Enfundar el Arma

Antes de los disparos al pie todo iba muy bien. El discurso era conciliador y pragmático, las acciones incluyentes y bastante balanceadas; el Presidente del Consejo de Ministros hacía sentir su influencia balsámica en aspectos importantes de la vida política del país.

Hasta que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del penal Castro Castro vino a zarandear la jaula. El discurso del presidente García se convirtió en agresivo y provocador. Sus acólitos siguieron el ejemplo. A la denuncia de la insensibilidad de la Corte Interamericana –asunto con el cual muchos pueden estar parcialmente de acuerdo– siguieron cifras absurdas sobre el número de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su secuela de “cientos y quizá miles de millones de dólares en reparaciones”. Los propios ministros del mandatario se vieron obligados a rectificarlo.

Siguió luego la promoción de la pena de muerte. Ante el rechazo del Congreso, el Presidente planteó la vía de un imposible e inconstitucional referendo. Ello abriría la puerta a la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece y regula el sistema interamericano. Una escalada sin fin. Y sin salida. Porque los plazos para denunciar la Convención son dilatados. Además, tanto el Presidente como el Premier han dicho que no se considera sustraerse a la jurisdicción de la Corte. Entonces, cabe preguntarse: ¿para qué tanta alharaca?

Se contesta que son los montos de las reparaciones y el sólo hecho de darles “la plata del pueblo a los deudos de terroristas” es un hecho insultante para la conciencia de las víctimas, directas e indirectas, del terrorismo. La plata no necesariamente debería ser “del pueblo”. Si, como resulta claro como la luz del día, el desenlace de Castro Castro fue una matanza tan deliberada como innecesaria, cabe que los responsables de la misma –con Alberto Fujimori a la cabeza– paguen las sumas que correspondan.

Pero no acaba ahí la cosa. Que el gobierno de Toledo se haya allanado parcialmente ante la Corte Interamericana y reconocido lo que es obvio –que fue una matanza– ha conducido a los acólitos del Presidente a formular una acusación constitucional contra Toledo y su ministro de Justicia. Los fujimoristas, en palco, observan alborozados.

Por favor. Volvamos a la sensatez. Respiremos hondo y pensemos en el rasgo más importante del desarrollo político: la consolidación institucional.