Actualidad Bombardeo orquestado contra Jorge del Castillo esconde grandes intereses petroleros.

Campaña con Entraña

Acusan a Del Castillo de beneficiar a minera Monterrico de Julio Vera Gutiérrez, pero no hay sustentación en los hechos.

Antes de servirse en la bandeja, la cabeza de Jorge del Castillo ha pasado por una cocción lenta. Podría argumentarse que la vienen cocinando desde que hace un año y medio salieron los primeros “petroaudios” y se vio obligado a abandonar la jefatura del gabinete.

No debe olvidarse que detrás del caso se escondía un estofado espeso como el de Petro-Tech, empresa petrolera sustantivamente más grande que la implicada en la nueva ofensiva y que arrastraba millonarios contenciosos tributarios desde finales de los noventa.

El recalentado más inmediato comenzó hace una semana. Giselle Giannotti abandonó las relaciones públicas que tan hábilmente practicaba en la “chuponeadora” Business Track para ponerse a revolver el guiso.

Una andanada de entrevistas y reportajes tuvieron en la mira a Del Castillo. Basta apreciar la secuencia para reconocer una mano que no tiene ni Efraín Aguilar en sus series de TV.

País Podrido

El cabalístico martes 13 último Giannotti hace su debut público en RPP, apenas la jueza María Martínez levanta la reserva del proceso, y denuncia que de sus USB ha desaparecido material que compromete a Del Castillo con “el tema del petróleo”.

Al día siguiente reitera entrevistada por El Comercio que en los audios perdidos el congresista “decía que era muy amigo de Petrolera Monterrico y que iba a solucionar el tema con (el parlamentario aprista José) Carrasco Távara”. Ya no se trataba, entonces, de la licitación del “faenón” que ganó la noruega Discover, única competidora de Petro-Tech en la muy riesgosa exploración de alta mar y que tuvo como protagonistas a Rómulo León y Alberto Quimper.

Los días siguientes son consumidos por el debate sobre las acusaciones. El presidente Alan García marca el punto bajo cuando declara que “la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo”.

El programa dominical Panorama presenta un reportaje que cuestiona la permuta de departamentos entre la esposa de Del Castillo y Julio Vera Gutiérrez, el dueño de Monterrico.

Al día siguiente aparece el temido audio en el programa Prensa Libre conducido por Rosa María Palacios. La periodista introduce la secuencia diciendo que “tiene mucha pena” con lo que ocurre en el país.

Todos, por favor, a comer. La única olla peruana que no es podrida la calienta Gastón Acurio.

La técnica tiene poco de nueva. Una de las formas más exitosas para embarrar a un personaje es insinuar un hecho incorrecto aunque no se sepa muy bien de qué se trata.

Los señalamientos son disueltos en la nebulosa pero la condena es enérgica. Ahí se queda el periodismo, sin embargo el mensaje ya fue enviado y multiplicado.

Revertir el proceso puede tomar años, si es que al fin y al cabo la tortilla llega a ser volteada. Bien lo sabe Alan García, que tan fácilmente parece dejar caer a quien se quedó en el país a defenderlo mientras sus enemigos políticos lo hacían añicos (ver recuadro).

Departamento y Documentos

¿Cuál es la acusación contra Del Castillo?

El ex primer ministro habría recibido un departamento en San Isidro a cambio de gestionar beneficios a favor de la petrolera Monterrico.

La empresa es propiedad del empresario Julio Vera Gutiérrez, quien en 1992 estuvo entre los que financiaron el frustrado intento de “contragolpe” encabezado por el general Juan Salinas Sedó. Como consecuencia de la persecución posterior, perdió el canal 9 y debió asilarse en Costa Rica. Su abogado en el trámite fue Jorge del Castillo. Desde entonces, cuenta el congresista, trabaron amistad.

Años después, en el 2006, la esposa de Del Castillo, Carmen Haas, y sus hijos volvieron a Lima. La familia vivió unos años en Estados Unidos luego que Del Castillo reveló las primeras informaciones sobre las millonarias cuentas de Vladimiro Montesinos.

Haas compró un departamento en planos en Chacarilla, Surco. Mientras tanto, la pareja se mudó a la casa de un familiar en Barranco. Durante el proceso cambiaron de opinión y se animaron a comprar el departamento que su amigo Vera vendía en San Isidro.

En enero del 2007, Haas le firmó a Vera un compromiso de compra y pagó como arras un cheque de US$ 10 mil. Este documento resulta muy importante en la secuencia documental, pues se firma un año antes del proyecto de ley supuestamente impulsado por Del Castillo.

En enero del 2008 es firmada la minuta de compra venta por la cual Haas se compromete a pagar el monto adeudado a más tardar el 15 de mayo. Caso contrario, el departamento de Chacarilla sería entregado en permuta.

Se ha aludido a la diferencia en el área. El de Chacarilla tiene 213 metros de área construida y el de San Isidro, 250. Los precios en una y otra zona son diferentes pero Del Castillo señala que, mientras el primer inmueble era de estreno, el otro, donde vive ahora con su familia, tiene ya 25 años. Cayetana Aljovín objetó suelta de huesos en Panorama que la antigüedad de un departamento no tiene nada que ver con el precio.

Mientras tanto, los Del Castillo siguieron ofertando su departamento sin estrenar. Aproximadamente en marzo, consiguieron un comprador. El italiano Simone Bassi se comprometió a adquirirlo por US$ 180 mil pero pasaban las semanas y no efectuaba el depósito en la cuenta del Banco Continental. Éste recién se realizó el 9 de mayo del 2008, cuando Del Castillo ya había acordado con Vera la figura de la permuta. Once días después, el 21 de mayo, se produjo la devolución.

Los movimientos fueron acreditados ante la comisión parlamentaria que investigó a Del Castillo luego de la emisión inicial de los “petroaudios”. El propio congresista abrió su secreto bancario y narró entonces la historia del departamento.

Cuando ocurrió la permuta del departamento, Del Castillo era primer ministro. Podrá alegarse que estando en el cargo debió inhibirse de realizar cualquier transacción inmobiliaria para evitar este tipo de especulaciones. Pero, cuando está debidamente acreditado, el hecho no constituye dolo ni necesariamente falta de decoro.

Ni ley ni regalía

En el audio divulgado por Rosa María Palacios, Quimper, director de Perupetro, menciona a Saba el pedido de Del Castillo para agilizar el trámite de la petrolera Monterrico.

La diminuta petrolera pretende acoger uno de sus dos lotes, el 15, a una ley vigente del 2003 que permite reducir la tasa de regalía en los yacimientos de Talara.

Saba responde a Quimper que la empresa presente su plan de inversión para que sea evaluado por el directorio de Perupetro, lo que está de acuerdo a ley.

Hay que ser bien mal pensado para asumir que dicha respuesta esconde un arreglo bajo la mesa.

Saba se encuentra actualmente de viaje en China pero CARETAS consultó con los funcionarios de la empresa estatal, que enviaron los documentos que prueban que el directorio nunca aprobó el pedido en el 2007 ni el 2008.

Éste recién tuvo luz verde de Perupetro el 30 de junio del 2009 y se remitió al Ministerio de Energía y Minas en agosto de ese año, 14 meses después de la supuesta fecha del audio. Allí se ha quedado encarpetado y Monterrico no se ha beneficiado con la ley.

De otro lado, en el audio Quimper menciona que el congresista Carrasco Távara había sido contratado por varias empresas petroleras para impulsar la ampliación de los alcances de la ley.

¿De qué se trata el proyecto de Carrasco Távara?

Está vigente la ley 28109 del 2003, mediante la que se decidió impulsar la explotación de los yacimientos petrolíferos frente a las costas de Talara. Las empresas podían negociar las regalías, lo que les permitía trabajar con mejores condiciones económicas.

Con su proyecto, Carrasco pretendía que esas mismas empresas pudieran renegociar regalías en los pozos de explotación secundaria, es decir, los que ya habían sido explotados.

Las pruebas ácidas del caso son ahora dos: el trámite de Monterrico para acogerse a la ley y el proyecto de ley presentado por Carrasco Távara. Lo cierto es que ni Monterrico pudo acceder a los beneficios ni el proyecto se aprobó.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso presidida por Cecilia Chacón sesionó el 26 de mayo del 2008. Fue anexada la opinión emitida por el Ministerio de Energía y Minas dos meses antes. Si bien el MEM consideraba que la ley había sido beneficiosa, también aclaraba que se expidió antes de las épocas del petróleo con precios estratosféricos, por lo que no se justificaba ampliar sus alcances. El titular del ministerio era Juan Valdivia, bastante próximo a Del Castillo, pero opinó en contra del lobby por el que acusan al ex premier.

Los titulares denuncian oleadas de crímenes pero los cadáveres no aparecen por ninguna parte.

Contexto de Medios

En el confuso universo mediático peruano se hace necesario siempre recordar el contexto en el que aparece un caso noticioso como el de los “petroaudios” y sus tantas secuelas.

¿Cómo reventó la noticia?

Un “golpe de Estado” en el directorio del diario El Comercio motivó la salida del director Alejandro Miró Quesada, quien impulsó la investigación basada en el material “chuponeado” y proporcionado, se sabría tres meses después, por la empresa Business Track, cuando sus representantes cayeron en enero del año pasado.

La versión oficiosa refiere que la historia del chuponeo comienza con los cementeros peruanos que intentan defenderse de la entrada del gigante mexicano Cemex por la vía del espionaje industrial contratado a BTR.

Según ese orden de ideas, en el camino los espías criollos se encontraron con los negocios truncos de Rómulo León Alegría y el dominicano Fortunato Canaán.

Como se descubrió luego, esa parte de la novela estuvo plagada de correos electrónicos falsificados que también figuran en los USB de Giannotti (ver más en páginas siguientes).

Los resultados del chuponeo no tardarían en ser filtrados a la prensa y cayeron en la unidad de investigación de El Comercio.

En setiembre del 2008, el nuevo director de El Comercio, Francisco Miró Quesada, consideró que la investigación no era lo suficientemente sólida y pidió a los periodistas Fernando Ampuero y Pablo O’Brien que la profundicen.

Entonces parte del material apareció en el programa Cuarto Poder y otra parte en el diario Perú.21. Ambos medios del mismo grupo. Ampuero y O’Brien fueron despedidos del diario y el primero acusó a “Paco” Miró Quesada y Hugo Guerra, el nuevo director de opinión del decano, de estar vinculados con el régimen y tolerar su corrupción (CARETAS 2052).

Ese es el contexto periodístico. Pero había otro, literalmente más profundo y millonario, que recibió mucho menos atención de los medios.

Choque con Petro-Tech

“Hay algo detrás”, advirtió Daniel Saba en RPP, a la mañana siguiente de propalarse el primer audio. “Una empresa que durante mi gestión se ha visto obligada a pagar millones de dólares, y que está relacionada con el medio de comunicación que lanzó la denuncia”.

Se refería Petro-Tech y al abogado José Ugaz, que entonces era abogado del grupo El Comercio y acompañó a Fernando Rospigliosi a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el contenido de los audios. El Estudio Ugaz tuvo a Petro-Tech entre sus clientes hasta el 2005. Ugaz ha negado cualquier influencia en el caso.

Cuando el diálogo del “faenón” es divulgado por Cuarto Poder en octubre del 2008, la empresa Petro-Tech se encontraba a dos semanas de ver rescindido su contrato con el Estado si no pagaba más de US$ 13.6 millones por concepto de gas licuado cuyo valor se le adeudaba al Estado.

Poco antes, en agosto del mismo año, Saba logró cobrar a Petro-Tech otros US$ 22 millones de adeudos tributarios. Era el primer presidente de la empresa estatal que puso orden en un berenjenal de dos décadas.

Es lógico inferir que la divulgación de los audios buscaba dinamitar al directorio de Perupetro.

Era el último capítulo de una larga y tormentosa historia. Petro-Tech fue la empresa creada por el estadounidense William Kallop para participar en 1992 en la privatización de Petromar, la estatal que antes fue Belco y que explotaba el lote Z2B en las costas de Talara, del cual se extraen 12 mil barriles de petróleo diarios, además de una importante cantidad de gas.

El abogado Alberto Varillas del estudio García Sayán –uno de los principales clientes de BTR– era el gerente legal y cara visible de la empresa. Varillas es esposo de la periodista Rosa María Palacios, quien ahora vuelve a poner a Saba y Del Castillo en el disparadero. La situación constituye un claro conflicto de intereses y reconocerá Rosa María que si entre sus investigados hubiera un matrimonio tendría carne para cinco programas.

Caso Extremo

Como lo investigó una comisión multiparlamentaria, y lo ha confirmado una reciente denuncia del procurador José Luis Caldas ante el Ministerio Público, el desempeño de Petro-Tech en casi veinte años estaría plagado de irregularidades que van desde la probable concertación con funcionarios de Perupetro para hacerse del lote y luego ganar las millonarias controversias con el Estado, hasta el deterioro de varias plataformas y altos gastos operativos cuyo reembolso fue solicitado al Estado. Caldas calcula el perjuicio al Estado en más de US$ 400 millones.

En los corrillos de Perupetro ya es muy conocido que en el momento más álgido de la controversia tributaria, una alta funcionaria de Petro-Tech le advirtió a Saba que cancelarían la deuda, “pero nos la cobraremos una por una”.

Semanas después, y en insólita coincidencia, explotaron los petroaudios. Kallop se marchó del país para no volver más. Y cuatro meses más tarde, la empresa fue vendida a las estatales de Corea del Sur y Colombia por US$ 900 millones. Su precio base había estado entre US$ 1,500 y US$ 2,000 millones, lo que demuestra el valor del lote Z2B, pero fue castigado por el escándalo. El Estado peruano recomendó a los compradores retener US$ 150 millones de la transacción con vistas a posibles contingencias legales.

De confirmarse las denuncias, el de Petro-Tech sería un modelo extremo de expoliación de los fondos públicos.

Al periodismo le corresponde una labor fiscalizadora del sector público y los políticos relacionados con él. Pero una línea ideológica enredada con intereses privados parece tender una conveniente venda que impide investigar el otro lado de la moneda: el de poderosas empresas que estimulan la corrupción.

Nada más conveniente que un escandalete para desviar la atención a otra parte.

La expresión local de esa escuela periodística parte de un reflejo que sataniza toda expresión estatal y ensalza ficticiamente el escenario privado. Y se tradujo en parte de la tecnocracia que acompañó y se benefició del autoritarismo fujimorista. Hoy, algunos de sus más aplicados alumnos definen la moral mientras marcan la agenda en radio, televisión y prensa.