Fusilándose el Pie

Está resultando chocante para muchos socialdemócratas en el mundo que un jefe de Estado latinoamericano contemporáneo, como Alan García, aluda reiteradamente a su deseo de volver a aplicar la pena de muerte en su país y promueva legislación afín en el Congreso.

Esta vocación se manifestó inicialmente en la campaña electoral, pero la adrenalina que estimulan esos procesos ya debiera haberse sedimentado en una actitud más serena y racional.

Las encuestas, por cierto, siempre encontrarán a ciertas mayorías que reclaman la pena de muerte para los violadores homicidas, y los parientes de las víctimas del terrorismo la exigirán también, pero los gobernantes deben tener en mente otras consideraciones y realidades.
Por ejemplo:

–La pena de muerte inmortaliza a los ejecutados.

–La pena de muerte no disuade a los asesinos.

–El Perú es signatario del Pacto de San José y reasignar la pena de muerte significaría renunciar a todo el sistema interamericano de derechos humanos.

–La Unión Europea proscribe la pena de muerte y el gobierno ya ha recibido esta semana mensajes oficiales adversos y de alarma sólo por introducir el tema en la agenda legislativa.

–El atisbo cibernético de la ejecución de Saddam Hussein ha horrorizado al mundo civilizado y forzado una moratoria para los otros condenados en Irak.

Que un gobernante perteneciente a la Internacional Socialista apele a los sentimientos más primarios de sectores de la población, que ceda ante las presiones del bloque fujimorista en el Congreso y que remede los amagos de círculos ultra-reaccionarios apuntando a denunciar la jurisdicción de la CIDH resulta deplorable.

Con tanto viento económico y político a su favor, el Presidente de la República debe reconsiderar lo antes posible, con claridad y elocuencia, su posición.