Actualidad Constituyente, paros y vuelta a la democracia.

1978-1980

Cadáver de Noemí Gianotti de Molfino fue encontra do en Madrid un mes después de salir del Perú.

En retrospectiva, fueron años de fascinante convulsión. El período que va de 1978 a 1980, y que ahora tantos dolores de cabeza le trae al ex presidente Francisco Morales Bermúdez, es precisamente el del retorno a la democracia.

¿Por qué entonces insistir en la adhesión peruana al Plan Cóndor, una estrategia de las dictaduras militares del Cono Sur para desaparecer brutalmente a los movimientos de izquierda?

¿No sería un monumental despropósito si ya corrían las páginas de un calendario de transición?

“Hubiera sido un loco”, reflexiona Morales Bermúdez a sus lúcidos 90 años.

El juez argentino Norberto Oyarbide ha ordenado detención preventiva y una orden de captura internacional contra el general EP (r) en un comentado fallo que responde a la demanda presentada por el ex constituyente Ricardo Napurí.

Según declaró en los últimos días Genaro Ledesma, otro de los deportados a la base argentina de Jujuy en mayo de 1978, a cambio del “favor” el equipo peruano se dejó golear 6-0 por Argentina en el mundial de aquel año.

Las 63 páginas del fallo de Oyarbide se leen siempre bajo el entendimiento que la deportación –o “extrañamiento”– de los peruanos en mayo de 1978 fue ordenada bajo las alas ominosas del Plan Cóndor.

Además de requerir el arresto de Morales Bermúdez, Oyarbide ordenó para el próximo 22 de febrero la declaratoria de los encarcelados represores, Rafael Videla, ex presidente, y Albano Harguindeguy, entonces ministro del Interior.

Para subrayar el contexto, Oyarbide vuelve a tocar el tenebroso caso de los tres montoneros detenidos y expulsados en el Perú en junio de 1980 (CARETAS 619), cuando Fernando Belaunde Terry ya era presidente electo y por el que Morales Bermúdez enfrenta un proceso abierto en Italia (CARETAS 2009). También el famoso cable de la CIA de agosto de 1978 que refiere la supuesta y tardía integración del Perú y el Ecuador al Plan Cóndor.

“Yo fui un pan con pescado”, resume ahora Morales Bermúdez. “Para la derecha no desmonté lo que hizo el general Velasco y para la izquierda representé la contrarreforma. No fue así. Este país debe gobernarse con más izquierda que con derecha, pero bien”.

Así se explica en parte que entre los deportados también estuviera el periodista Alfonso Baella Tuesta, muy lejos de la izquierda, y el velasquista almirante Guillermo Faura. La orden también incluía al conspirador capitán EP (r) Eloy Villacrez, que poco después pasaría un año en prisión y seguiría su peculiar historia hasta contactar a la familia Humala con el régimen chavista (CARETAS 1924).

Fueron dos los grandes paros que enfrentó el régimen de la “Segunda Fase”. El de julio de 1977 marcó un punto de inflexión que encaminó el calendario electoral del retorno a la democracia. Pero Morales Bermúdez insiste que, en su discurso de mayo de 1976 en Trujillo, ya “se insinúa” la transición.

La convocatoria de mayo del ’78, en cambio, se realizó en plena campaña de la Constituyente. Para variar, la plataforma del paro organizado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) abría la cancha hasta desdibujarse en su ambición.

En la página 10 del fallo de Oyarbide se lee que Napurí, Diez Canseco y los demás pedían “una asamblea constituyente y el final de la dictadura”. Pero ambos ítems ya se encontraban marcados en la agenda.

En abril de 1978, CARETAS alertó del riesgo en una carátula que preguntaba si el gobierno militar se estaba convirtiendo en una suerte de chivo expiatorio que, además, podía ser empujado a una suerte de “pinochetazo”.

En medio de la crisis económica que afectaba al continente y el desgaste de diez años de régimen militar, muchas voces exigían que, en lugar de convocar a una Constituyente, fueran celebradas de una vez elecciones generales.

“Por cierto que existe desde el lado del gobierno un problema de credibilidad”, se reconocía desde estas páginas. “La austeridad es para los civiles y no para los militares. La corrupción está alcanzando niveles asombrosos y a veces hasta las denuncias más explícitas se ignoran. El gobierno a veces da la impresión de estar perdido en la parálisis y la confusión”.

Y se añadía: “Pero también es cierto que se está cumpliendo hasta ahora con todos los hitos de la transferencia prometida del poder. Y el funcionamiento de una Asamblea Constituyente no necesariamente tiene por qué dificultar soluciones a los dilemas económicos del país. Por el contrario, podría ser un medio de concertación entre ciertas fuerzas políticas y el gobierno”.

En ese contexto llegó el paro del ’78 y el cierre de las revistas, entre ellas CARETAS, por 41 días. También se produjo la deportación de los 13 peruanos.

La composición de la Constituyente resulta reveladora: el APRA, ubicada en el centro del espectro político, tuvo 36 escaños. Más a la derecha, el PPC sacó 27 asientos. Ambos partidos debieron beneficiarse de la abstención de Acción Popular, que a la larga también jugó a favor del retorno a Palacio de Fernando Belaunde.

La fragmentada izquierda, desde la ultra a los partidos velasquistas, conquistó unos nada despreciables 30 escaños. Y allí destacaban los que estaban más a la zurda; el FOCEP, con doce curules, y la UDP, con 4; aquellos que terminaron con sus líderes deportados. CARETAS aludió entonces a la “inestabilidad” de ambas “organizaciones ultra que son a la vez frentes” y en editorial fustigó a “los duros del régimen militar que empujaron a una represión de ese tipo (y que) deberían preguntarse si no han sido ellos, en el fondo, los que de algún modo incrementaron el caudal electoral de esa izquierda”.

Las facciones se esforzaban en ser más radicales que las demás, así hasta llegar al maoísmo larvado silenciosamente en los Andes, y que recibiría a la democracia con perros muertos colgados en los postes.

En 1979, con la Constituyente por terminar sus funciones y nuevas amenazas de paro, sobreviene el cierre de los medios de extrema izquierda. CARETAS terminó en la colada y fue de nuevo cerrada. Entonces se inició una huelga de hambre en la catedral en la que participaron el director Enrique Zileri y el jefe de informaciones, César Hildebrandt.

Fueron, pues, años de peligroso equilibrio. Pero entre todos los grandes problemas del Perú no podría contarse el Plan Cóndor. Ese trauma es mucho más propio de Argentina pero, en tiempos de Derechos Humanos globalizados, nada más rentable en términos políticos que emprender la persecución contra los represores por fuera de las fronteras. (E.CH.)