Opinión Por JOSEPH E. STIGLITZ

Regulación Financiera y Democracia

NUEVA YORK – Han pasado casi dos años desde el colapso de Lehman Brothers, y más de tres años desde el comienzo de la recesión global generada por las fechorías del sector financiero para que Estados Unidos y Europa finalmente reformaran la regulación financiera.

Quizá deberíamos celebrar las victorias regulatorias en Europa y en Estados Unidos. El consenso prácticamente universal es que la crisis es el resultado de los excesos de la desregulación que se inició con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hace 30 años. Los mercados sin trabas no son ni eficientes ni estables.

Sin embargo, la batalla –y hasta la victoria– dejan un sabor amargo. La gran mayoría de los responsables de los errores –en la Reserva Federal (FED) y el Tesoro de Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, y en los bancos privados– no se han hecho cargo de sus fracasos.

Los bancos que causaron los estragos en la economía global se han negado a hacer lo que es necesario hacer. Peor aún, han recibido respaldo de la FED, de quien uno habría esperado una postura más cautelosa en vista de la magnitud de los errores pasados.

Es mucho lo que se deja a criterio de los reguladores. Surge entonces la interrogante: ¿Podemos confiar en ellos? En mi opinión, la respuesta es un no rotundo. Necesitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual –delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles– no será suficiente.

Eso plantea otro interrogante: ¿en quién podemos confiar? En cuestiones económicas complejas se había depositado la confianza en los banqueros (después de todo, si ellos ganan tanto dinero, obviamente saben algo) y en los reguladores, quienes a menudo (pero no siempre) provenían de los mercados. Pero los acontecimientos de los últimos años han demostrado que los banqueros pueden ganar dinerales, y al mismo tiempo socavar la economía e imponerles cuantiosas pérdidas a sus propias firmas.

Los banqueros también han demostrado tener una ética cuestionable. La justicia determinará si el comportamiento de Goldman Sachs –apostar contra productos que la propia empresa creaba– fue ilegal. Que Goldman a su vez diseminara rumores difamatorios sobre un país donde se desempeñaba como “asesor” sugiere un universo paralelo con códigos y valores diferentes.

Los lobbistas del sector financiero han trabajado arduamente para que las nuevas regulaciones beneficien a sus empleadores. En consecuencia, probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos evaluar el éxito de cualquier ley que el Congreso estadounidense finalmente promulgue.

La nueva ley debe poner fin a las prácticas que pusieron en peligro a la economía global, y reorientar el sistema financiero hacia las tareas apropiadas –gestionar el riesgo, asignar capital, ofrecer crédito (especialmente a las pequeñas y medianas empresas) y operar un sistema de pagos eficiente.

Se debe brindar por los probables logros: la creación de una suerte de comisión de seguridad de los productos financieros, el hecho que cada vez más operaciones con derivados –y hechas a medida a las bolsas y las cámaras compensadoras– se distancien del mercado turbio o la restricción de algunas de las peores prácticas hipotecarias. Es más, probablemente se recorten los honorarios escandalosos cobrados por cada transacción de débito –una especie de impuesto que no tiene otro objetivo público que el de llenar las arcas de los bancos.

Sin embargo, los probables fracasos son igualmente dignos de mencionar: el problema de los bancos demasiado-grandes-para-quebrar hoy es peor que antes de la crisis. Una mayor autoridad de resolución ayudará, pero sólo un poco. En la última crisis, el gobierno estadounidense no pudo utilizar sus poderes e innecesariamente rescató a accionistas y bonistas. Mientras haya bancos que son demasiado-grandes-para-quebrar el gobierno muy probablemente vuelva a hacer la vista gorda.

No sorprende que los bancos logren frenar algunas reformas. En cambio, sí fue una sorpresa la cláusula del proyecto de Ley del Senado estadounidense que prohibió a las entidades financieras resguardadas por el gobierno suscribir derivados riesgosos. Ello distorsiona el mercado, otorgándoles a los bancos una ventaja competitiva no por eficientes sino porque son demasiado-grandes-para-quebrar.

La defensa de los bancos por parte de la FED –que es importante que los prestatarios puedan minimizar sus riesgos– revela hasta qué punto resultó capturada.

Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Pero sería negligente dejar las cosas tal como están.

La administración Obama y la FED, al oponerse a estas restricciones, claramente se ubicaron del lado de los grandes bancos. Si en la versión final del proyecto de Ley sobreviven restricciones efectivas en el sector de los derivados, el interés general podría prevalecer sobre los intereses especiales, y las fuerzas democráticas sobre los lobbistas adinerados.

Pero si, como predicen muchos analistas, se eliminan las restricciones, será un día triste para la democracia –y un día más triste aún para las perspectivas de una reforma financiera significativa. (Por Joseph E. Stiglitz*)

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Joseph E. Stiglitz es profesor universitario en la Univesidad de Columbia y premio Nobel de Economía. Su último libro. Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, ya está disponible en francés, alemán, japonés y español.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
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