Nacional La encarnizada lucha por el control de la azucarera.

Amargo Andahuasi

Trabajadores aliados con el grupo Bustamante se atrincheraron desde mayo del 2009. Desde entonces se instaló de facto.

El caso que ha puesto en serios problemas al vicepresidente Omar Chehade es una historia que no tiene cuándo acabar: la de la azucarera más grande del norte chico. General Arteta no habría permitido un operativo policial al caballazo. Actualmente, el reparto de acciones de Andahuasi es de 54% para el grupo Wong, 22% para el grupo Bustamante, 4% para los trabajadores y el resto se cotiza en la bolsa.

La supuesta conversación en las Brujas de Cachiche iba en la dirección de posibilitar el desalojo de un grupo de trabajadores y accionistas que ocupan el ingenio desde mayo del 2009, pocos días después de que Wong adquiriera su importante paquete de acciones. En esa administración tuvieron asiento los representantes del grupo Bustamante.

Una última medida cautelar concedida a Wong el 23 de agosto último por parte del V Juzgado Constitucional de Lima ordenó la convocatoria de una junta de accionistas para corregir la situación, lo que se dio 5 días después. Luego la facción de trabajadores ha denunciado la concertación entre Wong y Bustamante. Arturo Castillo, del sindicato, prometió una marcha hacia Lima y de ser necesario “dejar nuestras vidas” antes de ser desalojados.

Según cálculos de fuentes relacionadas con el proceso, la administración de facto ha vendido en el último año y medio al menos 700 mil bolsas a unos S/.100 cada una, lo que hace un negocio de unos S/.70 millones.

En octubre del 2009, la Superintendencia de Mercado de Valores (antes Conasev) concluyó con los procesos sancionadores iniciados a los grupos Wong y Bustamante por haber adquirido una participación superior al 25% del accionariado sin haber cumplido con la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Conasev declaró infundada la apelación presentada por el Grupo Bustamante y confirmó la multa de 720 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), así como la obligación de vender su participación accionaria en la empresa azucarera a través de una Oferta Pública de Venta (OPV) en un plazo máximo de dos meses. Asimismo, mantuvo la suspensión de los derechos políticos de sus acciones.

En setiembre pasado, Conasev también sancionó al Grupo Wong con una multa –que asciende a 1260 UIT–, con la misma obligación de venta. Pero dicho grupo se acogió al artículo 72 de la Ley del Mercado de Valores y solicitó modificar la OPV por una OPA por el 100% de las acciones remanentes. Conasev aceptó la solicitud del Grupo Wong, porque, tras la evaluación realizada, se determinó que esta operación beneficiará a los accionistas minoritarios de la empresa azucarera.

La OPA se dirigirá a casi 1,900 accionistas, en su mayoría trabajadores y jubilados, y se deberá realizar a un precio mínimo de S/. 1.57, que fue el mayor precio pagado por el Grupo Wong.

La figura ordenada por la Conasev hace dos años (CARETAS 2106) fue revertida inéditamente por el Poder Judicial. Los enfrentamientos por el control de la azucarera habían cobrado dos muertos.

El parlamentario Wilder Ruiz Loayza era, hasta su elección, miembro del directorio de Andahuasi nombrado por el grupo Bustamante. Como se sabe, Ruiz Loayza es uno de los parlamentarios con procesos judiciales e investigaciones judiciales pendientes. Miembro del directorio en representación del mismo grupo fue también el ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca.

Así, de confirmarse que Chehade defiende de alguna manera los intereses de los Wong, se estaría abriendo un nuevo vector de caña en el oficialismo. Ruiz, inexplicablemente omitido en la lista de congresistas investigados leída por el presidente del Congreso, Daniel Abugattas (ver nota aparte), estaría de un lado. El vicepresidente, o su hermano, de otro.