Narcotráfico Informes de inteligencia revelan que los carteles mexicanos de la droga tienen su coladera en el puerto piurano.
En la Luna de Paita
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Los 850 kilos de cocaína decomisados a Rolando Velasco Heysen en Paita, en octubre del 2007. La DEA registró 10 visitas de Velasco al cuartel de Piura entre el 2006 y poco antes de su captura. |
No todo es ‘chismografía’ en los wikicables de la Embajada de EEUU en Lima difundidos por el diario español El País, la semana pasada.
Los dos casos vinculados a la Región Militar del Norte (RMN), que se reseñan en el cable secreto de marzo del 2009 (CARETAS 2160), corroboran la sistemática infiltración del narcotráfico en Piura y el puerto de Paita.
Un informe de inteligencia del Ministerio del Interior, al cual tuvo acceso CARETAS, indica que Paita, ubicado a 52 kilómetros de Piura, es el principal puerto de embarque del narcotráfico, por encima de Ilo y el Callao.
El documento secreto refiere que el Perú produce 200 toneladas anuales de cocaína, de las cuales un estimado de 10 toneladas sale cada año por la coladera de Paita. Todo indica que casi la totalidad de esa droga proviene del Valle del Huallaga, más específicamente de El Monzón, cuyo alcalde Iburcio Morales se encuentra actualmente detenido por presunto financiamiento al terrorismo y lavado de dinero del tráfico ilícito de drogas.
El informe indica que El Monzón produce aproximadamente 50 toneladas de cocaína al año que son trasladadas hacia el litoral norteño a través de dos rutas: la coca sale del Huallaga hacia Tantamayo (ubicado en la cordillera cerca a Huaraz) y de allí baja a la provincia de Casma por el distrito de Yaután. Una vez en ese lugar los cargamentos son transportados por la Panamericana Norte hacia Piura y finalmente a Paita. La segunda ruta va del Huallaga a Huánuco y por la sierra de La Libertad a Piura.
El reporte de inteligencia, redactado este año, concluye que no es uno sino son varios los carteles mexicanos que operan en el norte del país.
En este escenario no resulta descabellada la hipótesis trazada por el ex embajador de EEUU en Lima, Michael McKinley: que altos oficiales del cuartel de Piura mantuvieron (o mantienen) vínculos con narcotraficantes.
“Paita es hoy lo que Campanilla fue en su momento para el narcotráfico”, sostiene el especialista en temas de seguridad Rubén Vargas de InfoRegión. “Y en ambos episodios hay militares comprometidos”.
El primer gran indicio de la presencia del narcotráfico en el norte del país se dio en 1994, cuando la Policía y la DEA norteamericana encontraron en un depósito de algarrobo de Piura un cargamento récord de 3.3 toneladas de cocaína. El país se enteró así de la existencia del clan de los López Paredes y de su red de policías y militares (CARETAS 1346). La DEA mantuvo la lupa sobre Piura desde entonces. Y no se equivocó.
COCA EN EL CUARTEL
Nueve años después, el 12 de noviembre del 2004, la Dirandro y la DEA incautaron 698 kilos de cocaína en el puerto de Paita. La droga era del cartel de Tijuana y se encontraba acondicionada en filetes de pota.
El expediente del caso (No 333-04) revela que, entre junio y agosto del 2004, parte de la droga fue acondicionada en el Casino Militar de Piura; que capos del cártel de Tijuana se movilizaron en vehículos de ciertos oficiales EP y que incluso organizaron encerronas con algunos miembros de la RMN. Sin embargo, pese al pedido de la Procuraduría, la jueza de Paita, Liliana Hayacahua, no incluyó a oficiales en actividad en el proceso.
Entre los detenidos figuraba el teniente EP (r) Jonathan Huacac, quien fue el enlace entre el cartel de Tijuana y el cuartel de Piura, de acuerdo a las investigaciones policiales. El capo mexicano Rubén Lugo logró escapar.
La cosa no quedó allí y los carteles continuaron operando como en su casa en Piura y Paita. Dos años después, en febrero del 2006, una embarcación de la DEA pescó a un barco a 800 millas del puerto de Paita. Los tripulantes trataron de hundir la nave, pero fueron capturados. El barco transportaba nada menos que 5 toneladas de coca acondicionadas en pota.
El general Paul Da Silva había asumido la jefatura de la Región Militar del Norte en enero de ese año. En agosto del 2007, Da Silva y un grupo de oficiales EP mantuvieron una reunión pública con Rolando Velasco Heysen, presidente de la Cámara de Pesca de Piura. Velasco era seguido desde el 2005 por la DEA y en todo ese tiempo se le contabilizó 10 ingresos al cuartel de Piura, según fuentes de inteligencia. Da Silva no ha aclarado hasta hoy si supo o no de estas visitas. Lo cierto es que, dos meses después, en octubre, Velasco fue capturado con 850 kilos de cocaína que pretendía enviar a EE.UU camuflados, nuevamente, en pota congelada.
Dado el antecedente del Casino Militar, en el 2004, que el personal de inteligencia del cuartel de Piura no haya sospechado de Velasco, un singular empresario de la pota que parecía haber salido de la nada, sugiere que el Ejército está en la luna de Paita. O, en su defecto, que hay militares comprometidos. Rubén Vargas, de InfoRegión, se inclina por lo segundo:
“Lo que busca el narcotráfico es asegurar su inversión. Y para ello requiere de la cobertura de seguridad y la cobertura política que eviten que esa millonaria inversión se ponga en riesgo”, sostiene Vargas. “Lo ocurrido en el Casino Militar de Piura fue solo la punta del blanco iceberg”.
Da Silva dejó la RMN en el 2008. Su puesto fue ocupado por el general EP Carlos Miranda Velásquez. No está claro si Miranda investigó a su personal. Hoy es jefe de Estado Mayor EP, el No 2 en el escalafón militar.
Vargas recuerda que investigar la corrupción es clave en la lucha contra el narcotráfico. “Porque si el narcotráfico crece es que la corrupción también ha avanzado”. Los últimos decomisos dan una muestra de ello.
En febrero de este año, personal de la Dirandro y la DEA pescaron en la Plaza de Armas de Paita al narcotraficante Percy Jacinto Sánchez, a quien se acusa de haber despachado a México 20 toneladas de cocaína en los últimos dos años. Recientemente, en noviembre, la Policía incautó otros 800 kilos camuflados en harina de pota en el puerto de Paita.
El gerente de la empresa San Judas Tadeo, Andrés Canales, admitió a la Policía que recibió US$ 35,000 para enviar la droga a EE.UU. El dinero, según Canales, incluía la compra de la pota y otros gastos aduaneros.
Es esa, precisamente, la narco-corrupción que campea en Piura, a vista y paciencia de militares y policías, y de la que advierte el embajador estadounidense McKinley en su wikicable No 196642. (Américo Zambrano)
El Informante
Ejército está a la caza del ‘datero’ de la Embajada de EEUU. |
Contrainteligencia sospecha del técnico(r) Juan Ancajima Morante de la DINTE. |
La onda expansiva del ‘cablegate’ (CARETAS 2160) aún estremece los cuarteles de todo el país. Fuentes castrenses de alto nivel revelaron que el jefe del Ejército, general Paul Da Silva, ordenó que todos los “archivos pasivos” y la correspondencia de las seis regiones militares del país pasen inmediatamente al Pentagonito.
El objetivo de Da Silva es evitar filtraciones y también cazar al o los informantes de la Embajada de EEUU en Lima. Un equipo de contrainteligencia EP está abocado en la tarea desde el jueves último, de acuerdo a las mismas fuentes.
Uno de los principales sospechosos es un técnico de inteligencia que fue dado de baja en el 2009. Se trata del suboficial EP Juan Ancajima Morante, quien trabajó en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) desde el 2005 hasta el año pasado. Según contrainteligencia EP, Ancajima llevaba correspondencia a las agregadurías militares extranjeras y mantuvo amistad con un agregado norteamericano entre el 2006 y el 2009, periodo en el que se redactaron los siete cables peruanos difundidos por el diario español El País.
Ancajima fue dado de baja en el 2009 porque Inspectoría EP descubrió que negociaba con visas norteamericanas al interior del Cuartel General en San Borja. La hipótesis que manejan los militares es que Ancajima ofrecía información secreta y a cambio recibía visas que luego vendía a US$ 2,000 cada una.
NUEVO ESCALAFÓN
Da Silva no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema. El fin de semana, pasó al retiro a 12 generales y mantuvo en el puesto a oficiales de alto rango con investigaciones internas de grueso calibre. Da Silva no consideró una lista previa elaborada por su predecesor, el general EP Otto Guibovich, y dejó en el servicio activo, por ejemplo, al general EP Rudyar Donayre, hermano del ex jefe del Ejército, Edwin Donayre.
Según el diario La República, Rudyar Donayre fue destituido de su cargo en la dirección de la Escuela Superior de Guerra por presuntas irregularidades en el proceso de admisión de dicha institución, el año pasado. Da Silva admitió que fue Edwin Donayre quien le pidió reunirse con el pesquero Rolando Velasco Heysen, en agosto del 2007, dos meses antes de que éste cayera con 800 kilos de cocaína pura.
Otros tres generales que Da Silva mantuvo en sus puestos son Gualberto Zevallos, procesado por un caso de violación en Tarapato, Leonidas Dupont, investigado por desmantelar una base en Lobitos y Juan Mendiz, quien viajó a Ucrania a evaluar un tanque sin informarle a Guibovich.
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