Política El alto precio que el gobierno pagó por un decreto que permitía la impunidad.

Amargo Bocado

Para Rey, todo lo ocurrido en los años de violencia no podía ser abarcado por derecho internacional.

El martes último, el polémico DL 1097 fue derogado en el Congreso por abrumadora mayoría: 90 a 1.

El único voto en contra fue el del primer vicepresidente de la República, almirante (r ) Luis Giampietri.

El DL 1097 ordenaba el sobreseimiento de las causas por delitos de lesa humanidad de militares cuyos plazos hubieran sido agotados.

La norma legal suscrita por el presidente Alan García, el Primer Ministro, Javier Velasquez Quesquén, y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, solo tuvo cuatro días de vigencia.

En esos pocos días el Grupo “Colina” se apresuró a presentar una demanda para acogerse al beneficio.

Su pronta y unánime derogatoria fue una saludable y urgente rectificación.

Sin embargo, a pesar del unánime conteo final, el abismo político en materia de derechos humanos fue palpable en el hemiciclo. Mientras que la severa reacción de la comunidad internacional amenazó con convertir al gobierno aprista en un paria en la materia.

“LA PERCEPCIÓN de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado recientemente mediante el nuevo Decreto Legislativo No 1097 que parecería someter a prescripción los procesos penales contra los perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 9 de noviembre del 2003”, alertó Martin Scheinin, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, quien se encontraba en el Perú cuando estalló el escándalo.

El lunes 13, el novelista Mario Vargas Llosa, terminó por remecer los cimientos del régimen.

La carta de renuncia a la presidencia de la Comisión de Alto Nivel del Lugar de la Memoria, dirigida al presidente Alan García, llegó a Palacio de Gobierno el lunes 13 en la mañana.

MVLl calificó la norma de “amnistía apenas disfrazada”, y denunció que abría “mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles”. Desafió a AGP a “abolir este innoble decreto”.

García telefónicamente aseguró a MVLl ese mismo día que la norma sería derogada y que su autor intelectual, el ministro de Defensa, Rafael Rey, saldría del gabinete.

Pero ya era demasiado tarde. ¿O no? (Ver Editorial).

La tipificación de los delitos de lesa humanidad se remonta a los juicios de Nuremberg que juzgó a los criminales nazis en 1945.

Después de los fallos de la Corte del Tribunal Europeo sobre los Derechos Humanos la cosa es muy clara. A partir de ahí se tiene un marco de persecución e imputación penal, siendo la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad uno de sus principios claves.

El Perú se adhirió a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad en noviembre del 2003.

Y de acuerdo al DL 1097 sus efectos procesales tienen vigencia solo a partir de la fecha de suscripción.

En ese sentido, todo lo ocurrido en los años de guerra interna en el país no puede ser abarcado por el derecho internacional.

ESTO ES LO QUE ARGUMENTÓ Rey hasta el final de sus días en el gabinete.

Y la interpretación ardorosamente defendida por el parlamentario Rolando Sousa, socio de César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori.

Sousa es el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

No son los únicos en el Parlamento que así piensan.

“La muerte es una causa de extinción o de sobreseimiento o de sustracción de la materia”, definió con pasmosa sangre fría el vocero de Unidad Nacional, Raúl Castro, para argumentar, en estricto riguris mortis, la imposibilidad de la retroactividad de normas legales.

LA RÉPLICA LLEGÓ como una ráfaga de indignación.

“¿Cómo olvidar el caso de Cayara: más de 100 muertos entre mujeres embarazadas y niñas”, recordó la congresista Juana Huancahuari (PN). “O de Putis, 123 asesinados entre ancianos y niños. Estos no son delitos comunes, son crímenes de lesa humanidad. Hay 4,400 sitios de entierro. Si les queda la duda, ahí están esperando en las fosas comunes a que algún día se les desentierre, se les identifique y se entreguen a sus familiares”, desafió.

“¿Qué fue del carnicero de Umasi que mató 30 niños menores de 14 años, Jorge Carcovich Cortolezzi, de oficial a actual general de división del Ejército? ¡Eso es lo que quieren ocultar!”.

SEGÚN REY el Perú suscribió la Convención de Crímenes de Lesa Humanidad con reservas sobre la fecha de su vigencia.

El peruano Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió: “la reserva es un derecho de los Estados soberanos, pero tiene el límite del derecho internacional. Al momento de aplicarla –dijo– la justicia internacional debe establecer si esta tiene validez o no. En este caso evidentemente no la tiene porque la reserva peruana del 2003 afecta el objetivo esencial de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad que, en su artículo 1, señala claramente que los delitos de guerra y de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”.

El escándalo provocado por el DL 1097 definió la suerte del gabinete presidido por Velásquez Quesquén. AGP cortó la cabeza de Rey tal como prometió a MVLl, como también la del titular de Justicia, Víctor García Toma, a quien se le pasó por la huacha la norma. Si bien VGT pronto se rectificó, y denunció el decreto, el Ministerio de Justicia es el filtro constitucional del régimen, y el gobierno pagó caro la falta de rigor previa a la promulgación del DL 1097.