Opinión Por: ROLANDO LUQUE

Expectativas

Ya va siendo hora de entendernos. En los últimos tres años ha habido en conflictos sociales, más de ochenta personas muertas y más de mil trescientas personas heridas, entre civiles y policías. ¿Por qué la oposición a una industria extractiva, a decretos considerados inconsultos o a la reubicación de un mercado, terminan en tragedias? ¿Acaso la valoración de la vida ha cedido su lugar a consideraciones más económicas que morales?

Parece no haber dudas sobre el buen momento de la economía peruana. Pero las cifras no siempre alcanzan para explicar realidades complejas. En el Perú un vasto sector de la población tiene necesidad de ser incorporado al mercado, de ser tratado con respeto y de contar con un Estado democrático que lidere el desarrollo, armonizando los distintos intereses. Justamente para que ese “buen momento” no terminara degradándose, como otros en el pasado.

Las expectativas económicas no son vagos deseos, tienen hambre de realidad. Más aún si el crecimiento es publicitado ampliamente produciendo en unos un saludable fervor económico, pero, en otros, una sensación de postergación y menosprecio.

De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, de los dieciocho distritos con tres o más conflictos, el 83% están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánto se ha hecho por ellos? Menos de lo que se debió, teniendo en cuenta que entre el 2004 y el 2010 los recursos públicos han crecido ostensiblemente. No obstante ello, el promedio de inversión pública de gobiernos regionales y locales no supera el 50%.

En el sector privado se anuncian inversiones por más de cincuenta mil millones de dólares para los próximos diez años. Una gran noticia, sin duda. Sin embargo, aún no se logra en toda la extensión que hace falta afianzar mecanismos de entendimiento entre las empresas –principalmente mineras– y la población. Menudea la desconfianza en los procedimientos de evaluación ambiental, el Estado no convence en su rol de supervisión y sanción, y ciertas empresas siguen creyendo que el espacio al que ingresan es solo una porción de la geografía que hay que explotar sin que importe mucho el entorno humano.

En ese marco cabe preguntarse si los avances en el Estado y en algunas empresas en materia de gestión de conflictos son suficientes para garantizar la sostenibilidad del crecimiento. Y la verdad es que no. Empezando porque es un error conceptual reducir el conflicto social a “conspiración política”, “chantaje económico” o “disturbios”. Esto significa negar la existencia de los problemas y transferirles a los otros –campesinos, indígenas, agremiados– la culpa de la agitación social.

Hay los que pretenden instrumentalizar políticamente los conflictos sociales; o los que ceden a la tentación de la violencia. Ante ello, el factor institucional es clave. La reforma del Estado debe apuntar a la construcción de una democracia irreversible que tenga en el respeto a los derechos, el diálogo y la eficiencia económica sus principales ejes. (Por: Rolando Luque*)

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* Defensor Adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.