Narcotráfico Litigio familiar por el oro de compañía Minera San Simón.: Nuevos testimonios comprometen a Manuel Sánchez Paredes y a sus hijos con la matanza de Ica.

La Ley del Revólver

Martes 15, 10 am. Manuel Sánchez Paredes aguarda el inicio del interrogatorio en el despacho del fiscal Herrera.

Una camioneta Mercedes Benz, color plomo, se estaciona frente al local del Ministerio Público de Ica, en el centro de la ciudad. Del vehículo descienden dos guardaespaldas armados que le abren campo a Manuel Sánchez Paredes y a su abogado Roy Freyre. “Aguántate, no te desesperes, por favor”, le indica Freyre a su cliente. El reloj marca las 10 a.m. del martes 15.

La semana pasada, el fiscal José Luis Herrera ordenó la “conducción compulsiva” de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos Miguel y Fidel Sánchez Alayo para que respondan por la matanza protagonizada por sus guardaespaldas frente al Palacio de Justicia de Ica, el jueves 3 de febrero.
Era la tercera y última citación que se les formulaba bajo apercibimiento de ser “conducidos a la fuerza” si volvían a dejar plantado al fiscal Herrera.

Durante el interrogatorio, Manuel Sánchez Paredes declaró que el martes 1 de febrero viajó a Trujillo para solucionar problemas relacionados con sus empresas y permaneció allí varios días. Presentó como prueba los tickets de su viaje aéreo. Sostuvo también que Gonzalo Alzamora Ruiz, pieza clave del triple crimen, es abogado de Compañía Minera San Simón y su amigo desde hace 20 años. Sin embargo, dijo que éste actuó por cuenta propia al demandar a sus hijos para dejarlos fuera de la empresa minera.

Manuel Sánchez Paredes abandonó la Fiscalía dos horas después. Algunos curiosos que lo alcanzaron a ver rodeado de guardaespaldas y periodistas se preguntaron si acaso era un candidato al Congreso.

Miguel Sánchez Alayo tomó la posta y llegó a la Fiscalía al mediodía acompañado de otros tres fornidos guardaespaldas. Vestía camisa a rayas y pantalón negro. Negó estar vinculado a la matanza. Su interrogatorio duró otras dos horas y al final partió raudo en una camioneta Mercedes Benz.

A las 2:15 p.m. le tocó el turno a Fidel Sánchez Alayo. Éste llegó al Ministerio Público protegido por cuatro guardaespaldas. En su confrontación con el fiscal Herrera dijo desconocer “los hechos luctuosos del jueves 3 de febrero porque no he realizado alguna acción legal destinada a obtener la administración de Minera San Simón y tampoco tengo intervención en los litigios que se están dando”. Dos horas después se marchó sin brindar comentario alguno en una camioneta Toyota 4x4.

Las declaraciones de padre e hijos coinciden en negar la existencia de una disputa familiar para evitar que se les comprometa en la matanza de Ica. Pero testigos interrogados por el fiscal Herrera cuentan otra historia.

HABLAN LOS TESTIGOS

Juan Temístocles García Córdova (47), uno de los abogados de San Simón, declaró al fiscal que los hermanos Fidel, Manuel, Carlos, Simón y Lola Sánchez Alayo se encuentran enfrentados a su padre desde mayo del año pasado, cuando la jueza Norka Monzón le otorgó a Gonzalo Alzamora, representante de Manuel Sánchez Paredes, la administración de la mina La Virgen, ubicada en Santiago de Chuco, La Libertad. Según el testigo, los hermanos Sánchez Alayo le habían exigido a su padre una mayor participación accionarial de Minera San Simón, a lo que Manuel Sánchez Paredes se negó, respaldado únicamente por su hijo Miguel Sánchez Alayo.

Gonzalo Alzamora y Bladimir Torres López, otro de los abogados de San Simón, y García arrendaron una oficina en la calle Piura 118 para monitorear la disputa familiar que se desarrollaba en el Tercer Juzgado Civil de Ica. Sin embargo, el 17 de diciembre del 2010, los hermanos Sánchez Alayo obtuvieron en el Juzgado Mixto de Paiján un fallo favorable que los nombró administradores judiciales en reemplazo de Alzamora.

El abogado apeló y, el 13 de enero, la jueza Fabiola Ortega, del Tercer Juzgado Civil de Ica, le devolvió la administración de la mina de oro.

Dos semanas después, la madrugada del 1 de febrero, 10 guardaespaldas procedentes de Lima arribaron a Ica. Todos ellos se hospedaron en el Hotel El Embrujo de Ica, cuyos gastos fueron cubiertos por la empresa Fara Catering, de Lola Sánchez Alayo (CARETAS 2168).

Ese mismo día parte del exhorto judicial que favorecía a Gonzalo Alzamora fue sustraída del Tercer Juzgado Civil. Según el abogado García, en dicho robo “participó personal del entorno de los Sánchez Alayo, los mismos que fueron denunciados penalmente el 2 de febrero”.

Bladimir Torres declaró al fiscal Herrera que la mañana del jueves 3 de febrero se encontraba “haciendo un trámite para la recomposición del cuaderno de exhorto sustraído por tramitadores de Carlos Alberto, Fidel, Manuel y Lola Sanchez Alayo, cuando me percaté que 10 hombres se encontraban apostados en diferentes puntos de la Plaza Barranca”.

Torres volvió presuroso al local de la calle Piura 118 y asegura haber visto a los mismos hombres “rondando el lugar”. Informó de lo que ocurría a Alzamora, quien esperaba el exhorto para recuperar la administración de la mina, y éste advirtió a sus propios guardaespaldas. De pronto, según Torres, se escucharon disparos y tanto él como Alzamora escaparon del lugar.

Otro testigo, el suboficial PNP Ademir Vásquez (40), confirmó al fiscal que fue el personal de seguridad de Alzamora el que sorprendió a los otros guardaespaldas matándolos desprevenidos. “Uno de los heridos tenía 5 impactos de bala en el cuerpo. Yo me acerqué a él cuando todavía estaba vivo y me pidió que no lo dejara solo”, contó Vásquez a CARETAS.

Alzamora se presentó por primera vez ante el fiscal Herrera, el lunes 14. Puso a disposición su pistola Glock, calibre 380, y dos de las camionetas que utilizó para escapar. Uno de los vehículos, de color verde y placa A9Q-827, está registrado a nombre de Compañía Minera San Simón.

Los pistoleros aún no han sido identificados, pero el fiscal Herrera sostiene que todavía falta interrogar a aproximadamente 50 testigos. Herrera investiga tanto la sustracción del exhorto del Tercer Juzgado Civil de Ica como la propia matanza ocurrida frente al Palacio de Justicia de esa ciudad.

El fiscal sospecha que el robo del exhorto fue el detonante que condujo a la matanza de los tres guardaespaldas ligados a los Sánchez Alayo. “Estamos avanzando con bastante dinamismo porque se trata de un caso emblemático para la Fiscalía”, declaró Herrera a CARETAS. “Este hecho de sangre no puede quedar impune”. (Américo Zambrano, Carlos Franco)