Opinión Diálogo intercultural: ¿espacio seguro? "Nos hemos debatido entre la retórica paternalista y la displicencia colectiva". Opina Rolando Luque.

Ley de Consulta Previa

Acortar la distancia y comprenderse, ese es el mandato de las sociedades plurales que buscan puntos de intersección sobre los que soldar acuerdos. La historia del Perú, en relación a los pueblos indígenas, no tomó este camino. Nos hemos debatido entre la retórica paternalista y la displicencia colectiva. De ahí que el derecho a la consulta –entre otros derechos– haya quedado estampado en el papel, amarillándose, 15 años.

¿Qué sentido tienen, en las culturas diferentes, el derecho a la identidad, al desarrollo o a la tierra? Creo que la mejor respuesta la dio hace unos años un joven líder asháninca en una ceremonia de desagravio a las víctimas de los años del terror en Puerto Ocopa. Luego de los consabidos discursos de los funcionarios públicos este joven tomó la palabra y encaró a los presentes con esta frase: “¿Cuáles son esos derechos que nos vamos a llevar a casa?”. No hablaba de incisos, sellos y recaudos, hablaba de bienes que se disfrutan en la familiaridad del mundo casero, allí donde los derechos deben cobrar vida. Tamaña claridad es clave para lo que nos aguarda.

La consulta a los pueblos indígenas sobre asuntos legales y administrativos que les conciernen ya es un derecho en fase de implementación en el Perú1. La ley ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, en atención al Convenio 169 de la OIT, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia y, en particular, al contexto social y político, que han hecho de esta demanda indígena un proceso en verdad irreversible.

Lo que cabe preguntarse ahora es si el Estado está tomando todas las previsiones para garantizar que la letra y música de este derecho suenen bien en los predios amazónicos y andinos de nuestro país.

Como bien se sabe todos los textos se interpretan, incluso la Biblia (la palabra podrá ser sagrada pero el lector no), y en esa medida la lucha por el sentido de una norma es el primer desafío que hay que enfrentar. Es indispensable elaborar un discurso que sin traicionar el contenido jurídico vaya más allá de él y logre instalar en los pueblos indígenas sentidos compartidos. Sería, por ejemplo, tremendamente perturbador para la utilización de este instrumento si se interpretara que los pueblos indígenas pueden vetar las normas o medidas administrativas que el Estado pone a su consideración.

Lo que se tiene entre manos es un mecanismo para influir en la toma de decisiones. Corresponde, especialmente al Estado, hacer del diálogo intercultural un espacio seguro. El derecho de consulta es en realidad el derecho a ser consultado. Quien toma la iniciativa es el Estado. En esa medida, la norma que propone debe haber sido concebida con criterios interculturales, es decir, incluyendo la perspectiva e intereses de dichas culturas. ¿Contamos con un Estado intercultural? No, y eso en un país de más de 70 etnias, 15 familias lingüísticas y cinco mil comunidades es una limitación medular.

En un segundo momento el Estado expone y persuade sobre las bondades de la norma. De haber oposición se abre la etapa quizá más delicada y compleja, la negociación y eventual reelaboración de la norma. Pero, ¿por qué digo que el diálogo intercultural debe ser un espacio seguro? Porque hay que garantizar la interpretación de la lengua y la cultura; porque se debe contar con información sobre intereses, prioridades, creencias, valores de cada comunidad; porque hay que conocer sus modelos intraculturales de negociación y resolución de conflictos y evaluar posibles adaptaciones; porque los agentes del Estado que intervengan deben estar entrenados para este tipo de comunicación y porque el respeto debe respirarse a toda hora y en cada acto, gesto, palabra o ritual.

Algo más, convendría formar mediadores interculturales que ayuden a tejer relaciones de confianza mutua, tanteando la sensibilidad de los mensajes, deslizándose entre la comunidad y el Estado, y buscando la adecuación institucional del poder de unos y otros. (Escribe: Rolando Luque Mogrovejo*)

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(*)Defensor Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.

(1) La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 29763) de reciente promulgación fue sometida a un procedimiento todavía defectuoso de consulta. Esta experiencia, sin embargo, debe ser evaluada a fondo.