Opinión Escribe: DIEGO GARCIA SAYAN

Impunidad en Campaña

“¿Pretende Rey que el grupo Colina no sea juzgado?”.

La campaña impulsada por Rafael Rey a favor del grupo Colina y contra los derechos humanos gira alrededor de dos temas: la supuesta “persecución” contra la Fuerza Armada y una enfermiza obsesión contra los derechos humanos y, particularmente, contra los fallos de la Corte Interamericana. ¿Qué se busca? Al parecer, volver a tiempos del “todo vale” y la arbitrariedad.

El tejido de falsedades es grande. Rey insiste, por ejemplo, en que como ministro de Justicia yo soy responsable de las normas sobre beneficios penitenciarios del 2003. Nunca fui ministro de Justicia de Alejandro Toledo y yo no ocupaba función pública alguna ese año. También que “se otorgaron cientos de indultos a terroristas probados”. Otra mentira. No se indultó a un solo terrorista cuando me desempeñé como ministro de Justicia de Valentín Paniagua. Hace diez años se le exige a Rey que dé aunque sea un nombre. Es impotente para hacerlo.

¿PERSECUCIÓN CONTRA LOS MILITARES?

La supuesta persecución no es verdad. Si alguien quisiera acosar a la institución militar, por lo demás, sería muy injusto y equivocado. El propio ministro de Justicia Víctor García Toma ha sido enfático: “no existe la tal persecución” (El Comercio, 14 de junio). Lo que sí hay son algunos procesos y unas pocas condenas.¿O pretende Rey que no deban ser juzgados aquellos sindicados de haber cometido terribles crímenes como el grupo paramilitar Colina? Es un insulto a la Fuerza Armada que Rey asuma que juzgar a un grupo de asesinos como ese es perseguir a una institución respetable y respetada. Sus integrantes, en su abrumadora mayoría, no tienen nada que ver con atrocidades como esa y por ello no tienen que sentirse aludidos por esos procesos.

En todos los países latinoamericanos democráticos en los que se ha sindicado a militares de graves crímenes contra los derechos humanos estos son juzgados. De ser demostrada su responsabilidad, son sancionados penalmente. Ningún ministro de Defensa (salvo el del Perú) ha salido a defender a paramilitares, decirles a los jueces a través de los medios lo que tienen que hacer o inflar las cifras sobre militares procesados. Mezclando papas con camotes insiste que son 755 los que tienen procesos en el Poder Judicial. Eso no es cierto. Según informe de la Sala Penal Nacional, el número de procesados es la mitad (361). A ellos se suman los del grupo Colina que vienen siendo juzgados en el subsistema anticorrupción. El 85% de los procesados ha sido absuelto en las sentencias ya dictadas. El número de condenados es ínfimo: 15.

En otros países con problemas de grandes magnitudes nadie ve “persecuciones” en la acción de la justicia. Colombia, por ejemplo. De acuerdo a información que me entregó personalmente esta semana el propio presidente Álvaro Uribe y que me autorizó a citar: más de 300 militares condenados y otros 700 actualmente procesados por graves delitos cometidos en la lucha contra el terrorismo de las FARC. ¿Chile? Otro tanto. Casi 800 procesados por violaciones de los derechos humanos (incluidos 60 generales) y 276 condenados. Nada de eso es visto como una anomalía ni a un gobierno democrático se le ocurriría iniciar una campaña contra la justicia para impedir juicios a sindicados de masacres, desapariciones o torturas.

LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES

No necesito defender a la Corte Interamericana. Su trayectoria y jurisprudencia lo hacen por sí solas. No se puede dejar pasar, sin embargo, gravísimas distorsiones en ciertas críticas a sentencias sobre casos peruanos. En ninguna de las cuales, por cierto, he tenido –siendo peruano–, participación en su elaboración o aprobación.

Primero lo primero: el Perú acabó en sendos procesos ante la Corte por los graves atropellos cometidos al Estado de Derecho durante el fujimorato. La mayor parte de los casos sobre los cuales la Corte ha tenido que pronunciarse tienen allí su origen y explicación. La independencia judicial avasallada, medios de comunicación intervenidos, el debido proceso judicial arrasado, grupos paramilitares impulsados desde el SIN, etc. Allí está, pues, la madre del cordero.

Tan graves fueron las arbitrariedades que el propio Fujimori tuvo que corregir algunas. Por ejemplo, abriendo el camino al indulto de inocentes que habían sido condenados sin pruebas por tribunales sin rostro. Él mismo indultó a 513 inocentes. Casi cuatro veces más, por cierto, que los 142 inocentes –comprobados por una comisión independiente– que se indultaron durante el gobierno de transición (Yehude Simon, entre ellos). Por más que Rey ha puesto a trabajar desde hace tiempo a gente para buscar al menos a un “terrorista” liberado indebidamente como inocente, no puede. ¿Estará buscando también entre los 513 que liberó su mentor?

Si el Perú tuvo que comparecer por muy graves hechos ante el tribunal interamericano es sencillamente porque en el país se hicieron muy mal algunas cosas. Cuando se violan las obligaciones contraídas por un Estado sobre derechos humanos ese es el curso natural. Si el tribunal establece que hubo violación de derechos humanos puede disponer una reparación. ¿Lamentable? Por supuesto. Pero los que gobernaron el Perú durante los noventa hicieron que así fuera. A los responsables de esos hechos que llevaron al Perú al “banquillo” el país debería cobrarles (“repetir” se dice en jerga jurídica) de manera que sean ellos los que solventen los gastos del Estado derivados de esos procesos.

¿Y los casos que usan en la campaña? Se ha dicho, por ejemplo, que la Corte dispuso que Lori Berenson reciba una “reparación” de 30 mil dólares (Luis Giampietri, Expreso, 9 de julio). Eso no es cierto. La Corte no dispuso “reparación” ni pago alguno a Berenson. Las “costas y gastos” son otra cosa. En todo proceso judicial el tribunal suele decidir que el que perdió pague las costas y gastos de la otra parte. Así ha sido siempre en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y, desde hace más de 50 años, en la de la Corte Europea. La Corte dispuso en este caso, además, que el pago se hiciera a favor de quienes habían incurrido en los gastos del proceso, Mark y Rhoda Berenson.

Hay en el “Caso Berenson”, sin embargo, un asunto fundamental que estos intérpretes interesados ocultan. Se le había planteado a la Corte que ésta ordenase al Estado la modificación de la legislación antiterrorista dictada después del gobierno de Fujimori. Así lo habían pedido en el proceso tanto la Comisión Interamericana como la defensa de Berenson. En la sentencia, sin embargo, la Corte decidió exactamente lo contrario y acogió, en este aspecto medular, el planteamiento del Estado. Es más, la Corte elogió “… la labor que ha realizado el Estado a través de sus recientes reformas legislativas”. La legislación antiterrorista, pues, quedó convalidada.

Se dice, también, en relación a otros casos que la Corte ordenó indemnizaciones muy altas. Por cierto que se puede opinar en uno u otro sentido. Es, sin duda, parte de un derecho democrático coincidir o discrepar del monto. Lo que no se puede hacer es distorsionar la realidad ocultando tres cosas muy importantes. Primero, que las reparaciones fueron dispuestas luego que en los procesos quedaron demostrados graves hechos violatorios de derechos humanos. Segundo, que los pedidos de reparación se hacen por lo general desde el inicio del proceso. Algunos Estados se han ido percatando a veces con tardanza que existían oportunidades procesales para objetar u oponerse a los montos solicitados. Muchas veces la Corte no escuchó cuestionamientos a esos pedidos como fue el caso, por ejemplo, del proceso “De la Cruz Flores”.

EL PERÚ: RESPETUOSO DEL DERECHO INTERNACIONAL

El problema no está, pues, en las sentencias internacionales. Ceñirse a los tratados de los que el Estado es parte y cumplir con las sentencias de los tribunales internacionales, es política de Estado del Perú.

Hoy las cosas son diferentes. Los casos ante la Corte sobre hechos más recientes felizmente no tienen que ver con atropellos como los de los noventa. No hay una dictadura sino un gobierno democrático que ha expresado su compromiso con sus obligaciones internacionales y, expresamente, con la Corte Interamericana.

El presidente Alan García, al inaugurar las audiencias públicas de la Corte en abril de este año, en compañía de los presidentes del Poder Judicial y del Congreso fue muy preciso y contundente. Dirigiéndose públicamente a la Corte en pleno señaló, “ustedes están en el camino de la historia. La globalización es incompleta si no se acompaña de una globalización en la defensa de los derechos humanos. El Perú, los recibe, los saluda y los felicita”. Conceptos muy claros y oficiales. Es insólito que un integrante del mismo gobierno confronte lo que su presidente sí ha sabido reconocer. ¿Se quiere arrastrar al país, otra vez, a la condición de paria internacional? Decididamente hay algo que no cuadra. Algo –o alguien– sobra. (Escribe: Diego García Sayán*)

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* Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.