Justicia Representante del Perú ante la OEA expuso las observaciones al injustificado caso Chavín de Huantar.

La Defensa de Albán

Albán con el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza.

Walter Albán, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, pronunció el pasado 27 de enero un enérgico discurso ante el Consejo Permanente de dicho organismo (OEA).

“Son cada vez más frecuentes los casos en los que personas responsables de graves crímenes perpetrados con extrema violencia y mediante actos de terrorismo, acuden a la CIDH alegando supuestas violaciones a sus derechos”, lamentó.

El gobierno peruano optó por concederle un fuerte apoyo al sistema interamericano de Derechos Humanos y, a la vez, impulsar el perfeccionamiento de ciertas prácticas cuando, sobre todo, se está frente a un Estado en pleno respeto por el sistema democrático. No es lo mismo el fujimorismo que repudia el sistema de DDHH que la secuencia de gobiernos ininterrumpidos que arranca en 2001 y se muestra respetuoso de la justicia internacional.

Dinah Sheldon, estadounidense que preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esto especialmente referido al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Es claro que el entredicho está centrado en el envío a la Corte Interamericana del caso de las violaciones cometidas después de la recuperación de la residencia del embajador de Japón, asunto en el cual se está avanzando en el Perú con el juicio abierto a varios imputados.

“Los comandos militares que participaron en el operativo Chavín de Huantar son considerados héroes en el Perú y en otros países”, reiteró Albán.

El discurso reflejó el descontento del Ejecutivo peruano con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en junio último, sin que el gobierno de Ollanta Humala hubiera sido instalado, elaboró un informe con miras a presentar el caso ante la Corte. El caso llevaba varios años de trámite y no es justificable la urgencia de la CIDH, que ni siquiera le concedió un plazo razonable a la nueva administración para subsanar las observaciones antes de llevar el caso ante el tribunal internacional.

La desconsideración es, pues, particularmente notable. Más cuando el gol se lo encajaron al ex ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, constitucionalista estrechamente vinculado con la defensa de los DDHH.

Además, tal como se encuentra planteado el caso, no se establece la elemental distinción entre los comandos que participaron en el operativo y los llamados “gallinazos” que ingresaron después y serían los responsables por las ejecuciones sumarias que originan el proceso. Esto abre la puerta para que todos sean enjuiciados en el mismo saco.

Las recomendaciones peruanas fueron aprobadas dentro de un paquete que incluye otras observaciones que sí son cuestionables, impulsadas por países como Ecuador y Venezuela, y que pondrían en serio entredicho el trabajo de la Relatoría de Medios de la OEA. Esa es otra historia y bien haría el gobierno en saber diferenciar claramente sus justas pretensiones.