Cade 2010 Por JOSEPH STIGLITZ

De Nueva York a Urubamba

Millones de personas en EE.UU. han perdido sus viviendas víctimas de préstamos predatorios que se volvieron insostenibles con el estallido de la colosal burbuja financiera en el 2008. Pero la tarea de limpieza tiene visos de mayor escándalo al detectarse que los bancos dictaron órdenes de desahucio contra miles de clientes con información insuficiente, simplemente para trasladar dicho estado de cuentas al pasivo. Se trata de un nuevo y mayúsculo fraude con impredecibles consecuencias sociales, y una demostración de la importancia crítica de la justicia en los procesos por ganar competitividad.

Nueva York – El desastre de las hipotecas en los Estados Unidos ha planteado cuestiones profundas sobre el “Estado de derecho”. El Estado de derecho debe proteger a los débiles contra los fuertes y velar por que todos reciban un trato equitativo. En los Estados Unidos, a raíz de la crisis de las hipotecas de gran riesgo, no ha hecho ninguna de las dos cosas.

Una parte del Estado de derecho es la seguridad de los derechos de propiedad: si debes dinero por tu casa, por ejemplo, el banco no puede quitártela sin seguir el procedimiento legal prescrito, pero en las últimas semanas y meses, hemos visto varios casos en los que ha habido personas a quienes se les ha desposeído de sus casas pese a que no tenían deudas.

Para algunos bancos, se trata simplemente de daños colaterales: millones de americanos –además de los cuatro millones, aproximadamente, de 2008 y 2009– serán desahuciados de sus casas. Los atajos de procedimiento, la documentación incompleta y el fraude desenfrenado que acompañó las prisas de los bancos para crear millones de créditos de dudoso cobro durante la burbuja inmobiliaria han complicado el proceso de limpieza.

Para muchos banqueros, se trata de simples detalles que se deben pasar por alto. La mayoría de las personas desahuciadas no han pagado sus hipotecas y en la mayoría de los casos las órdenes de desahucio son legítimas, pero los americanos no deben creer en la justicia por término medio. No decimos que la mayoría de las personas condenadas a cadena perpetua cometieron un delito merecedor de esa sentencia. El sistema judicial de los EE.UU. exige algo más y hemos impuesto salvaguardias procesales para satisfacer esa exigencia.

Pero los bancos quieren saltarse dichas salvaguardias procesales y no se les debe permitir.

Todo esto recuerda a lo sucedido en Rusia, donde se utilizó el Estado de derecho –la legislación sobre quiebras en particular– como mecanismo legal para substituir un grupo de propietarios por otro. Se compró a los tribunales, se falsificaron documentos y el proceso se desarrollo sin contratiempos.

En los Estados Unidos la venalidad está en un nivel superior. No es a jueces particulares a los que se compra, sino las leyes mismas, mediante contribuciones a las campañas y cabildeo, en lo que ha llegado a denominarse “corrupción de estilo americano”.

Se sabía de forma generalizada que bancos y compañías hipotecarias estaban utilizando métodos de préstamo predatorio, aprovechándose de los menos instruidos y financieramente menos informados para conceder préstamos que aumentaban al máximo las cuotas e imponían riesgos enormes a los prestatarios, pero los bancos recurrieron a toda su capacidad de influencia para impedir a los estados la promulgación de leyes que pusieran coto al préstamo predatorio.

Cuando resultó claro que había quienes no podían pagar lo que debían, las reglas del juego cambiaron. Se modificó la legislación sobre quiebras para introducir un sistema de “servidumbre parcial”. Una persona que tuviera deudas equivalentes al ciento por ciento de sus ingresos, podía ser obligado a entregar al banco el 25 por ciento de sus ingresos brutos, antes de los impuestos, durante el resto de su vida, porque el banco podía añadir el 30 por ciento de interés todos los años a lo que la persona debía. Al final, el titular de una hipoteca debería mucho más de lo que el banco recibiera jamás, aun cuando el deudor hubiese trabajado, en realidad, una cuarta parte del tiempo para el banco.

Cuando se aprobó esa nueva legislación sobre quiebras, nadie se quejó de que afectara al carácter sacrosanto de los contratos: en el momento en que los prestatarios contrajeron su deuda, una legislación más humana –y económicamente racional– sobre quiebras les ofrecía la oportunidad de comenzar de nuevo, en caso de que la carga del pago de la deuda llegara a ser demasiado onerosa.

Como una cuarta parte de las hipotecas de los EE.UU. –las que representan una deuda mayor que el valor de la casa– se han ido a pique, cada vez hay un consenso mayor en cuanto a que la única forma de abordar semejante embrollo es amortizar el valor del principal o lo que se debe. Los Estados Unidos tienen un procedimiento especial para las quiebras empresariales, denominado “capítulo 11”, que permite una reestructuración rápida mediante la amortización de la deuda y la conversión de parte de ella en capital social.

Es importante mantener vivas y en funcionamiento las empresas para preservar los puestos de trabajo y el crecimiento, pero también es importante mantener intactas las familias y las comunidades. Así, pues, los Estados Unidos necesitan un “capítulo 11 de propietarios de casas”.

Los prestadores se quejan de que semejante legislación violaría sus derechos de propiedad, pero casi todos los cambios de legislación y reglamentación benefician a algunos a costa de otros. Cuando se aprobó la legislación sobre quiebras en 2005, los prestadores fueron los beneficiarios y no se preocuparon por cómo afectaba a los derechos de los deudores.

La desigualdad social en aumento, combinada con un sistema defectuoso de financiación de las campañas, amenaza con convertir el sistema legal de los Estados Unidos en una parodia de la justicia. Algunos pueden seguir llamándolo “Estado de derecho”, pero no protegería a los débiles contra los fuertes. Más bien permitiría a los poderosos explotar a los débiles.

En los Estados Unidos la orgullosa proclamación de “justicia para todos” está siendo sustituida por la más modesta de “justicia para quienes puedan permitírsela”. Y el número de personas que pueden permitírsela está disminuyendo rápidamente. (Por JOSEPH E. STIGLITZ*)

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Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, es profesor de la Universidad de Columbia. La edición de bolsillo de su último libro Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy (“Caída libre. Los mercados libres y el desplome de la economía mundial”), con un nuevo epílogo, se publicó el pasado mes de octubre.
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Traducido del inglés por Carlos Manzano.