Actualidad En La Paz, Humala confesó que sueña con la reunificación de ambos países. Pero la economía negra ya lo hace por lo bajo.

Espejo Boliviano

Martes 21, Ollanta Humala y Evo Morales charlan en Palacio Quemado.

Durante su rápida visita a Bolivia, Ollanta Humala le dijo al presidente boliviano Evo Morales el martes 21 que “me siento parte del Alto Perú, de Bolivia, y quiero que así se sientan ustedes en Perú; y vamos a trabajar juntos para poner los primeros cimientos de la unificación de una sola nacionalidad aymara, quechua, aguaruna, huambisa, que es la nacionalidad ancestral que nos dejaron los incas Túpac Katari y Túpac Amaru”.

El discurso integracionista del presidente electo ya tiene una aplicación, aunque corre por canales que no son abiertos y obedece a intereses alejados de la mitología altoandina. La gobernabilidad de un régimen que ni siquiera empieza ya tiene ahí uno de sus mayores desafíos.

PONCHOS ROJOS

Información de inteligencia policial, a la que tuvo acceso CARETAS, indica que la milicia andina boliviana, conocida como ‘Los Ponchos Rojos’, habría financiado gran parte de las movilizaciones que sacudieron Puno en las últimas semanas.

La Policía refiere que el dirigente aymara Walter Aduviri viajó este año dos veces a la localidad de Achacachi, al norte de La Paz, para reunirse con Rufo Yanarico, dirigente de ‘Los Ponchos Rojos’, grupo radical indígena que apoya la “refundación de Bolivia” propuesta por el presidente Evo Morales quien, por cierto, se ha visto en medio de problemas cada vez más crecientes desde que debió dar marcha atrás con el sonado “gasolinazo”.

Inteligencia policial indica que el planeamiento de las protestas en Puno fue denominado por el propio Aduviri como ‘Gesta Túpac Katari’, un honor al líder aymara mentado por Humala que luchó contra el yugo español en el siglo XVIII. Katari fue oriundo de la provincia boliviana de Omasuyos, actual bastión de ‘Los Ponchos Rojos’.

Antes de los disturbios, al menos 20 mil pobladores del sur de Puno se desplazaron a la capital de departamento a protestar en contra del yacimiento minero Santa Ana de la provincia de Chucuito. Los manifestantes fueron trasladados a Puno en más de 50 vehículos particulares que iban y venían del centro de la ciudad al sur del departamento.

En la ciudad altiplánica se les repartió carpas para dormir, comida y agua.

La Policía indica que entre la turba que ocasionó los destrozos y saqueos en las oficinas de la SUNAT, la Contraloría y la comisaría de Puno, el jueves 26 de mayo, estuvieron al menos 40 etnocaceristas que respondían a Aduviri y a los dirigentes Domingo Choquecota, Edwin Condori, Gilver Chura, Benjamín Choque, Patricio Illacutipa, José Chambilla, Santiago Lina, Carmelo Machaca, Héctor Luna Tapia, Rufino Machaca y Ernesto Chura.

Todos ellos fueron denunciados ante la Fiscalía de Puno por el procurador adjunto especializado en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, Jorge Julca, el 30 de mayo.

La crisis se desarrolla en un escenario que amenaza más y más con morderle la cola al presidente electo, que obtuvo en Puno casi el 75% de votos en la segunda vuelta. Una región que a la vez se ve afectada por la crisis de legitimidad de las autoridades políticas. El presidente regional, Mauricio Rodríguez, obtuvo el 10% de los votos en la primera vuelta. Los alcaldes provinciales accedieron al poder con votaciones que van entre el 15% y el 22% (ver cuadro). La autoridad formal es suplantada por líderes como Aduviri. Y Humala tiene a los enemigos cerca de casa.

EL ABOGADO DE ANTAURO

El diario Correo denunció esta semana que, el domingo 19, Aduviri visitó a Antauro Humala en su celda del penal de Piedras Gordas, en Ancón. CARETAS supo que el abogado de Aduviri, en el caso de la denuncia por los saqueos de Puno, es el doctor Edmundo Inga Garay, quien también patrocina a Humala por la asonada del ‘Andahuaylazo’.

El martes último, Aduviri declaró a CARETAS que sí acudió a Piedras Gordas, pero para visitar a “algunos paisanos que se encuentran presos allí y fue allí que me encontré con Antauro”. “Somos amigos, nada más. Ese día pasé por el penal de casualidad. Yo me encuentro con quien sea”, dijo.

En un episodio desconcertante, el Poder Judicial le había levantado la orden de captura tras permanecer refugiado 34 horas en los estudios de Panamericana Televisión.

Antes de llegar al canal, había estado suelto en plaza por Lima pero no fue detenido, lo que llama a especular si las autoridades también buscaban un operativo mediático.

Imagen satelital de Aguaytía, zona que registró el mayor crecimiento de cocales en el 2010.

En la avenida Abancay fue abordado por tres funcionarios de la Defensoría del Pueblo que buscaban una ventana de negociación. El dirigente no asistió a una mesa de diálogo convocada por la PCM con autoridades y dirigentes puneños dos semanas atrás.

Ahí fue que se acordó resolver el problema del cerro Kapia, concesionado a la minera Santa Ana, y dar un año de plazo para la zonificación territorial de la región.

En lo que ya es una constante que pone en tela de juicio sus intenciones, Anduviri impugnó luego todo el proceso.

Si bien proviene de una comunidad muy pequeña –distrito de Mazocruz, provincia de El Collao– Aduviri es Contador Público con una maestría y un Doctorado en marcha, además de catedrático de la Universidad del Altiplano.

Con CARETAS sostuvo que los desmanes de Puno fueron cometidos por “infiltrados”. “Yo no tengo nada que ver ahí. Fueron delincuentes. Es algo que hay que rechazar y condenar”, sostuvo.

Sin embargo, cuando se le preguntó cuándo tenía pensado presentarse ante el Ministerio Público de Ica, respondió: “Dejemos que la Fiscalía, el magistrado y mis abogados trabajen”.

LA CULEBRA DEL CONTRABANDO

Voceros de la SUNAT confirmaron que, producto del saqueo al local de dicha institución en Puno, se perdió abundante información sobre los contrabandistas que trabajan entre Bolivia y Perú. La Policía maneja la versión de que, si bien las mafias de contrabando nacieron al norte de Puno, buscaban nuevas rutas para operar. ¿Participaron del saqueo del 26 de mayo? La Policía refiere que otra dirigente puneña que participó en las protestas aymaras fue Vasti Lescano, hermana del congresista Yonhy Lescano. Ella y su esposo, el dirigente de Sendero Luminoso Edmundo Cox, purgaron prisión por terrorismo.

El parlamentario, que calificó como “abusiva” la orden de captura contra el dirigente, ha mantenido tratos con Aduviri en lo que respecta a la zona Aymara-Lupaca, donde se encuentra el yacimiento minero Santa Ana.

El 5 de junio del 2004, Aduviri y el alcalde de Huacullani (Puno), Manuel Llanos, enviaron a Lescano una carta en la que aseguraron que “el sentir general de los pobladores es el de querer aprovechar de manera eficiente los recursos (de Aymara-Lupaca) a través del desarrollo de la industria minera”.

Lescano dio trámite al pedido y remitió un oficio al Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) para que se deje sin efecto la categoría de reserva natural del área de 300,000 hectáreas.

En el 2006, el Inrena aceptó la petición y un año después la empresa canadiense Bear Creek Mining Company ingresó a Aymara-Lupaca para realizar trabajos de exploración de plata fina.

Los trabajos de exploración en Santa Ana recién estaban por culminar este año cuando, de pronto, Aduviri y los aymaras cambiaron súbitamente de opinión y pidieron al gobierno que se suspenda la actividad en la zona. ¿Qué había ocurrido? Una versión que se maneja con insistencia indica que los aymaras se enteraron de que, además de plata, hay oro en la zona Aymara-Lupaca. Aduviri habría convencido al pueblo aymara de explotar informalmente el oro, antes de “beneficiar a un extranjero”.

ENEMIGO ESTADO

Si algo caracteriza a la economía negra de Puno, tan vinculada a la de Bolivia, es precisamente la ausencia del Estado como condición.

Un largo comunicado emitido por ciudadanos puneños esta semana cuestiona los móviles de Aduviri. “Las motivaciones que lo movilizan son políticas”, se lee. “Es etnocacerista/senderista, sus mentores ideológicos son profesionales y docentes aymaras y quechuas como él, que se han formado en colegios y universidades estatales influidas por el izquierdismo radical, y ahora desde Lima, Puno, La Paz, alientan la liberación de la nación aymara, ¿oprimida por quién? Los aymaras son los mejor integrados a los negocios legales, ilegales e informales que permite un Estado lejano, indiferente, permisivo y ausente… ¿No será que buscan un territorio libre de controles y formalidad exigida?”.

Resulta evidente que el gobierno saliente evita confrontar una explosión de violencia como la que enlutó a Bagua, además de trasladarle la solución a un líder como Humala, que en los últimos años ha tenido en Puno una suerte de legión. Pero la convulsión aymara ya lleva 40 días. Faltan otros 40 para el cambio de mando. La masacre de la Curva del Diablo se gestó luego de 53 días de sinrazón. Esta hornilla debe ser apagada cuanto antes.