Seguridad

Un Comando en la Cúpula

El ahora general EP Benigno Cabrera Pino con su indumentaria de Comando Chavín de Huantar. Dirigió el ‘Grupo Alfa’ que tomó la primera planta de la residencia nipona, el 22 de abril de 1997.

La significativa designación del general EP Leonel Cabrera Pino, como nuevo jefe del Ejército, llega en momentos en que la CIDH demanda al Estado peruano por el caso Chavín de Huantar.

El lunes 26, luego de lo que pareció un interminable proceso de pases al retiro en las Fuerzas Armadas, el presidente Ollanta Humala designó a los mandos de los tres institutos.El jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire Pedro Seabra, fue ratificado en su puesto. El nuevo jefe de la Marina es el almirante AP José Cueto.El general EP Víctor Ripalda fue relevado de la jefatura del Ejército y su puesto será ocupado por el general de división EP Leonel Benigno Cabrera Pino. Esta decisión había trascendido desde semanas atrás.

Natural de Arequipa, Cabrera (57) es miembro de la promoción 1977, ‘Coronel Mariano Aragonés’, a la que también perteneció el asesor presidencial, coronel EP (r) Adrián Villafuerte (ver nota aparte).

Se graduó como espada de honor de su promoción y obtuvo también el primer puesto en el arma de Infantería. En 1992 comandó el Batallón Contrasubversivo Nº 313, con sede en Tingo María, y, como tal, fue jefe inmediato del hoy mandatario, quien servía con el grado de capitán en la Base Contrasubversiva Madre Mía. Ambos son amigos desde entonces.

Hoy, su nombramiento tiene un significado adicional: Cabrera es un Comando Chavín de Huantar. El 22 de abril de 1997, dirigió el ‘Grupo Alfa’ que tuvo a su cargo la toma del primer piso de la residencia del embajador de Japón, durante el histórico rescate de los 71 rehenes.

Una fuente cercana al Presidente sostiene que, más allá de los lazos evidentes, la designación confirmada una semana después de conocerse la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por supuestas ejecuciones extrajudiciales durante la Operación Chavín de Huantar, es “un claro mensaje de apoyo a los héroes”.

Esa posición ya fue zanjada por el ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien anunció que el gobierno entablará una defensa “firme y cerrada” del caso.

Más significativo al tomar en cuenta que Jiménez tiene un impecable currículo en defensa de los Derechos Humanos. En 2000, durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, se desempeñó como viceministro de Justicia, cuando Diego García Sayán era el titular de la cartera. Hoy García Sayán preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deberá resolver la demanda interpuesta por la CIDH.

El enérgico respaldo a los comandos revela, así, su independencia de criterio y discernimiento al momento de separar la paja del trigo. Y evidencia que, pese a tratarse de un tema sensible que toca directamente a un Presidente de formación militar, el gobierno ha optado por el camino civilizado para mostrar su disconformidad con una decisión supranacional que considera errónea.

“Me parece bien que si el Perú tiene sugerencias que hacer para mejorar el sistema, que se hagan, en lugar de optar, como se hizo hace más de 10 años, por patear el tablero. Es el camino democrático”, reconoció el propio García Sayán.

EL INFORME Nº 66/11

La tormenta prenavideña se desató el jueves 22, cuando la CIDH, con sede en Washington, decidió interponer una acción contra el Estado peruano y llevar el caso Chavín de Huantar (Nº 12,444) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica.

Según la CIDH, el Estado peruano “no cumplió” con ejecutar las recomendaciones del informe de fondo Nº 66/11 (CARETAS 2205), el cual contemplaba, entre otros, dos puntos centrales: “llevar a cabo las investigaciones en el fuero ordinario de los hechos relacionados con las violaciones de los DDHH (ejecuciones extrajudiciales) en un plazo razonable”; y “reparar las violaciones de los DDHH en el aspecto material como moral”.

¿Cómo llegó la CIDH a esas conclusiones? En junio de 2002, el fiscal Richard Saavedra formuló denuncia penal por delito de homicidio calificado contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el general EP (r) Nicolás Hermoza Ríos; el coronel EP (r) Roberto Huamán, el coronel PNP (r) Jesús Zamudio Aliaga; los generales EP Jaime Patiño y José Williams, en su calidad de jefes operativos de la Operación Chavín de Huantar, y otros 13 comandos. Según el fiscal, al menos tres emerretistas fueron ejecutados extrajudicialmente cuando ya se habían rendido (CARETAS 1723).

El Poder Judicial abrió proceso penal y, de forma paralela, lo hizo el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM). Este incidente determinó la existencia de una contienda de competencia que, en agosto de 2002, fue resuelta por la Corte Suprema que presidía el doctor Guillermo Cabala. La Suprema decidió que los 13 comandos sean juzgados por el CSJM; Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio serían procesados en el fuero civil.

Un año después, el CSJM absolvió a los comandos por “falta de pruebas”. El juicio en la vía civil, que ya lleva 9 años, aún se encuentra en su etapa oral.

CATORCE AÑOS DESPUÉS

Ese mismo año, en 2003, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que la justicia militar solo es competente para juzgar delitos de función. El asesinato, según la normativa, no cae en esa categoría.

Ocho años después, en junio último, la CIDH presentó el informe de fondo Nº 66/11. Concluyó la existencia de ejecuciones extrajudiciales en tres casos y la “irregular” intervención de la justicia militar, por lo que recomendó al Estado abrir un nuevo proceso civil contra los comandos absueltos en el fuero castrense. El documento le fue notificado en junio al entonces ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, pero éste no lo habría atendido oportunamente, por lo que la CIDH llevó el caso a San José de Costa Rica.

El premier Óscar Valdés ya expresó el malestar del gobierno por la actuación de Eguiguren. “En eso ha sido bastante claro el ministro de Justicia (Jiménez), en decir que ha habido un poco de retardo (en la gestión de Eguiguren) y también que la estrategia que ha seguido el Estado no ha sido bien entendida y se va a ir aclarando poco a poco”, declaró el primer ministro.

Quienes apoyan la decisión de la CIDH aseguran que el espíritu del órgano supranacional no es el de procesar a los 140 comandos de la Operación Chavín de Huantar, sino establecer responsabilidades en solo 13 de los militares.

Pero eso pasaría por llevar al banquillo a todos los jefes militares de la operación, desde Williams hasta el flamante jefe del Ejército, general Cabrera.

Y la propia CIDH reconoce, en su informe de fondo, que las ejecuciones se perpetraron en los momentos inmediatamente posteriores al fin de la operación militar, es decir, cuando ingresó a la residencia un equipo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), los llamados “gallinazos”, al mando del coronel PNP Jesús Zamudio Aliaga, y del coronel EP Roberto Huamán.

CARETAS 1722 reveló una serie de fotografías que corroboran que en Chavín de Huantar hubo dos tipos de tropa. Los comandos y los “gallinazos”.

Los segundos, cubiertos con pasamontañas y sin cascos, ingresaron después de concluidos los 14 minutos de la primera intervención. Una operación de dicha envergadura funciona como una obra de relojería y es “vertical”. Pero eso no quiere decir, como lo corroboró la CIDH, que no tuviera dos fases: la de la recuperación y la que tuvo como protagonistas a elementos periféricos.

De hecho, desde hace 9 años está en curso un proceso judicial precisamente para determinar las responsabilidades de los “gallinazos”. El lunes último, el Ministerio Público solicitó 20 años de prisión para Montesinos, 18 para Hermoza y 15 años de cárcel para Huamán y el prófugo Zamudio. Además, no solo en este juicio, sino a lo largo de los años, muchos de los comandos han acudido a brindar sus declaraciones más de una vez y han dado muestras de no pretender amnistía alguna sino una investigación judicial con comparecencia.

Los excesos de la CIDH, por otro lado, son cada vez más recurrentes y, en algunos casos, singulares, como cuando uno de sus miembros defendió a un empresario televisivo que demandó al Estado peruano, obtuvo un fallo favorable de la Corte y luego cobró una jugosa indemnización del gobierno.

García Sayán ya adelantó que la Corte no necesariamente termina ratificando las denuncias de la Comisión. Puso como ejemplos casos recientes de Argentina, Colombia y México. En estos casos, dijo, los Estados reforzaron sus defensas y designaron abogados competentes para evitar las demandas.

El ministro Jiménez ha nombrado como defensor del Estado en este caso al ex procurador anticorrupción y reputado penalista César Azabache. Además, removió a Iván Meini y Eda Rivas Franchini del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y los reemplazó por los abogados Jorge Pando y Walter Rivera.

Catorce años después, no deja de ser paradójico que una operación de éxito reconocido por tirios y troyanos se convierta en el emblema de la defensa de los Derechos Humanos.