Justicia El enfrentamiento entre las dos alas de la Iglesia Católica tras la discutida sentencia del Tribunal Constitucional en el juicio Arzobispado-PUCP.
Conflicto a la Orden
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Cardenal Cipriani, representante de la orden conservadora del Opus Dei, acepta dialogar con la PUCP solo si esta acata la sentencia del Tribunal Constitucional. |
La mañana del sábado, una protesta mezcló temas y saludos a Juan Luis Cipriani. Era una marcha contra las declaraciones de voceros del Vaticano que asociaban sus delitos de pederastía con la homosexualidad. Una queja válida que, sumada a la polémica sentencia del Tribunal Constitucional en el marco del juicio entre el Arzobispado y la PUCP, bastó para encender la mecha y atizar la confusión. En la otra orilla ideológica, en su programa sabatino en RPP, el cardenal de Lima prometía que “no habrá ninguna interferencia” en la vida académica, para luego preguntarse si el padre Jorge Dintillhac “estaría satisfecho” de ver cómo se manejan los sueldos y las pensiones. Un día antes, el rector de la PUCP había convocado a profesores, estudiantes y personal administrativo de todas las instancias dependientes a una reunión extraordinaria en el Coliseo Polideportivo de la universidad. “Nunca nos vamos a arrodillar”, dijo al cerrar su discurso. Por su parte, la Federación de Estudiantes (FEPUCP) ya había publicado un desmedido comunicado en el que prometían tomar “todas las medidas necesarias” para contrarrestar la sentencia a la vez que señalaban al religioso como “persona no grata”. Declaraciones de guerra nada santas de uno y otro bando.
“Como en las antiguas peleas de box, el cardenal (Cipriani) quiere pelear hasta que uno caiga. Pero esta batalla es por puntos”, predice el Dr. Marcial Rubio. Los rounds que quedan prometen pelearse a butacas llenas. Dos juicios separan aún a la Pontificia Universidad Católica del Arzobispado o de su autonomía. Ambos procesos tendrán que pasar por el juzgado de primera instancia y, quizá, lleguen hasta la Corte Superior de Justicia de Lima. Los dos contemplan la interpretación final de los testamentos y, en consecuencia, la auditoría de las propiedades de la PUCP y su destino administrativo. El Arzobispado pretende que la junta administrativa maneje todos los bienes, incluso los que se construyeron después de 1944, año de la muerte de José de la Riva-Agüero y Osma. Por ejemplo, la escuela de negocios (Centrum) y el Centro de Idiomas. El temor de la otra parte es, precisamente, que el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) siente un precedente legal.