peruano (Riva Agüero) no le asaltó la idea de si la Universidad estaría en manos de jesuitas, dominicos o franciscanos; si encausaban su fe en la línea Opus Dei, del Padre de Andrea, Sodalicio u otros. Él solo pensaba en la jerarquía católica, apostólica y Romana, y punto.

El asunto debe dar muchísimo que hablar, no solo en el terreno jurídico sino también religioso, pues el TC ha tomado partido por una visión del catolicismo (no se sabe muy bien a qué título), que entiende que la mejor expresión del nexo y acercamiento entre la PUCP y la Iglesia es nada menos que el económico. M´zs interesante aun, nuestros magistrados entienden que el mejor garante de esa expresión es el Arzobispo de lima “y punto.” En estas circunstancias los temores de que la PUCP corre el peligro de verse transformada en una institución pre conciliar, han quedado constitucionalmente ratificados.

Si la actual resolución prevaleciese, la junta administrativa tendría la capacidad de decidir según el voto de sus dos miembros: el rector universitario y el representante del Arzobispado de Lima. En caso de discrepancia, dirimiría el arzobispo.

En la opinión pública, sin embargo, el peso de los más de 17 mil alumnos de pregrado podría inclinar la balanza.


 


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