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Nacional El delicado papel de la misión electoral de la Unión Europea.

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Eurodiputado Salafranca considera que “el sistema electoral peruano no favorece la realización de un fraude electoral masivo”.

A José Ignacio Salafranca no se le mueve un pelo. Este experimentado eurodiputado español, que representa en Bruselas al Partido Popular, muestra un trato sumamente cortés y pródigo en conversación. Pero su rostro no se debió alterar ni cuando el colombiano Luis Eduardo Garzón, entonces candidato de la izquierda y luego alcalde de Bogotá, le dijo dos días antes de las elecciones del 2002 que no estaba seguro de llegar vivo al día del voto. Tampoco cuando cuatro años más tarde tuvo que enfrentar el completo desbarajuste del reñido proceso electoral mexicano.

Esa última experiencia es la que viene a la memoria en la recta final de la campaña peruana. Salafranca recuerda que los partidos se echaron para atrás luego de que llegaron a un acuerdo para que el conteo rápido no se diera a conocer si es que la diferencia no superaba el 0.3%. El drama fue de tal magnitud que el izquierdista Manuel López Obrador se declaró presidente legítimo en contra de los resultados oficiales.

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Operaciones mineras en marcha en Puno, y el discutido yacimiento Santa Ana.

En el caso peruano conoce el terreno. “He tenido la fortuna y el privilegio de acompañar las elecciones en el año 2001 y 2006”, declara. La diferencia es que la última vez fue el parlamento europeo que envió su misión, más política y acotada. Esta vez es todo el aparato de la Unión Europea el que respalda al equipo. “La UE hace un análisis en profundidad antes, durante y después de las elecciones”, explica. “Hacemos una especie de declaración previa y luego un informe final en el plazo aproximado de dos meses. La misión va a estar prácticamente en todo el país. El viernes se incorporan 7 diputados del parlamento europeo”.

La cobertura en 19 de las 25 regiones incluye Puno, convulsionada hasta el martes 31, cuando las protestas contra la actividad minera fueron suspendidas hasta después de las elecciones.

Salafranca adelanta que “la impresión que tenemos es que el proceso electoral es transparente y que la administración electoral está bien preparada. Creemos que la gente encargada es profesional y conoce sus cometidos. De todos modos tenemos que estar atentos. En un censo electoral de 19 millones de personas siempre se producen irregularidades y disfunciones. Lo importante es funcionar con cierta mesura. El sistema electoral peruano no favorece la realización de un fraude electoral masivo. Según los datos que tenemos de la primera vuelta, en el 70% de las mesas electorales los partidos tenían personeros y eso hace muchísimo más difícil un fraude”.

La misión tiene sus cuarteles centrales en el Swissôtel. Son unos 70 observadores europeos. El portugués Tony Reis es el jefe adjunto. Coincide en que, a pesar de algunas limitaciones de procedimiento que todavía persisten, el nivel del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE “es profesional y transparente. No es frecuente que sea así en todo el mundo”.

Al igual que el analista electoral de la misión, el español Herminio Castillo considera que la división entre ambas instituciones, que varias veces ha sido cuestionada por el JNE, “funciona bien en otros países”. Castillo celebra además que la ONPE haya recuperado un importante nivel de credibilidad luego de la debacle del año 2000.

Se espera que las páginas más calientes del informe final de la misión tengan relación con la conducta de la prensa. Tienen una sala acondicionada especialmente para hacer un seguimiento permanente a los medios y se miden por el protocolo del Observatorio de Pavia, Italia, para medir el grado de objetividad que estos ejercen.

Salafranca añade que “lo que sería deseable en todos los procesos electorales es que la información y la opinión queden claramente deslindadas. Una cosa es lo que uno opina y desea y otra cosa es la realidad de los hechos. Con las campañas, los medios de comunicación tienden a caer en una descalificación personal en vez de favorecer las propuestas programáticas. Algunas veces es inevitable, pero lo que hay que hacer es bajar un poco la temperatura”. (Enrique Chávez)

Tregua en el Altiplano


El martes último, unos 18,000 manifestantes provenientes de varios puntos del sur del departamento emprendieron el retorno a sus lugares de origen tras decidirse una tregua de una semana a las protestas (CARETAS 2182).

“Hemos tomado la decisión que a partir de hoy (martes 31) hasta el miércoles de la próxima semana se declara un receso con el único objetivo de que no se puedan entrampar las elecciones”, dijo el líder del pueblo aymara, Walter Aduviri, cuestionado por la ministra Rosario Fernández, que lo acusa de tener un doble discurso, ya que en el 2005 estuvo entre quienes pidieron que se permita el desarrollo de actividad minera.

El sábado 28, Ollanta Humala había advertido del peligro que significaba un boicot electoral en el principal bastión humalista y exhortó al pueblo aymara “a encontrar una solución a la crisis”.

Humala tenía previsto viajar a Puno el miércoles 1, pero canceló su visita debido a que “no están dadas las condiciones para ello”.

El viernes 27, con la ciudad bloqueada, la turba saqueó y quemó las oficinas de la Aduana, Gobernación y la Contraloría. Los daños fueron estimados en US$ 10 millones.

Un alto oficial de la Policía dijo a CARETAS que, entre los manifestantes que saquearon Aduanas, había contrabandistas bolivianos que quemaron expedientes y recuperaron sus artículos decomisados. El mes pasado, Aduanas intensificó los operativos para golpear a mafias de contrabando que operan entre Puno y Bolivia. El contrabando mueve en la región US$ 700 millones al año, según cifras oficiales.


 


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