Opinión Sugerente alternativa a la Pensión 65.

AFP: Pensión Solidaria

Al cabo de 17 años de operaciones de las AFPs aún gran parte de la población peruana no está integrada al Sistema Privado de Pensiones. Es un dato relevante. En nuestro país los cotizantes solo representan el 15% de la Población Económica Activa (PEA). En cambio, en Chile o Costa Rica, es cuatro veces superior.

Se trata de un serio problema que se presenta porque el sistema no toma en cuenta las particularidades del mercado: dos terceras partes de la fuerza laboral peruana son informales, muchos trabajadores de los estratos más pobres no tienen incentivos para cotizar ni reconocen la heterogeneidad social del país.

Incorporar progresivamente a la masa laboral informal al Sistema Privado de Pensiones es factible. Alrededor de 10 millones de trabajadores peruanos no tienen vínculo alguno con el mundo previsional. ¿Cómo revertir esto? A través de un Pilar Social que motive una aportación y pensión mínimas.

El planteamiento ya existe –con las variantes del caso– en otros sistemas. En Chile, por ejemplo, el Pilar Social otorga focalizadamente una pensión a la población de más escasos recursos, financiado a través del Fondo de Estabilidad Fiscal, el cual está atado a metas fiscales estructurales. Dada la fortaleza de la economía, el Estado chileno financia el íntegro de los recursos en este ambiente no contributivo.

En Perú, la búsqueda de pensiones para los segmentos de menor ingreso está condicionada a la formalización de la masa laboral, demandando aportaciones mínimas programadas, de fácil acceso y con un mínimo de requisitos. A manera de incentivo, por cada aporte a la cuenta individual, el Estado podría depositar un monto similar, siempre y cuando el beneficiado cumpla el calendario de aportación. Las pensiones deben ser consistentes con la estructura de gastos de los niveles socioeconómicos beneficiarios.

En ningún caso el costo sería superior a lo que le cuesta al Estado el programa Juntos o lo que le costaría Pensión 65. Es decir, no superaría –dependiendo del monto de la pensión esperada, de los años de aportación y de la contribución del Estado–, un costo anual equivalente al 0.5% del PBI. El mecanismo debe complementarse con incentivos adicionales en vivienda, salud, educación por parte del Estado.

La propuesta de Pensiones Sociales en el marco de las AFPs debe ser cotejada con serenidad y seriedad técnica. La inclusión pensionaria no será realidad sin inclusión financiera y con demagogia. (Por: J.J. Marthans León*)

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(*) Ex presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros, profesor de economía de Universidad de Piura-Campus Lima.