Actualidad Rey Juan Carlos I y su yerno Iñaki Urdangarín intercedieron por la empresa en millonario contencioso tributario.

La Recarga de Telefónica

El viernes 28, Juan Carlos I abordó la situación de Telefónica con Ollanta Humala y llegó a decir, erróneamente, que sus bienes estaban siendo embargados.

Llamada Real. Rey Juan Carlos I y Duque Iñaki Urdangarín intercedieron por la empresa ibérica.

La realeza española sigue con mucho cuidado el millonario contencioso tributario de Telefónica en el Perú. El viernes 28, el presidente Ollanta Humala reconoció en conferencia de prensa en Asunción que el tema destacó en la conversación que mantuvo con el rey de España, Juan Carlos I, durante la cumbre iberoamericana celebrada en la capital paraguaya.

Pero la historia va más allá. Preocupado, el monarca le dijo a Humala que le acababan de informar que los bienes de la compañía habían comenzado a ser embargados por las deudas fiscales que, según informó la SUNAT, ascenderían a S/.3,877 millones. Entonces Humala llamó a Lima al premier Salomón Lerner, que tenía encargado en Lima el despacho presidencial, y le preguntó si la noticia era cierta. Luego de hacer unas llamadas, Lerner lo negó.

Humala no se achicó y esa misma tarde criticó a la empresa por, supuestamente, haber denunciado al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. “Tenemos una denuncia simplemente porque una empresa no pudo cumplir las reglas y se sintió discriminada”, lamentó. “Y por eso pone al Estado en el banquillo de los acusados”. También puso en cuestión que la empresa “judicialice el pago de tributos”, en referencia a los procesos presentados ante el Tribunal Fiscal del Poder Judicial.

EL DUQUE EN WASHINGTON

Apenas dos días antes, el miércoles 26, el propio primer ministro había sido abordado sobre la materia por Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina y Duque de Palma de Mallorca. “Siomi” participó en un encuentro con inversionistas en el Consejo de las Américas, durante su viaje a Washington (CARETAS 2204). Allí prometió a los empresarios que en el Perú encontrarían “reglas de juego claras”. Urdangarín, ex jugador de balonmano que vive con la infanta y sus hijos en la capital estadounidense desde hace dos años y trabaja como Consejero de Telefónica Latinoamérica y presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de la empresa, también indagó con Lerner sobre la situación de la poderosa multinacional ibérica.

En su recargada agenda gringa de la semana pasada, Lerner también tuvo un encuentro con Meg Kinnear, secretaria general del CIADI.

Allí se informó de los cinco casos pendientes contra el Estado peruano. Dos han sido interpuestos por la familia Levy, debido al cierre del Banco Nuevo Mundo y la paralización de proyectos inmobiliarios en el balneario La Herradura. También siguen su trámite las demandas presentadas por DP World Callao, Convial Callao y Transmisora de Energía Caravelí.

Telefónica, mientras tanto, negó haber llevado la controversia fiscal al organismo internacional de arbitraje. Pero, como lo confirmó Lerner en Washington, sí iniciaron una acción de conciliación, que podría ser el paso previo a una denuncia. El antecedente más cercano es el de Argentina. En 2009, la compañía retiró una demanda entablada ahí contra ese país seis años antes, por lo que se llamó “pesificación” y congelamiento de las tarifas.

MAPA DE DEUDAS

La maraña tributaria en cuestión se desenreda de la siguiente forma: el caso que acaba de ser resuelto por el Tribunal Fiscal (TF) a favor del Estado comprende S/.2,510 millones de deuda proveniente de los años 2000 y 2001. De estos, S/.477 millones son en acotaciones, S/.179 millones en multas y S/.1,854 millones en intereses. Un segundo proceso por culminar en el TF cubre los años 2002-2005 y suma S/.1,377 millones. Solo S/.325 millones pertenecen a acotaciones, mientras que S/.208 millones son multas y S/.844 millones intereses.

Telefónica argumenta en resumen que más del 70% de la deuda reclamada por la SUNAT corresponde a impuestos de cuentas de clientes morosos que no fueron cobradas e impuestos sobre gastos por pagos de intereses no reconocidos por el Estado. Voceros de la empresa les han hecho saber a los medios que, de concretarse el millonario pago, Telefónica pasaría de haber pagado el 51% de sus utilidades como impuestos en ese período, a tributar el 71%.

El choque fiscal corresponde con la coyuntura de renovación de los dos contratos de telefonía móvil con los que la empresa opera en Lima, vencidos en mayo y junio y últimos. El viceministro Raúl Pérez-Reyes declaró al diario oficial que “tenemos derecho a pensar si queremos renovar los contratos con una empresa que mantiene una deuda importante”. Lerner anunció que estaban por culminar los informes de valoración de la concesión firmada en 1991. Telefónica espera renovar por otros 20 años sin un pago adicional.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está a la espera del segundo informe de Osiptel sobre el valor de mercado de la concesión, fijado en US$ 319 millones y objetado por Telefónica con la asesoría de ESAN. Trascendió que Telefónica ofrece a cambio compromisos de inversión, como el acceso gratuito a Internet para colegios, hospitales y comisarías, o los US$ 500 millones de inversión a cinco años fijados en el acuerdo preliminar con el gobierno anterior.