Opinión “El cobro se haría en una cola especial del aeropuerto, fila de apestados que si son norteamericanos pagarían US$ 140 cada uno…”.

La Lógica de la Telaraña

Me he puesto a pensar en que debemos haber sido muchos los que abandonamos la carrera del Derecho cuando nos dimos cuenta de ciertas cosas. En mi caso, que practicar en un estudio privado me ponía en un intolerable rol de portapliegos de buena familia, además de que la paradoja entre ley y libertad hace que siempre pierda la segunda. La norma, soñaba yo, es una vértebra del conjunto de un organismo destinado a aspirar a que el hombre ejerza al máximo la razón por la que está en el mundo, su impulso a ser libre. Pero si analizamos la lógica de la ley, veremos que en verdad hemos nacido para ponernos ataduras, y a fin de no parecer maximalistas, acerquémonos a dos ejemplos recientes que han hecho perder el tiempo a la atención de la gente.

El primero es el glamour que el ministro de Salud, Alberto Tejada, encontró en la iniciativa de crear un impuesto a la comida chatarra. ¿La lógica? Proteger al consumidor para evitar que coma hamburguesas, papas fritas, mayonesa, pollo a la brasa y otras porquerías, constriñendo la oferta. Eso quiere decir que el Estado culpa a quien ofrece basura por el hecho de que haya gente a la que le gusta embutirse de rellenos sanitarios. No se tiene en cuenta acá que al incrementar el costo del tendero, este bajará aún más la calidad de sus ingredientes y la comida chatarra ya será simplemente chatarra. Pero sobre todo, que se arrasa con la libertad que tenemos los consumidores de, si nos da la gana, inyectarnos grasas saturadas en la aorta, si con ello no chocamos con la integridad de otros. Esta iniciativa no solo resulta estúpida: es peligrosa y es tributaria de otras normas políticamente correctas adoptadas en el mundo, como la prohibición de fumar prácticamente en cualquier lugar.

El otro caso es más complicado. El congresista Javier Diez Canseco ha propuesto un proyecto de ley, conocido como “de reciprocidad”, mediante el cual el Estado gravaría a los ciudadanos que vengan de países que a los peruanos nos exigen visa, con el mismo monto que nos cuesta tramitar ese documento. Y además, que el cobro se haría en una cola especial del aeropuerto, una especie de fila de apestados que si son norteamericanos pagarían US$ 140 cada uno, europeos US$ 80, y así. ¿Y para qué? ¿Para llenar un fondo de promoción turística técnicamente estudiado? Con vaguedad JDC en artículos de prensa (más no en el proyecto de ley) habla de una recaudación anual de 270 millones de Nuevos Soles, que podrían, escribe, financiar la protección de nuestro patrimonio. En realidad, lo sabemos, esa plata iría al Tesoro para probablemente aumentar los sueldos al personal de la Beneficencia Pública, o algo peor.

¿Y cuál es la lógica de la iniciativa de JDC?: defender nuestra dignidad. Los peruanos arrastramos pundonor por los suelos porque entra al país un 50% de los dos millones de turistas que nos visitan al año, proveniente de Estados que tienen la osadía de tratarnos como a sudamericanos. Entonces, a culpar al turista por lo que su Estado decidió. A tasajearle su libertad en nombre del orgullo de ser peruano y ser feliz. La dignidad pasa a ser una palabra que se pone por encima no solo de la libertad sino y sobre todo, de la pedestre realidad que nos dice que el sector turístico está ahorita pegado con babas, debido a la crisis del Primer Mundo, y que cualquier barrera nueva que se invente un país en competencia, lo va a sacar rápidamente de esta. Uno le echa la culpa al que vende lo que el consumidor compra. Y el otro le echa la culpa al ciudadano de lo que su país de origen decidió en relación al nuestro. Telarañas que ni Huxley pudo imaginar. (Escribe: Rafo León)